La pesca en la milla 201 y el desafío para Argentina

• Nacionales
• 05-07-2026

En 1948, el biólogo marino británico E. H. Graham advirtió que los océanos podían ser explotados hasta el agotamiento si la pesca industrial avanzaba más rápido que la capacidad de regeneración de las especies. Esa advertencia, hoy convertida en una inquietante realidad para el Atlántico Sudoccidental, ayuda a entender el drama que rodea a la llamada “milla 201”: un borde jurisdiccional donde confluyen intereses económicos, vacío regulatorio y una presión extractiva creciente.

Flotas extranjeras, mayoritariamente de China, Corea del Sur y Taiwán, operan de manera sostenida sobre el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina y capturan, cada año, entre 1,5 y 3 millones de toneladas de especies vinculadas al ecosistema de nuestra plataforma continental. La industria pesquera nacional, que trabaja dentro de los marcos legales y contribuye al empleo y a la generación de divisas, no supera las 900.000 toneladas anuales. No podemos ignorar ni el origen histórico del problema ni los límites reales del derecho internacional.

La soberanía argentina sobre sus recursos marinos alcanza, según el derecho internacional del mar, hasta la milla 200 pasada la cual la pesca es, en principio, libre. Las flotas que se concentran sobre la “milla 201” no violan la soberanía argentina, pero aprovechan con eficacia devastadora para el ecosistema un vacío de gobernanza en el derecho internacional. La respuesta deberá pues anclarse en los acuerdos regionales de ordenamiento pesquero, los regímenes de trazabilidad impulsados por la Unión Europea y las instancias multilaterales más que sobre una retórica soberanista que, por sí sola, no mueve un solo buque de lugar.

Antes del conflicto de las Islas Malvinas, la Armada y la Prefectura patrullaban las aguas del sur y el este, con flotas extranjeras como presencia marginal. El conflicto de 1982 cambió drásticamente esa ecuación. El Reino Unido optó por vender licencias de pesca en el área de las islas como mecanismo para financiar la administración allí y consolidar su presencia. Parte del problema actual es consecuencia directa de una decisión política y militar tomada hace más de 40 años y cuyo costo estratégico sigue acumulándose.

Según la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina, a mediados de la década de 2000 era posible contabilizar más de 600 embarcaciones extranjeras operando irregularmente. La Armada y la Prefectura optaron por no intervenir y los propios pescadores nacionales llegaron a interponer físicamente sus embarcaciones para obstaculizar a los intrusos. Denuncias sin consecuencias, inacción institucional y captura tolerada integraron un patrón que se volvió difícil de revertir.

En los últimos años, la discusión dejó de ser solo marítima y pasó a leerse también en clave ambiental y comercial. La trazabilidad de los productos pesqueros, la certificación de origen y los controles sobre el desembarco de capturas ganaron peso en mercados sensibles, una tendencia que la Unión Europea y otros compradores relevantes han reforzado para desalentar la pesca no declarada o mal documentada. En paralelo, la presión sobre recursos como el calamar se hizo más visible por la combinación entre esfuerzo pesquero intensivo y variabilidad climática.

Según informes de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, entre 400 y 600 buques extranjeros se concentran anualmente sobre la milla 201, con niveles de extracción en el Atlántico Sudoccidental que, entre 2019 y 2024, crecieron un 65%, mientras la pesca china crecía 85%. La presión extractiva puede llevar al colapso de especies como calamar illex argentinus, pilar de nuestras exportaciones pesqueras. La prestigiosa ONG internacional Environmental Justice Foundation ya ha advertido que la combinación de sobrepesca y variabilidad ambiental podría provocar un colapso poblacional en el corto plazo, dado el ciclo de vida breve de esta especie. La escala del esfuerzo extractivo, ya sea mediante poteros o arrastreros más destructivos, sostenido en el tiempo no es compatible con la reproducción de stocks.

Análisis y proyecciones: el escenario describe un problema clásico de los bienes comunes en alta mar: cuando el recurso es compartido y la fiscalización es limitada, los incentivos empujan a capturar lo máximo antes que los demás. En ese marco, la respuesta más eficaz no suele depender de un solo país, sino de coaliciones regulatorias, acuerdos de conservación, monitoreo satelital y presión sobre las cadenas comerciales. Si no se fortalecen esas herramientas, la tendencia más probable es una mayor concentración de flotas, más competencia por especies de alto valor y una caída progresiva de los rendimientos biológicos, con impacto directo en divisas, empleo y poder de negociación regional.

Por fuera de las categorías económicas convencionales, las flotas chinas no persiguen una rentabilidad marginal. Solo responden a una política de Estado orientada a garantizar proteína animal para 1400 millones de personas. Estamos ante una disputa geopolítica sobre el acceso a recursos globales que debe ser abordada como tal.

La evolución del problema también muestra un cambio en las prioridades de los actores. Mientras en los años posteriores a Malvinas predominó una lógica de presencia militar y patrullaje, con el tiempo ganó terreno la necesidad de herramientas regulatorias, trazabilidad y cooperación internacional. Hoy, la discusión ya no pasa únicamente por expulsar buques, sino por reducir incentivos económicos, cerrar mercados a la captura opaca y sostener una política de Estado de largo plazo que combine control, diplomacia y ciencia pesquera.

Cuando las flotas extranjeras capturan hasta cuatro veces más que la industria local, el costo en divisas no cobradas, en empleo no generado y en cadenas de valor truncadas resulta incalculable. El daño más profundo, sin embargo, es biológico y, por ende, irreversible.