Sbarra, nuevo viceministro de Salud, vuelve al centro de la escena por su pasado
El Gobierno oficializó a Rodrigo Sbarra como nuevo secretario de Gestión Administrativa de Salud, el área que concentra las decisiones sobre compras y presupuesto. Su llegada reaviva viejas controversias por una investigación por enriquecimiento y el crecimiento patrimonial que dejó en su paso por la función pública.
“Donde hay poder sin control, tarde o temprano aparecen sospechas”: la máxima podría aplicarse al caso de Rodrigo Sbarra, que vuelve a un puesto sensible del Estado en un área históricamente expuesta a disputas por contrataciones, auditorías y manejo de fondos. Ahora fue oficializado como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, el virtual número dos de Mario Lugones, tras la renuncia de Guido Giana.
Hasta aquí se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa, pero su nuevo rol lo coloca al frente del manejo de un presupuesto monumental en una cartera que, por su volumen y complejidad, suele estar bajo la lupa de la política y la Justicia. En términos institucionales, se trata de una posición estratégica: allí se concentra buena parte de las decisiones sobre compras y contrataciones.
Sbarra no es una figura ajena a la administración pública. Durante el gobierno de Cambiemos fue subsecretario y luego secretario de Coordinación del Ministerio de Producción, bajo las gestiones de Francisco “Pancho” Cabrera y Dante Sica. En aquel entonces, como ahora, tenía a su cargo áreas vinculadas con compras y contrataciones, un perfil técnico-administrativo que suele ganar peso en contextos de recorte, reorganización estatal y presión sobre el gasto.
Su nombre quedó instalado en la agenda pública tras su salida del gobierno de Mauricio Macri, cuando en su despacho apareció un sobre con 10 mil dólares y anotaciones que incluían el nombre de una empresa y fechas. Sbarra denunció una operación en su contra y aseguró que el dinero había sido plantado. La escena llamó aún más la atención porque el despacho tenía medidas de seguridad inusuales y resultaba difícil de acceder.
La causa derivó en una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita durante tres años. En diciembre de 2023, apenas tres días después del cambio de gobierno, el funcionario fue sobreseído con el argumento de que su situación económica justificaba la tenencia de esos 10 mil dólares y de otros bienes que habían sido detectados.
Sin embargo, durante el recorrido judicial surgieron datos que alimentaron las dudas. La Justicia determinó que el sobre con los 10 mil dólares pertenecía a Sbarra y no había sido “plantado”, como él sostuvo. Además, aparecieron bienes no declarados, entre ellos un lote de 1000 metros cuadrados en Nordelta que había comprado en 2016 por 180 mil dólares y que no había informado.
El contraste patrimonial también resultó llamativo. Según sus declaraciones juradas, Sbarra ingresó al Gobierno nacional en 2015 con un patrimonio de poco más de 1 millón de pesos, concentrado casi por completo en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, y dejó la administración en 2019 con bienes declarados por más de 30 millones de pesos, incluidos un Mini Cooper y depósitos en el exterior. Ese salto patrimonial fue uno de los elementos que mantuvo viva la discusión pública sobre su trayectoria.
Posteriormente, tras algunas rectificaciones en sus declaraciones juradas por “omisiones”, Pollicita dispuso su sobreseimiento en diciembre de 2023. Meses más tarde, el gobierno de Javier Milei lo rescató políticamente y lo designó subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete, otra oficina clave para las compras y contrataciones del Estado.
Su última declaración jurada, presentada en 2024, consigna que posee una casa y dos lotes en Navarro, dos departamentos y una cochera en CABA, tres lotes en Escobar, dos SUV Volvo, varias cajas de ahorro en la Argentina, una cuenta en dólares en el exterior, dinero en efectivo y acciones en dos firmas. Todo ello en el marco de una carrera laboral sostenida casi exclusivamente en cargos menores dentro de la administración pública nacional y porteña.
Análisis y proyecciones: el regreso de Sbarra a un área sensible confirma una tendencia recurrente en la política argentina: la revalorización de perfiles con experiencia administrativa aun cuando arrastren antecedentes controvertidos. En ministerios con fuerte peso presupuestario, como Salud, la gestión de compras y contrataciones suele convertirse en el verdadero centro de poder. Por eso, cada designación en ese nivel no solo ordena la administración, sino que también envía señales sobre el tipo de control político e institucional que el Gobierno pretende ejercer sobre los recursos.
En los últimos años, la discusión sobre integridad pública, declaraciones juradas y trazabilidad del gasto estatal ganó centralidad en la agenda. La combinación de crisis sanitaria, presión fiscal y sospechas de corrupción vuelve especialmente sensible cualquier movimiento en la estructura administrativa. Si el Gobierno busca blindar esa área, necesitará más que nombres con trayectoria: deberá reforzar mecanismos de auditoría, transparencia y seguimiento, ya que la experiencia argentina muestra que los “números dos” de Salud suelen quedar expuestos cuando estallan conflictos por medicamentos, prestaciones o compras directas.
Evolución del caso y del contexto: la trayectoria de Sbarra muestra un desplazamiento particular: de funcionario técnico en el macrismo a figura cuestionada por presuntas irregularidades, luego sobreseído y finalmente reinsertado en cargos de alta responsabilidad bajo otra administración. Ese recorrido refleja, además, cómo en la política nacional muchas veces los criterios de confianza personal, afinidad política y capacidad de gestión terminan pesando tanto como los antecedentes públicos. En paralelo, el Ministerio de Salud se convirtió en uno de los ámbitos más golpeados por denuncias y escándalos vinculados con el manejo de fondos, lo que aumenta el costo político de cada designación.
Hoy, Sbarra es el tercer viceministro de Lugones, después de Guido Giana y Cecilia Loccisano. La Secretaría de Gestión Administrativa volvió a quedar en el centro de la escena porque por allí pasan todas las decisiones vinculadas con el presupuesto de Salud. En la práctica, se trata de una silla eléctrica.
El Ministerio de Salud quedó atravesado por buena parte de los principales episodios de presunta corrupción que salpicaron al gobierno de Milei, entre ellos las coimas en Andis, las contrataciones irregulares en Osprera y los sobreprecios en la compra de medicamentos a laboratorios como el de los Kovalivker. En ese marco, la llegada de Sbarra suma una nueva capa de polémica a una cartera ya marcada por la tensión entre administración, política y sospecha.
