Córdoba: 7.247 trabajadores bajo procedimientos preventivos de crisis
En Córdoba 7.247 trabajadores están alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis, un 15% más que semanas atrás, y los sectores más afectados son comercio, metalurgia, construcción, alimentos y servicios.
"En 2002 la desocupación superó el 20% y dejó una huella profunda en el mercado laboral argentino; hoy Córdoba enfrenta señales de deterioro que evocan aquellos años", advierten especialistas al comparar contextos.
La crisis económica comenzó a impactar de lleno en el empleo formal cordobés. La Secretaría de Trabajo de la Provincia reveló que actualmente 7.247 trabajadores registrados se encuentran alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), mecanismo que habilita suspensiones, reducción de jornadas y rebajas salariales para evitar despidos masivos.
El dato muestra un deterioro acelerado. Apenas semanas atrás el mismo relevamiento contabilizaba 6.302 trabajadores afectados. Ahora la cifra se acerca a los 7.250, por lo que el aumento de afectados es del 15%. La situación coincide con las advertencias que viene realizando el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López.
El funcionario reconoció públicamente que "el proceso de crisis laboral se agudiza" y atribuyó el fenómeno a la caída del consumo y a la retracción de la actividad industrial. Según explicó, los procedimientos preventivos se multiplicaron especialmente en comercio, metalurgia, construcción, alimentos y servicios.
Los números del informe trazan una radiografía de la crisis del empleo formal. De los 7.247 trabajadores afectados, 5.882 corresponden a Córdoba Capital y 1.365 al interior provincial. La modalidad predominante son las suspensiones con pago parcial del salario. En total existen 46 expedientes en la Capital y 27 en el interior, es decir 73 empresas.
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En numerosos acuerdos los trabajadores cobran entre el 50% y el 75% de sus ingresos mediante sumas no remunerativas. También aparecen reducciones de jornada, eliminación de premios por asistencia, disminución de horas de trabajo y suspensiones temporarias de distinta intensidad.
La zona de Río Segundo encabeza el interior con siete empresas afectadas. Allí predominan las reducciones de jornada, suspensiones semanales y recortes de adicionales salariales.
San Francisco, la ciudad de donde vive Martín Llaryora, registra cinco empresas involucradas. La mayoría pertenece al entramado industrial y autopartista. Villa María suma cuatro empresas, mientras que Jesús María, bastión de La Libertad Avanza, acumula cinco casos. También aparecen expedientes en Alta Gracia, La Falda, Río Tercero y Río Cuarto.
El ministro Julián López
En la Capital, la Secretaría de Trabajo identifica cuatro focos principales: transporte y logística, seguridad privada, industria metalmecánica y comercio. Son los sectores que concentran la mayor cantidad de trabajadores bajo esquemas de crisis.
Las declaraciones del ministro López reflejan la preocupación del Gobierno provincial. El titular de la cartera que administra los procedimientos preventivos de crisis remarcó: "No estamos ante un shock puntual sino ante un deterioro sostenido del mercado laboral". Y advirtió que "el proceso de crisis se agudiza, hay una caída del consumo y un proceso de desindustrialización que afecta a sectores enteros".
Análisis y Proyecciones: El avance de los PPC y la generalización de suspensiones con pagos parciales sugieren riesgos crecientes de precarización y aumento del empleo informal, una tendencia observada en episodios previos de contracción económica. Si persisten la caída del consumo y la retracción industrial, las empresas podrían trasladar la presión a más reducciones de personal o cierres definitivos, con impacto en la recaudación tributaria provincial y en la demanda interna. Políticamente, el deterioro del empleo suele traducirse en mayor conflictividad social y presión sobre las autoridades para instrumentar medidas de contención laboral y asistencia a sectores afectados.
Evolución reciente: En los últimos años la provincia mostró fluctuaciones vinculadas a la coyuntura macroeconómica nacional: tras la recuperación parcial pospandemia, las altas tasas de inflación y la incertidumbre cambiaria presionaron costos y márgenes industriales. La proliferación de PPC en sectores como el comercio y la metalurgia refleja un proceso acumulado de pérdida de competitividad y caída de la demanda interna. A la fecha del informe, las posturas de los actores se han endurecido: el Gobierno provincial enfatiza la necesidad de políticas de sostén productivo, mientras que empresas reclaman flexibilidad laboral y contención de costos. Sindicatos, por su parte, han pasado de reclamar medidas paliativas a exigir políticas activas para preservar empleo.
En conjunto, la escena sugiere que, sin reactivación del consumo o apoyo específico a la industria, la situación laboral en Córdoba podría profundizarse en los próximos meses, obligando a un diálogo más amplio entre Estado, empresas y trabajadores para evitar una mayor pérdida de empleo formal.
