Marcelo Porcel pidió que su causa vaya a juicio por jurados

El empresario procesado por abusos contra menores del Colegio Palermo Chico reclamó que el expediente salga del fuero nacional y pase a la justicia local. La defensa pidió la nulidad del requerimiento a juicio oral y una derivación que permita un debate por jurados.

“La justicia por jurados es una institución tan antigua como el propio derecho penal occidental”, suele recordarse en los debates sobre este modelo, y en la Argentina volvió a instalarse como una herramienta reclamada en causas de fuerte impacto público. En ese marco, el empresario Marcelo Porcel, procesado por abusos sexuales contra menores alumnos del Colegio Palermo Chico, pidió que su expediente avance bajo esa modalidad.

El planteo fue presentado ante el juez Carlos Bruniard apenas una semana después de que la fiscalía y la querella solicitaran la elevación a juicio oral. En su presentación, la defensa, a cargo del abogado Roberto Rallín, pidió la nulidad del requerimiento de elevación a debate y reclamó que el caso sea enviado a la justicia local para que pueda tramitarse como juicio por jurados, un sistema que no está reglamentado a nivel nacional.

La causa tramita en el fuero nacional en lo criminal. Porcel fue procesado como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menor de edad, por hechos reiterados contra diez menores de 13 años, compañeros de colegio de sus hijos.

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento y ordenó medidas cautelares, entre ellas la colocación de una tobillera electrónica y la extracción de material genético. Sin embargo, rechazó el pedido de detención.

Los testimonios de las víctimas

Los relatos de las víctimas, prestados en Cámara Gesell, describen un mismo patrón que se repetía en distintos lugares: el departamento de Porcel en el piso 26 de la Torre Le Parc, otro inmueble frente a ese edificio, propiedad de su madre, y una oficina ubicada en un edificio emblemático de Retiro.

De acuerdo con esos testimonios, las reuniones comenzaban como “juntadas” organizadas por Porcel. Allí ofrecía bebidas alcohólicas como vodka y tequila, y luego alentaba a los chicos a beber mediante “competencias de resistencia” a cambio de dinero.

“Si te tomás todo este vaso, yo te doy $1000”, contó una de las víctimas que le habría dicho el acusado. Además, según la denuncia, el empresario les transfería dinero a billeteras virtuales para que hicieran apuestas online.

En una de esas reuniones, Porcel habría ofrecido una suma de dinero a quienes corrieran desnudos alrededor de una mesa. “Lo hicimos todos menos uno”, relató uno de los adolescentes. Los testimonios también mencionan situaciones de contacto físico, como masajes, que varios de los chicos habrían sufrido.

En el celular secuestrado a Porcel, los investigadores hallaron imágenes de contenido sexual. Algunas de las víctimas ya alcanzaron la mayoría de edad durante el avance de la causa. Entre ese material había capturas de videos de una cámara de seguridad instalada en el baño de la casa del acusado.

Análisis y proyecciones

El pedido de la defensa abre una discusión jurídica de fondo: si un caso iniciado en el fuero nacional puede ser desplazado a una jurisdicción local para acceder a un juicio por jurados. En la práctica, estas controversias suelen demorar los procesos y desplazar el eje desde el análisis probatorio hacia la discusión de competencia, una tensión frecuente en causas complejas y sensibles.

En los últimos años, el juicio por jurados ganó centralidad en varias provincias argentinas como mecanismo de participación ciudadana y de legitimación del veredicto, especialmente en delitos graves. También se volvió un terreno de debate por su alcance, su implementación desigual y las diferencias entre jurisdicciones. En causas de abuso sexual con víctimas menores, además, la expectativa social sobre celeridad y protección de los denunciantes suele convivir con estrategias defensivas orientadas a revisar nulidades, competencia y validez de la prueba.

Si el planteo prosperara, la discusión podría extender los tiempos del expediente y obligar a resolver primero si corresponde o no la intervención de una justicia con jurado. Si se rechaza, el caso seguirá su curso hacia el debate oral en el fuero nacional. En cualquiera de los escenarios, el peso de las declaraciones en Cámara Gesell, la prueba digital y las medidas ya confirmadas por la Cámara del Crimen seguirán ocupando un lugar central en la definición del proceso.

Evolución del caso

Desde que la denuncia tomó estado público, la situación procesal de Porcel fue endureciéndose de manera progresiva: primero avanzó el procesamiento, luego la Cámara del Crimen lo confirmó y dispuso restricciones concretas, como la tobillera electrónica y el análisis de material genético. Más tarde, fiscalía y querella impulsaron la elevación a juicio oral, mientras la defensa respondió con una ofensiva procesal para intentar modificar la jurisdicción y el tipo de debate.

Ese recorrido muestra un cambio de escenario: el caso dejó de centrarse únicamente en la investigación de los hechos para pasar a una etapa en la que las partes disputan ahora el formato del futuro juicio. En paralelo, la causa mantiene como núcleo las acusaciones por los testimonios de las víctimas, los elementos extraídos del celular y la evidencia reunida durante la instrucción.