Pullaro y Gutiérrez, cara a cara en la inauguración del nuevo edificio judicial
La inauguración del edificio del Poder Judicial en Santa Fe expuso la disputa abierta entre Maximiliano Pullaro y Rafael Gutiérrez por el control de la Corte provincial. Entre chicanas, críticas cruzadas y una reforma que habilita cambios en el máximo tribunal, la pulseada institucional quedó más visible que nunca.“El poder más peligroso es el que no se renueva”: la máxima suele usarse para explicar por qué los tribunales superiores terminan, con el tiempo, convertidos en el centro de las disputas políticas. Ese trasfondo volvió a quedar en primer plano en Santa Fe, donde la inauguración del nuevo edificio del Poder Judicial funcionó como escenario de una pulseada abierta entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez.
La ceremonia, prevista como un acto institucional, terminó atravesada por una fuerte confrontación verbal y simbólica. Pullaro y Gutiérrez llegan a este momento en medio de una pelea que ya venía escalando desde hace meses: el mandatario quiere desplazar al magistrado del máximo tribunal, al que considera representante de prácticas sectoriales y partidizadas en la Justicia; incluso ya designó a su reemplazante y advirtió que intentará correrlo por decreto si no se va este año. Gutiérrez, en tanto, sostiene que el gobernador busca “llenar de amigos” el Poder Judicial y colonizarlo con cuadros propios sin respetar la división de poderes.
Gutiérrez tiene 78 años, acumula medio siglo dentro de la Justicia, se define como peronista y es reconocido por su capacidad de supervivencia política. Su etapa de mayor influencia empezó a quedar atrás con la llegada de Pullaro a la Gobernación, impulsor de una reforma constitucional que fija el cese a los 75 años para los integrantes de la Corte y que, además, se apoya en una amplia mayoría legislativa para concretar el recambio de los ministros más antiguos. Aunque había anticipado que se iría este año, también había manifestado su deseo de cortar las cintas del edificio inaugurado este martes. Sin embargo, la semana pasada dejó clara su voluntad de resistir: “Me voy a ir cuando yo quiera”.
En su discurso, Pullaro apuntó directamente contra él. Dijo que la obra costó 60 millones de dólares y que el 51% se ejecutó durante su gestión. “No nos debemos a ninguna corporación sino a todos los santafesinos”, afirmó ante el micrófono. También lamentó la ausencia de la fiscal general de la provincia, Cecilia Vranicich, y de la defensora provincial, Estrella Moreno, responsables de dos órganos autónomos del sistema penal, que no concurrieron al acto porque la Corte, encabezada por Gutiérrez, les asigna un espacio reducido en el nuevo predio, apenas el sexto piso. El gesto fue leído como un desplante y el gobernador lo aprovechó para reforzar su mensaje político.
“No está bueno que hoy aquí no esté la titular del Ministerio Público de la Acusación ni la titular del Ministerio Público de la Defensa. Insto a las instituciones del Estado a que podamos dialogar, escucharnos y ponernos de acuerdo. La noticia no puede ser las diferencias que podamos tener hacia adentro”, dijo Pullaro. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de marcar su malestar hacia Gutiérrez, aun cuando el acto pretendía mostrar una postal de institucionalidad y gestión compartida.
Del otro lado, Gutiérrez respondió con la misma lógica de confrontación, aunque apelando a su larga trayectoria en el sistema judicial. Saludó a Antonio Bonfatti, exgobernador socialista, como “amigo”, y también mencionó de esa manera al fallecido Miguel Lifschitz. En cambio, al agradecerle a Pullaro lo llamó simplemente “licenciado”, sin referencia personal alguna. En contraste, sí destacó al ministro de Economía, Pablo Olivares, en una señal de distancia calculada respecto del gobernador.
Minutos antes, el propio Gutiérrez había buscado justificar la ausencia de Vranicich y Moreno recordando que Fiscalías y Defensorías son órganos autónomos. “Ya no pertenecen al Poder Judicial”, les explicó a los periodistas, en alusión a la discusión por la distribución de espacios en el nuevo edificio. Luego remató con una frase atribuida al humorista Enrique Almada: “No hay que dar por el pito más de lo que el pito vale”, una forma de minimizar políticamente el faltazo de las funcionarias.
La tensión institucional venía de antes y se había intensificado la semana pasada a partir del malestar del Ejecutivo por el fallo de una jueza de Rosario que anuló un allanamiento sin orden judicial, en el marco de la detención de un menor de edad vinculado a una balacera. La vocera de Pullaro incluso cuestionó públicamente a la magistrada por su nombre y lanzó una frase que subió el tono del conflicto: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a su casa”.
