La causa contra Adorni suma nuevas pruebas y complica su situación judicial: investigan compras millonarias con tarjetas de funcionarios
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó en las últimas horas un nuevo elemento que profundiza las sospechas sobre sus movimientos financieros durante su paso por el Gobierno. La declaración de una funcionaria de la Casa Rosada confirmó una operatoria bajo la lupa de la Justicia: el uso de tarjetas de crédito de empleados públicos para realizar compras personales de alto valor que luego, según los testimonios, eran reintegradas en efectivo por el exfuncionario.
El dato agrega presión sobre una causa que ya venía escalando en complejidad y exposición pública.
La funcionaria que declaró ante la fiscalía fue Laura Schiuma, integrante de la estructura de la Vocería Presidencial y persona de confianza del exjefe de Gabinete. Según relató en sede judicial, utilizó su tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer de alta gama que habría sido adquirido por Adorni.
El valor de la operación no pasó inadvertido.
Se trató de un monitor Samsung Odyssey OLED 4K de última generación, con un costo superior a los 2,1 millones de pesos. De acuerdo con su declaración, tras concretar la compra, Adorni le devolvió el monto completo en efectivo.
Ese mecanismo es justamente el que despierta sospechas en la investigación.
Los fiscales intentan determinar por qué el entonces jefe de Gabinete habría recurrido a tarjetas de terceros para realizar compras personales en lugar de utilizar sus propios medios de pago, especialmente considerando que se trataba de consumos de elevado valor económico.
Los investigadores manejan una hipótesis central: que estas maniobras podrían haber buscado evitar trazabilidad financiera directa.
Pero el monitor gamer no sería un caso aislado.
La causa judicial ya incorporó otras operaciones similares realizadas durante el mismo período. Entre ellas aparecen dos proyectores de alta gama para videojuegos, con valores individuales cercanos a 1,8 millones de pesos cada uno. Según documentación incorporada al expediente, esas compras también habrían sido realizadas mediante tarjetas de crédito de otro funcionario vinculado al entorno de Adorni.
El patrón comienza a repetirse.
Compras de bienes personales de alto valor, utilización de medios de pago ajenos y devoluciones en efectivo.
Ese esquema es uno de los principales focos de análisis para la fiscalía encabezada por Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación patrimonial del exfuncionario.
Pero hay otro capítulo todavía más sensible.
La Justicia también analiza gastos vinculados al equipamiento y remodelación de una propiedad en el country Indio Cua, donde Adorni y su familia habrían invertido cifras millonarias. Según la investigación, parte de las compras destinadas a esa vivienda también habrían sido realizadas a través de terceros.
En ese contexto aparece otro nombre clave: Matías Tabar, el contratista encargado de la remodelación de la propiedad.
Su testimonio se convirtió en una pieza de enorme peso dentro del expediente.
De acuerdo con documentación y pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía reconstruye movimientos financieros, pagos en efectivo y conversaciones que podrían resultar determinantes para entender el flujo real de fondos utilizados por Adorni durante ese período.
Las cifras investigadas son significativas.
Solo en la remodelación de la propiedad, los montos bajo análisis superan ampliamente los ingresos declarados oficialmente por el exfuncionario, lo que alimenta interrogantes sobre la consistencia entre patrimonio, ingresos y gastos.
Ese es hoy el eje central de la causa.
Determinar si el patrimonio y nivel de consumo de Adorni resultan compatibles con sus ingresos declarados o si existieron fondos no justificados.
En el plano político, el caso sigue generando consecuencias.
La renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete buscó aliviar la presión sobre el Gobierno de Javier Milei, que durante semanas enfrentó un fuerte desgaste por la continuidad de uno de sus funcionarios más cercanos.
Aunque Milei sostuvo públicamente su confianza en la inocencia de Adorni, la acumulación de pruebas, testimonios y nuevos indicios complica el escenario judicial del exfuncionario.
Y también mantiene abierto un frente incómodo para el oficialismo.
El gobierno libertario construyó buena parte de su capital político sobre una narrativa de ruptura con las prácticas de la vieja política y promesas de transparencia institucional. Por eso, cualquier avance judicial en la causa Adorni tiene impacto directo sobre esa narrativa.
La investigación aún está lejos de cerrarse.
Pero cada nuevo testimonio parece reforzar la idea de que la causa está entrando en una etapa más delicada.
Lo que comenzó como una investigación patrimonial hoy se expande hacia un entramado más complejo de gastos, transferencias, compras y operaciones financieras que la Justicia intenta reconstruir pieza por pieza.
Y en ese rompecabezas, cada nueva declaración suma presión sobre el exjefe de Gabinete.
