SNR bajo la lupa por contratos de tecnología y nombramientos

• Nacionales
• 03-07-2026

“Quien controla la información, controla la administración”: la frase resume por qué la tecnología se volvió un frente crítico en las entidades públicas, y también explica la sensibilidad del debate que hoy rodea a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). En medio de cuestionamientos por contratos directos, nombramientos y posibles similitudes entre procesos, la entidad quedó en el centro de la discusión pública.

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) está bajo escrutinio por una serie de contratos directos en tecnología que, en conjunto, superarían los $42.000 millones. La decisión fue defendida por la entidad con el argumento de que existían riesgos críticos de ciberseguridad, pero la controversia creció por el momento de las adjudicaciones y por las observaciones sobre supuestas coincidencias con otros procesos.

Una investigación publicada por El Tiempo puso bajo la lupa recientes nombramientos de notarios y un proceso contractual por cerca de $19.439 millones. Según lo informado, estos hechos quedarán sujetos a revisión durante el Empalme Anticorrupción entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. El equipo de transición, encabezado en el área de Justicia por Iván Cancino, incluirá a la Supernotariado entre las entidades observadas.

La SNR aclaró que, en el caso de los contratos de tecnología, por ahora solo existe una invitación a cotizar y que no hay una contratación en curso. La explicación oficial sostiene que la adjudicación a Infotic se produjo tras detectar “riesgos críticos e inminentes en materia de ciberseguridad, tales como ataques cibernéticos y la amenaza de secuestro de información, que exigían una mitigación inmediata”, de acuerdo con declaraciones reveladas por Blu Radio. La entidad añadió que la prórroga del contrato buscó monitorear la efectividad de los correctivos aplicados.

Durante el cierre de año y en la etapa previa a las elecciones, la Superintendencia acudió a la contratación directa con al menos dos firmas del sector. El primer contrato, por más de $7.300 millones, fue adjudicado a Infotic para servicios de ciberseguridad con un plazo inicial de una semana, aunque su ejecución se extendió hasta el 30 de abril. El segundo acuerdo directo se firmó el 30 de enero, último día habilitado para este tipo de adjudicaciones antes de los comicios, según el medio citado. Ese día, la entidad otorgó a Colombia Digital un contrato por más de $16.000 millones para fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información.

Frente a las observaciones por la similitud entre los acuerdos, la SNR negó que hubiera coincidencias en el objeto y en las obligaciones. Su postura fue que ambos contratos “atienden necesidades diferenciadas y específicas” y que “cada etapa ejecuta su propio alcance y cuenta con entregables particulares y distintos”.

Por su parte, el superintendente Ricardo Agudelo Sedano defendió ante El Tiempo que los nombramientos responden a la necesidad de mantener el servicio notarial y que se ajustan a la ley. Sobre la contratación, afirmó que todavía no existe un proceso formal, sino un estudio preliminar orientado a resolver problemas de conectividad en el servicio registral. Fuentes del equipo de empalme confirmaron a ese medio que estos temas serán revisados durante la transición.

“Con el fin de subsanar esta situación, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información adelanta un estudio de mercado para la adquisición de bienes y servicios especializados, el cual requiere atención prioritaria”, dijo el funcionario a El Tiempo. Entre tanto, el acuerdo con Infotic incluía servicios SOC/NOC y actualización de arquitectura empresarial, mientras que el de Colombia Digital apuntaba a una solución integral en tecnología bajo el marco de la arquitectura empresarial.

El tercer proceso mencionado involucra a cuatro compañías: Infotic, Colombia Digital, Red Summa y Megatic. Según indicó el medio citado, la propuesta más baja fue la de Colombia Digital, por un valor de $19.000 millones. De acuerdo con esa información, esa empresa podría acceder a una nueva contratación directa por su composición mayoritariamente pública, condición que habilitaría la figura del convenio interadministrativo. La SNR respondió que la contratación directa forma parte de las herramientas legales de la administración pública y negó irregularidades en los procesos.

El gobierno de Gustavo Petro acelera contratación por más de $57 billones antes de dejar el poder

A poco más de un mes del cambio de gobierno en Colombia, la administración de Gustavo Petro avanza en contratos y compromisos económicos que superan los $57 billones en sectores como Defensa, Educación, Salud y Transporte, con decisiones cuya ejecución y financiación se extenderían hasta 2035 o 2036. El movimiento ocurre tras el levantamiento de la Ley de Garantías, que reactivó la posibilidad de contratar en el sector público.

Funcionarios y expertos señalan que los procesos se retomaron bajo supervisión de las autoridades de control, y con modalidades como la contratación directa o los convenios interadministrativos, todavía reguladas por la ley. En la Superintendencia de Notariado y Registro, además de los proyectos tecnológicos por cerca de $19.439 millones, se mantienen designaciones de notarios en distintas ciudades. La entidad sostiene que esas decisiones obedecen a vacantes y a la normativa vigente, aunque algunos nombramientos corresponderían a personas vinculadas a figuras cercanas al gobierno saliente.

En Transporte, el programa Vías para la Paz compromete $15,05 billones para obras viales hasta 2035, mientras que en Salud se asignan $3,02 billones para modernizar hospitales públicos entre 2026 y 2031. En Defensa, el Gobierno gestiona contratos por 13 billones de pesos para equipamiento y tecnología de las Fuerzas Armadas y la Policía, con procesos respaldados por un Conpes reciente. También se mencionan cuestionamientos por posibles sobrecostos y por la contratación del programa Escudo Nacional Antidrones, que implica $6,3 billones.

En Educación, el ministerio administra procesos de infraestructura por más de $13 billones para construir y mejorar colegios, con contratos relevantes con la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Análisis y proyecciones: el caso de la SNR se inscribe en un fenómeno recurrente en los cierres de administración: la aceleración de decisiones contractuales antes del relevo de poder. En entidades con alta dependencia tecnológica, la frontera entre urgencia operativa y discrecionalidad política suele volverse difusa, especialmente cuando se invocan riesgos de ciberseguridad. En los próximos meses, la revisión del empalme y el escrutinio de los organismos de control serán claves para determinar si predominó una necesidad real de continuidad del servicio o si hubo exceso de contratación directa. Si la evidencia técnica respalda la justificación oficial, el episodio podría cerrarse como una medida de contingencia; si aparecen vacíos de planeación, el impacto será más político que administrativo y podría alimentar nuevas alertas sobre el uso intensivo de figuras excepcionales de contratación.

Evolución reciente del tema: en los últimos años, la contratación pública en Colombia ha estado marcada por una tensión creciente entre digitalización, seguridad informática y control fiscal. Tras la pandemia, muchas entidades aceleraron su dependencia tecnológica, lo que elevó la importancia de los SOC, NOC y arquitecturas empresariales. Al mismo tiempo, la contratación directa siguió siendo un mecanismo legal, pero cada vez más cuestionado cuando coincide con periodos electorales o de transición. En este contexto, la postura de la SNR pasó de una defensa general de la legalidad a una explicación más técnica basada en riesgos de ciberseguridad y continuidad del servicio, mientras que los críticos concentran su mirada en el calendario de las adjudicaciones, la repetición de contratistas y la eventual habilitación de convenios interadministrativos.