Consultado por ese episodio, Gutiérrez defendió la actuación judicial. Señaló que la jueza resolvió conforme a lo que entendió ajustado a Derecho y recordó que las decisiones de los magistrados no deben ser cuestionadas por los medios, sino por las vías procesales correspondientes. En un mensaje directo al gobierno, añadió: “Eso pasa en un Estado democrático”.
Cuando Pullaro ganó las elecciones en 2023, su equipo jurídico empezó a dejar en claro que buscaría renovar la Corte, dado que cinco de sus seis miembros habían superado los 75 años. Desde esa mirada, la Corte funcionaba como garante de los poderes estables de la provincia y, al mismo tiempo, como una estructura que debía ser reemplazada. Entre los cuestionamientos del pullarismo se repetía un antecedente muy citado: cuatro de los seis ministros habían convalidado como constitucional el caso Fraticelli, la condena al exjuez por la muerte de su hija. Luego, la Corte Nacional rechazó la constitucionalidad de ese modelo de enjuiciamiento y ordenó la implementación de un nuevo sistema penal.
Los colaboradores de Pullaro también recordaban que no solo Gutiérrez avaló aquel método de condena, sino que además resistió luego la llegada del sistema acusatorio, votando en contra de su legalidad. En 2023, ya anticipaban la estrategia con una frase que hoy suena casi profética: “Hay que darles la oportunidad a los ministros de que den ellos solos un paso al costado. Invitarlos a que se vayan por la puerta grande. Les ponemos una placa, un busto, les decimos que se vayan a disfrutar de las mieles de sus jubilaciones de millonarios. De alguna manera quedan porque varios acomodaron adentro a la familia entera”.
Hoy esa ofensiva está plenamente desplegada. Gutiérrez sostiene que Pullaro pretende reemplazarlos con personas de su entorno directo. Menciona entre los designados a Diego Maciel, exsecretario administrativo del Senado y mano derecha del jefe de bloque oficialista Felipe Michlig, además de señalar como alfiles del gobernador a Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.
“Si tuviera algún motivo, Pullaro me pediría el juicio político”, dijo Gutiérrez hace pocos meses. Entonces recordó que lleva medio siglo como empleado judicial y 25 años en la Corte. “Nunca tuve un sumario administrativo, ni denuncia. Creo que lo único que le interesa es poner algún amigo en la Corte”, remató, insistiendo en que el conflicto no es jurídico sino abiertamente político.
El cierre del acto dejó una postal elocuente de la relación entre ambos. Según relató el periodista Mario Gallopo, mientras el obispo Matías Vecino bendecía el edificio, Pullaro le dijo señalando a Gutiérrez: “A él tírele agua bendita”. El cortesano respondió de inmediato: “A él tírele el doble”.
Análisis y proyecciones: El choque entre Pullaro y Gutiérrez expresa una disputa clásica en la política argentina: la puja por el control del Poder Judicial como pieza clave para ordenar el resto del sistema institucional. En Santa Fe, el recambio de la Corte no solo implica una discusión por edades, cargos y nombres, sino también por el modo en que se administran los equilibrios entre Ejecutivo, Legislatura y tribunales. Si el oficialismo logra avanzar, puede consolidar una nueva arquitectura judicial alineada con su agenda de seguridad y reforma institucional. Si fracasa, el conflicto puede prolongarse y dejar una marca de desgaste entre poderes, con impacto sobre el sistema penal, la designación de autoridades y la percepción pública de independencia judicial. En el corto plazo, la clave estará en si la salida de los ministros se produce por renuncia, negociación o una decisión unilateral del Ejecutivo, escenario que elevaría aún más la tensión institucional.
Evolución reciente del conflicto: En los últimos años, la relación entre los actores centrales cambió de manera drástica. Gutiérrez pasó de ser una figura influyente y relativamente estable dentro del esquema judicial santafesino a convertirse en el principal blanco de una reforma impulsada por el nuevo gobernador. Pullaro, por su parte, pasó de denunciar una Corte demasiado cercana a los poderes tradicionales a usar la mayoría política de su gestión para forzar una renovación concreta. También cambió el clima general: la discusión ya no se limita a la edad de los ministros, sino a la legitimidad del modelo judicial previo, al control de espacios físicos dentro del nuevo edificio y a la relación entre el sistema penal autónomo y la vieja estructura del Poder Judicial. La polémica, en definitiva, dejó de ser técnica para convertirse en una batalla de poder abierta.






















