Espert se presentó a indagatoria por presunto lavado y negó la maniobra
José Luis Espert fue indagado en San Isidro por una causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a Federico “Fred” Machado. Su defensa negó la maniobra, pidió concentrar la investigación en un solo juzgado y presentó documentación para respaldar su versión.“Los casos de lavado suelen dejar rastros financieros antes que políticos”: esa lógica, repetida en tribunales de todo el mundo, atraviesa la causa que llevó a José Luis Espert al Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. El exdiputado nacional se presentó este martes para ser indagado por presunto lavado de dinero, se reservó la declaración por consejo de su defensa y entregó un escrito con documentación, además de solicitar que el juez reasuma la conducción de la investigación.
La acusación sostiene que Espert habría recibido 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado mediante un contrato simulado de asesoramiento con la empresa minera “Minas del Pueblo”, de Guatemala. Según esa hipótesis, el dinero habría sido utilizado para comprar vehículos de alta gama y para constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El fiscal federal Fernando Domínguez impulsó la indagatoria ante el juez Lino Mirabelli, del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. La citación original se postergó siete días luego de un planteo de la defensa de Espert, que pidió tiempo para revisar el expediente. Para la fiscalía, el contrato fue una simulación destinada a justificar el ingreso de fondos de origen ilícito, en el marco del acuerdo que Machado alcanzó con la justicia de Estados Unidos por lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aviones. En ese país, la acusación por narcotráfico que pesaba sobre el empresario fue descartada.
Desde la defensa, en cambio, se afirmó que la transferencia obedeció a “un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan”. Los letrados dijeron haber aportado once correos electrónicos intercambiados en 2019 para respaldar esa versión y reclamaron que esa prueba sea producida directamente por el juez.
Los abogados también sostuvieron que los mismos hechos ya están bajo investigación desde 2021 en otro juzgado federal y solicitaron que un único magistrado concentre todo el expediente para evitar decisiones contradictorias. Ese planteo busca ordenar una causa que, como suele ocurrir en expedientes de presunto lavado, mezcla el análisis del flujo de dinero con la reconstrucción de vínculos personales, societarios y políticos.
El vínculo entre Espert y Machado se remonta a 2019, cuando el empresario financió la campaña presidencial del economista con el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, la presentación de un libro y un vehículo blindado. Estos elementos forman parte de una causa judicial paralela, que amplía el examen sobre el entorno operativo de aquella campaña.
En 2023, durante la campaña para las elecciones legislativas —cuando Espert encabezaba la lista de diputados nacionales por Buenos Aires en La Libertad Avanza—, el dirigente peronista Juan Grabois presentó la denuncia que dio origen al expediente actual por el contrato con la minera guatemalteca. Desde entonces, la discusión pública osciló entre la tesis de un aporte encubierto y la explicación de un vínculo profesional formal.
Espert relativizó en público su relación con Machado y evitó confirmar si había recibido los 200 mil dólares, aunque con el correr de la investigación trascendieron indicios como viajes y encuentros. La exposición mediática del caso fue creciendo en paralelo a la judicialización del vínculo, un recorrido frecuente en expedientes donde la frontera entre financiamiento político, asesorías y eventuales maniobras de ocultamiento resulta especialmente sensible.
Tras los allanamientos realizados en octubre del año pasado en su domicilio de San Isidro y en su despacho de la Cámara de Diputados, donde se secuestraron celulares, computadoras y documentación vinculada al empresario, Espert renunció a su candidatura y pidió licencia como diputado nacional. En la misma causa también fueron citados a indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza SA, señalada como parte de la maniobra. Machado, por su parte, fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y permanece detenido allí tras el acuerdo judicial.
Análisis y proyecciones: En causas de presunto lavado, la prueba documental y la trazabilidad del dinero suelen ser decisivas, pero también lo es la consistencia entre el relato de las partes, los correos, los contratos y los movimientos patrimoniales. Si la investigación logra demostrar que hubo una simulación contractual, el caso podría escalar penalmente y complicar aún más el frente político de Espert; si, en cambio, la defensa consigue sostener la existencia de un servicio real y anterior, el expediente podría quedar limitado a una controversia probatoria de alta sensibilidad pública. En términos institucionales, este tipo de causas suele prolongarse por la necesidad de coordinar jurisdicciones, pericias y cooperación internacional, especialmente cuando hay fondos o actores vinculados al exterior.
Evolución del caso y de la posición de los actores: La secuencia muestra un endurecimiento progresivo de la situación judicial de Espert: primero aparecieron los cuestionamientos sobre su vínculo con Machado en 2019, luego la denuncia de 2023 y, más tarde, los allanamientos y citaciones que profundizaron la investigación. Del lado del dirigente, la estrategia pasó de relativizar públicamente la relación a una defensa más técnica, basada en documentación y en el pedido de centralizar el expediente. En paralelo, la fiscalía mantuvo una hipótesis de simulación y la causa dejó de girar solo sobre la campaña para enfocarse en el origen y el destino de los fondos.
Con ese escenario, la evolución del expediente dependerá de la fuerza de la prueba contable, del valor que tenga la documentación aportada por la defensa y de la definición del juez sobre la unificación o no de las investigaciones en trámite.
