Pullaro y Gutiérrez tensan la inauguración del edificio judicial

• Politica
• 05-07-2026

En la historia institucional argentina, pocos choques entre poderes han sido tan visibles como el que dejó al descubierto la inauguración del edificio del Poder Judicial en Santa Fe: una obra pública convertida en escenario de pulseada política. La escena condensó un enfrentamiento que ya venía madurando entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, con reproches cruzados sobre la reforma judicial, la autonomía de las instituciones y el rumbo de la Justicia santafesina.

Pullaro y Gutiérrez vienen de una batalla de alto voltaje. El mandatario busca desplazar a Gutiérrez del máximo tribunal, al que considera símbolo de prácticas sectoriales y partidizadas, ya le designó reemplazante y advierte que lo correrá por decreto si no deja el cargo este año. El magistrado, en cambio, sostiene que el gobernador pretende llenar el Poder Judicial de dirigentes propios, que nombró a su sucesor sin respetar la vacante y que intenta colonizar la Justicia sin observar la división de poderes.

Gutiérrez tiene 78 años, lleva medio siglo en el Poder Judicial, es un peronista declarado y un operador con larga experiencia política. Su etapa de mayor influencia quedó acotada con la llegada de Pullaro a la Gobernación, que promovió una Constitución que fija el cese de los integrantes del máximo tribunal a los 75 años y cuenta con una mayoría legislativa amplia que permitió desplazar sin sobresaltos a él y a los ministros más veteranos. Aunque había anticipado que se iría este año, también quería cortar las cintas del nuevo edificio. La semana pasada, sin embargo, endureció su postura y lanzó una frase que sintetiza su decisión de resistir: "Me voy a ir cuando yo quiera".

En su discurso, Pullaro apuntó directamente contra él. Señaló que la obra demandó 60 millones de dólares y que el 51% de su ejecución se concretó durante su gestión. "No nos debemos a ninguna corporación sino a todos los santafesinos", afirmó ante el micrófono. También cuestionó la ausencia de la fiscal general Cecilia Vranicich y de la defensora provincial Estrella Moreno, titulares de dos órganos autónomos del sistema penal, que no asistieron al acto. La Corte, encabezada por Gutiérrez, les reservó escaso espacio en el nuevo predio, apenas el sexto piso, y ese reparto fue interpretado como un desplante que el gobernador aprovechó políticamente.

"No está bueno que hoy aquí no esté la titular del Ministerio Público de la Acusación ni la titular del Ministerio Público de la Defensa. Insto a las instituciones del Estado a que podamos dialogar, escucharnos y ponernos de acuerdo. La noticia no puede ser las diferencias que podamos tener hacia adentro", dijo el mandatario, aunque sin ocultar su malestar con Gutiérrez.

El presidente de la Corte respondió con igual frialdad y exhibió la larga escuela de la política judicial santafesina. Saludó a Antonio Bonfatti, exgobernador socialista, como "ex gobernador y amigo" y aludió en los mismos términos al fallecido Miguel Lifschitz. En cambio, al agradecer al actual gobernador lo llamó "licenciado" y evitó cualquier gesto de cercanía. Además, elogió al ministro de Economía, Pablo Olivares, en una señal que dejó en evidencia la distancia con el jefe provincial.

Antes de su discurso, Gutiérrez había remarcado que las fiscalías y las defensorías son órganos autónomos y que "ya no pertenecen al Poder Judicial", en alusión a la reducción de espacios que motivó la ausencia de sus máximas autoridades. Después desestimó esa falta con una frase de tono irónico, tomada del humor uruguayo: "No hay que dar por el pito más de lo que el pito vale".

La tensión institucional se había agravado días antes por el enojo del Ejecutivo ante la decisión de una jueza de Rosario que anuló un allanamiento sin orden judicial vinculado con la detención de un menor sospechado de participar en una balacera. La vocera de Pullaro mencionó a la magistrada por su nombre, la cuestionó públicamente y sostuvo que "si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a su casa".

