Montenegro impulsa arresto para trapitos y limpiavidrios
El senador provincial Guillermo Montenegro presentó un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes ejerzan de forma ilegal la actividad de trapito y limpiavidrios. La iniciativa también agrava penas por intimidación, organización previa y ocupación indebida del espacio público.“La calle es de todos”, suele resumir uno de los debates urbanos más persistentes en la Argentina; desde hace décadas, la disputa por el uso del espacio público vuelve una y otra vez al centro de la agenda cuando se mezclan seguridad, orden y convivencia. En ese contexto, el senador provincial Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley para incorporar penas de arresto para quienes ejerzan de manera ilegal la actividad de trapito y limpiavidrios.
La iniciativa apunta a sancionar a quienes, sin autorización legal, ofrezcan o presten servicios de cuidado de vehículos, reserven espacios para estacionar o limpien parabrisas y cristales en la vía pública. El objetivo es fijar un criterio más estricto frente a prácticas que, según sus impulsores, afectan el uso libre de las calles y derivan en situaciones de tensión con automovilistas y peatones.
El proyecto establece sanciones de arresto para quienes desarrollen estas actividades. Además, dispone que la conducta será igualmente sancionada aun cuando la contraprestación económica sea presentada como voluntaria. En términos jurídicos, este tipo de redacción busca cerrar la puerta a maniobras de simulación que en la práctica encubren una exigencia implícita de pago.
Asimismo, incorpora sanciones para quienes reserven, delimiten, ocupen u obstaculicen espacios destinados al estacionamiento mediante conos, sogas, cadenas, vallas, cajones, carteles, elementos móviles u otros medios destinados a impedir, restringir o condicionar su libre utilización. La enumeración amplia apunta a abarcar tanto las formas más visibles de ocupación como las más discretas, una discusión que en grandes ciudades suele repetirse en zonas comerciales, estadios, playas de estacionamiento improvisadas y accesos a eventos masivos.
La propuesta también agrava las sanciones cuando las conductas se cometan mediante intimidación, amenazas, hostigamiento o insistencia indebida; cuando exista un aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor; cuando intervengan dos o más personas actuando de manera coordinada o exista una organización previa; cuando el infractor registre antecedentes por hechos de la misma naturaleza; cuando oculte deliberadamente su identidad o porte armas impropias o no convencionales.
Además, establece sanciones más severas para quienes organicen, coordinen, administren, financien, promuevan o exploten económicamente estas actividades, prevé la intervención de la autoridad competente cuando existan indicios de participación, protección o connivencia de funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad, y contempla multas para clubes, instituciones u organizadores de eventos cuando se compruebe su participación directa o indirecta.
En la evolución de este fenómeno, distintos municipios y jurisdicciones han ensayado en los últimos años respuestas combinadas: desde controles administrativos y operativos policiales hasta ordenanzas con multas y prohibiciones específicas. Sin embargo, el problema rara vez desaparece por completo, porque suele desplazarse geográficamente o adoptar nuevas modalidades cuando se incrementa la presión estatal. La persistencia del debate demuestra que no se trata solo de una infracción aislada, sino de una actividad que en algunos entornos termina organizándose como una economía informal con reglas propias.
Análisis y proyecciones: si la iniciativa avanza, podría fortalecer la capacidad sancionatoria del Estado y dar una señal política de endurecimiento frente a prácticas asociadas al cobro coercitivo en la vía pública. A la vez, el debate previsiblemente girará en torno al equilibrio entre orden urbano, debido proceso y abordaje social de la informalidad. En experiencias comparables, las medidas punitivas suelen mostrar resultados parciales si no se acompañan con control sostenido, coordinación entre fuerzas y políticas de prevención que eviten la reaparición del fenómeno en otros puntos de la ciudad o del corredor urbano.
El objetivo de la iniciativa es brindar a las autoridades policiales y de control las herramientas necesarias para erradicar estas prácticas, recuperar el espacio público y establecer límites claros frente a conductas que lesionan derechos de terceros y generan situaciones de conflictividad social.
Así, la propuesta se inscribe en una línea de endurecimiento frente a los llamados “trapitos” y “limpiavidrios”, un tema que en los últimos años pasó de ser visto como una molestia cotidiana a integrar el debate más amplio sobre seguridad urbana, uso del espacio común y autoridad del Estado para ordenar la calle.
