Caso $LIBRA: el juez apartó a los querellantes y crece la polémica

• Nacionales
• 03-07-2026

En la historia judicial argentina, hay expedientes que avanzan por impulso de una prueba clave y otros que parecen quedar atrapados en discusiones preliminares durante meses. Eso es, según sus críticos, lo que ocurre con el caso $LIBRA: después de casi un año y medio de la primera denuncia, la causa sigue sin testigos ni acusados indagados, mientras se acumulan planteos sobre recursos, legitimación y el alcance real de la pesquisa.

La novedad más reciente fue la resolución que firmó este martes el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. A pedido del acusado Mauricio Novelli, dispuso apartar a todos los querellantes del expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, al entender que no lograron acreditar de manera suficiente que fueran inversores efectivamente perjudicados por el colapso del “memecoin” ocurrido en febrero de 2025.

En su resolución, de más de quince páginas, el magistrado dedicó buena parte del análisis a una cuestión que excede lo puramente procesal: si la volatilidad es propia de los “memecoins” o si los impulsores Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy habrían buscado engañar a los inversores. Sin embargo, el juez debía resolver en esta etapa si los damnificados tenían legitimación para intervenir en el proceso. Al introducir apreciaciones sobre el fondo, dejó expuesta una tensión clásica del proceso penal: cuando el juez adelanta una hipótesis antes de completar la instrucción, corre el riesgo de condicionar la investigación futura.

Martínez de Giorgi sostuvo además que los querellantes debían demostrar “de manera fehaciente” la titularidad de sus billeteras, el origen de los fondos y una relación causal directa con el perjuicio, aun cuando esas verificaciones continúan en trámite. En los hechos, les exigió acreditar con prueba casi concluyente algo que, justamente, el expediente todavía debería investigar. También trasladó a los particulares cargas que corresponden al Estado, como reconstruir la trazabilidad de operaciones o identificar a los titulares de billeteras digitales mediante peritajes, exhortos o cooperación internacional.

La contradicción, señalan en el entorno de los excluidos, es evidente: el propio juez reconoció que todavía no se sabe con precisión quiénes son los titulares de las billeteras ni se reconstruyó por completo el recorrido de los fondos, pero aun así concluyó que esos inversores no habrían sufrido una afectación directa. En una causa por presunta defraudación, la discusión sobre quiénes son víctimas potenciales resulta central, porque la legitimación del querellante suele apoyarse precisamente en el perjuicio denunciado.

Ese punto será previsiblemente uno de los ejes de la apelación ante la Cámara Federal. Los excluidos sostendrán que, si el delito investigado es una presunta estafa o defraudación, difícilmente pueda negarse la condición de perjudicado a quien compró $LIBRA y perdió dinero como consecuencia de la maniobra denunciada. En el derecho procesal penal argentino, la querella cumple un rol relevante no sólo para impulsar medidas de prueba, sino también para sostener el control de la investigación cuando la actuación fiscal es limitada.

La resolución también parece confundir pérdida patrimonial con riesgo de mercado. Al remarcar que los hechos ocurrieron en un ámbito de alta volatilidad y escasa regulación, el juez toma como plausible una de las hipótesis defensivas: que todo respondió a la dinámica propia de las memecoins. Pero esa es, precisamente, una de las cuestiones que la instrucción debería esclarecer. Si al final se prueba que existió una maniobra fraudulenta, la explicación basada en el riesgo del mercado dejaría de ser suficiente.

Análisis y proyecciones: en casos vinculados con criptoactivos, la experiencia comparada muestra que la trazabilidad técnica suele ser más lenta que la discusión jurídica. Por eso, cuando la prueba digital no se completa y las partes querellantes quedan fuera, la causa tiende a perder dinamismo. Si la Cámara revierte la decisión, podría reabrirse la posibilidad de impulsar medidas de prueba y sostener una línea acusatoria más activa. Si la convalida, en cambio, el expediente podría quedar casi exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal, que ya admitió limitaciones operativas para avanzar con el análisis técnico de las billeteras.

Desafío a la Cámara

La resolución también se aparta, en los hechos, del criterio que la Cámara Federal había marcado meses atrás. El tribunal de alzada había admitido a los querellantes y dejado abierta la posibilidad de revisar esa decisión una vez producidas determinadas medidas técnicas especializadas sobre blockchain y trazabilidad. Sin embargo, la revisión llegó antes de que esos estudios concluyeran, lo que alimenta el planteo de que se cerró prematuramente el acceso de las presuntas víctimas al expediente.

En perspectiva, la evolución del caso muestra un cambio significativo en la postura de los actores procesales. Al comienzo, la causa se apoyó en la expectativa de que la evidencia digital permitiría reconstruir rápidamente las operaciones; con el paso de los meses, esa hipótesis chocó con demoras técnicas, falta de recursos y discusiones de competencia y legitimación. A la vez, los querellantes pasaron de ser un motor para la investigación a quedar cuestionados por no probar todavía extremos que dependen de medidas que el propio expediente no logró completar.

La decisión de Martínez de Giorgi exige, en definitiva, una acreditación casi definitiva del fraude para reconocer legitimación a quienes dicen haber sido víctimas de ese mismo fraude. Eleva así el estándar probatorio de una incidencia procesal a un nivel cercano al de una sentencia sobre el fondo, cuando la causa sigue incompleta: no terminaron los peritajes, no llegaron todas las respuestas a exhortos y oficios, y todavía no hubo testigos ni indagatorias.

La resolución resulta todavía más llamativa porque el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) reconoció en el expediente que carece de las herramientas, el presupuesto y las licencias tecnológicas necesarias para avanzar con el análisis de las billeteras. A ello se suma otra exigencia a los querellantes: pedirles que acrediten el origen de los fondos utilizados para comprar $LIBRA, cuando el objeto del proceso no es investigar el patrimonio de las presuntas víctimas, sino determinar si existió una maniobra defraudatoria y si el Presidente incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública.

En ese marco, la pregunta de fondo es cuál puede ser el desenlace de una causa en la que los fiscales reconocen limitaciones técnicas, los querellantes son excluidos y aún no hubo declaraciones ni citaciones relevantes. En procesos complejos con componentes financieros y tecnológicos, el margen de error procesal suele tener efectos duraderos: si no se asegura desde temprano la participación de las víctimas y el acceso a prueba especializada, el expediente puede llegar debilitado a la etapa decisiva.

Así, si los fiscales no cuentan todavía con los recursos necesarios para investigar y quienes empujaban buena parte de las medidas de prueba quedan afuera, la pesquisa corre el riesgo de perder su principal fuente de impulso. Por ahora, el caso $LIBRA suma más controversias que definiciones, y el futuro inmediato dependerá de lo que resuelva la Cámara Federal sobre una decisión que ya encendió una fuerte discusión jurídica.