Consultado por ese episodio, Gutiérrez respondió que la jueza resolvió conforme a lo que entendió ajustado a derecho y que las decisiones de los jueces no deben cuestionarse por los medios, sino por las vías procesales. Con esa respuesta dejó un mensaje inequívoco al Gobierno: en un Estado democrático, subrayó, los fallos se discuten dentro del sistema, no en la arena mediática.

Desde que Pullaro ganó las elecciones de 2023, su equipo jurídico dejó en claro que buscaría renovar la Corte, dado que cinco de sus seis integrantes habían superado los 75 años. En ese diagnóstico, el máximo tribunal era visto como una garantía de los poderes tradicionales de la provincia. También cuestionaban su calidad jurídica con un antecedente repetido en el debate público: cuatro de los seis ministros habían respaldado la constitucionalidad del caso Fraticelli, la condena al exjuez por la muerte de su hija. La Corte Nacional, en cambio, rechazó ese modelo de enjuiciamiento y ordenó implementar un nuevo sistema penal.

Los colaboradores de Pullaro recordaban, además, que Gutiérrez no solo validó ese método de condena, sino que luego resistió, por diversas vías, la legalidad del sistema acusatorio que lo reemplazaría. En la primera línea del pullarismo ya se anticipaba entonces una ofensiva para forzar el recambio: se hablaba de invitar a los ministros a dar un paso al costado, despedirlos con honores y hasta recordar que varios habrían acomodado familiares dentro de la estructura judicial.

Hoy esa disputa se juega en el centro de la escena. Gutiérrez acusa a Pullaro de impulsar reemplazos con gente de su entorno directo. Señala, entre otros, a Diego Maciel, exsecretario administrativo del Senado y mano derecha del jefe de bloque oficialista Felipe Michlig, además de considerar alfiles del gobernador a Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

"Si tuviera algún motivo que Pullaro me pida el juicio político", dijo Gutiérrez hace pocos meses. Allí recordó que acumula 50 años como empleado judicial y 25 en la Corte, y enfatizó: "Nunca tuve un sumario administrativo, ni denuncia. Creo que lo único que le interesa es poner algún amigo en la Corte".

La escena final de la inauguración resumió la atmósfera del conflicto. Según relató el periodista Mario Gallopo, mientras el obispo Matías Vecino bendecía el edificio judicial, Pullaro le habló al prelado y bromeó: "A él tírele agua bendita", en referencia a Gutiérrez. El ministro respondió de inmediato, sin perder el pulso: "A él tírele el doble".

Análisis y proyecciones: El enfrentamiento en Santa Fe refleja un patrón frecuente en la política argentina: cuando un gobernador cuenta con respaldo legislativo y un diagnóstico crítico sobre el Poder Judicial, suele intentar reordenar la arquitectura institucional con rapidez. En este caso, el recambio etario en la Corte, la expansión del sistema acusatorio y la autonomía de fiscalías y defensorías crean un escenario de redefinición profunda. Si Pullaro logra consolidar su estrategia, podría alterar de manera duradera el equilibrio interno del Poder Judicial santafesino; si la resistencia de Gutiérrez prospera, el conflicto puede extenderse y judicializarse, con impacto sobre la relación entre el Ejecutivo, la Corte y los órganos del sistema penal. En términos más amplios, la disputa muestra cómo la reforma judicial, en lugar de ser solo técnica, se convierte en una pelea por poder, legitimidad y capacidad de nombramiento.

Evolución reciente del conflicto: En los últimos años, la Corte santafesina pasó de ser un actor con fuerte gravitación política a quedar bajo presión por la edad de sus miembros, el debate sobre la modernización del sistema penal y la necesidad de adaptarse al nuevo esquema acusatorio. Pullaro, que al asumir en 2023 leyó a ese tribunal como parte de un orden institucional ya agotado, pasó de la crítica al intento concreto de renovación. Gutiérrez, en cambio, transitó de una posición de fuerte influencia a una defensa cada vez más abierta de su continuidad y de la autonomía del tribunal frente al Ejecutivo. La relación entre ambos, que antes podía convivir con ciertos códigos de convivencia política, se transformó en una disputa frontal por el control del mapa judicial provincial.