El Senado entra en una semana decisiva: el oficialismo busca destrabar leyes clave, pero el quórum sigue en duda
La próxima semana puede marcar un punto de inflexión para la estrategia legislativa del Gobierno de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada intenta acelerar la aprobación de proyectos considerados prioritarios antes del receso parlamentario, el Senado enfrenta un escenario de incertidumbre donde el principal interrogante sigue siendo el mismo: si habrá quórum suficiente para abrir la sesión.
La definición comenzará a delinearse en la reunión de Labor Parlamentaria, donde los presidentes de bloque analizarán la posibilidad de convocar al recinto el próximo 16 de julio o postergar toda la actividad hasta agosto, cuando el calendario político estará condicionado por las campañas provinciales y el inicio de la discusión del Presupuesto 2027.
Un oficialismo que aún no logra consolidar mayorías
Desde que asumió el Gobierno, La Libertad Avanza ha debido construir cada votación mediante negociaciones caso por caso.
La situación es todavía más compleja en el Senado, donde el oficialismo continúa muy lejos de contar con mayoría propia y depende permanentemente del acompañamiento de bloques provinciales, radicales dialoguistas y sectores del PRO.
Las dificultades quedaron expuestas en los últimos intentos frustrados de sesionar, cuando la falta de quórum obligó a suspender debates que el Poder Ejecutivo consideraba prioritarios.
Esa situación generó malestar tanto dentro del oficialismo como entre algunos aliados, que cuestionan la falta de coordinación política y la demora en cerrar acuerdos antes de convocar al recinto.
Pliegos judiciales y reformas económicas
El Gobierno pretende aprovechar una eventual sesión para avanzar sobre varios frentes simultáneamente.
Uno de los principales objetivos es aprobar un conjunto de pliegos judiciales que llevan meses esperando tratamiento y cuya demora afecta el funcionamiento de distintos tribunales federales.
A ello se suma la denominada Ley de Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación que busca introducir modificaciones en distintos aspectos vinculados con la seguridad jurídica sobre los bienes privados.
Sin embargo, el proyecto continúa siendo objeto de intensas negociaciones.
Desde la emisión del dictamen original, el texto sufrió numerosas modificaciones producto de las observaciones realizadas por bloques dialoguistas, que exigieron cambios en cuestiones sensibles como la regulación sobre tierras rurales y la participación de capitales extranjeros.
Las diferencias también atraviesan a los aliados
Lejos de existir un respaldo automático, varios senadores que habitualmente acompañan al Gobierno expresan creciente incomodidad con la forma en que se conducen las negociaciones.
Algunos legisladores sostienen que el oficialismo reabre permanentemente discusiones que ya parecían cerradas, dificultando la construcción de consensos.
Otros consideran que la acumulación de versiones sucesivas de un mismo proyecto genera incertidumbre jurídica y política, complicando aún más la posibilidad de alcanzar acuerdos estables.
Esa tensión explica por qué varios bloques dialoguistas plantean limitar el número de iniciativas tratadas en cada sesión, privilegiando proyectos con consenso amplio antes que debates de alta conflictividad.
El reloj legislativo empieza a jugar en contra
La urgencia del Gobierno tiene además una explicación política.
El segundo semestre suele reducir considerablemente la productividad parlamentaria.
Las campañas electorales provinciales, el tratamiento del Presupuesto Nacional y la creciente polarización política dificultan la construcción de mayorías para proyectos complejos.
Por ese motivo, varios legisladores habían advertido meses atrás que la ventana más favorable para sancionar reformas importantes era el primer semestre del año.
Ese tiempo, sin embargo, prácticamente se agotó.
La "Ley Hojarasca" aparece como la más cercana
Entre los proyectos con mayores posibilidades de avanzar figura la denominada Ley Hojarasca, que propone derogar un conjunto de normas consideradas obsoletas y que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Se trata de una iniciativa con menor nivel de confrontación política y que podría convertirse en un gesto de respaldo institucional hacia el Poder Ejecutivo si finalmente se concreta la sesión.
También permanecen pendientes numerosos ascensos diplomáticos y designaciones administrativas que acumulan meses de demora.
Un Senado convertido en el principal desafío político
A diferencia de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ha logrado construir acuerdos circunstanciales con mayor facilidad, el Senado continúa siendo el ámbito institucional más complejo para el Gobierno.
La fragmentación política, el peso de los gobernadores sobre numerosos legisladores y la necesidad permanente de negociar cada voto convierten cada sesión en una verdadera prueba de supervivencia parlamentaria.
En ese contexto, la capacidad de diálogo comienza a adquirir una importancia similar a la de la propia agenda legislativa.
Mucho más que una sesión
La eventual convocatoria del Senado no definirá únicamente la aprobación o el rechazo de algunos proyectos.
También funcionará como una medida del poder político que conserva el Gobierno para construir mayorías en el tramo previo al calendario electoral de 2027.
Si consigue reunir el quórum y avanzar con parte de su agenda, la Casa Rosada enviará una señal de fortaleza institucional. Si, por el contrario, vuelve a fracasar la convocatoria, quedará en evidencia que las dificultades para transformar iniciativas del Ejecutivo en leyes siguen siendo uno de los principales límites de la gestión libertaria.
Con un Congreso cada vez más atravesado por la lógica electoral, cada sesión comienza a valer mucho más que los proyectos que figuran en el temario.
