FENA exige reglas iguales ante posible apertura del cabotaje

La Federación de Empresas Navieras Argentinas respalda la modernización del transporte por agua, pero condiciona su apoyo a que las reformas garanticen reglas "razonables, previsibles y equivalentes" para todos los operadores en aguas argentinas.

"El ejemplo del 'Jones Act' de 1920 muestra cómo las normas de cabotaje pueden moldear la soberanía logística de un país", recuerda la historia de las regulaciones marítimas, y en ese marco la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) manifestó su respaldo a una agenda de modernización del transporte marítimo y fluvial, aunque subrayó que cualquier reforma debe asegurar “reglas razonables, previsibles y equivalentes” para todos los operadores que actúan en aguas argentinas.

La entidad, que agrupa a los principales armadores y operadores navieros del país, defendió que la normativa nacional vigente busca fomentar el desarrollo de una flota doméstica capaz de garantizar el abastecimiento y ofrecer una respuesta estratégica sostenible ante escenarios internacionales adversos.

No obstante, FENA expresó su preocupación ante el avance de “modificaciones a la normativa vigente que permitan que empresas extranjeras ejerzan actividades de transporte de cabotaje nacional, compitiendo en el mercado local desde estructuras radicadas en jurisdicciones que, en muchos casos, enfrentan menores obligaciones fiscales, laborales, previsionales y regulatorias que las empresas argentinas, las cuales deben cumplir una normativa local con exigencias competitivas significativamente mayores”.

El año pasado, desde el Congreso se rechazó el DNU 340/2025, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual el Gobierno había introducido reformas al régimen de la marina mercante. Entre otras medidas, se facilitaba la posibilidad de que buques extranjeros obtuvieran el tratamiento de bandera argentina para prestar servicios de cabotaje.

Ahora, desde la cartera de Federico Sturzenegger se prepara una nueva iniciativa para desregular el sector.

En su comunicado, FENA afirmó que comparte los objetivos de reducir los costos logísticos, aumentar la participación de empresas nacionales en el transporte por agua, fomentar inversiones y mejorar la competitividad de las economías regionales. Sin embargo, alertó que una apertura indiscriminada del cabotaje podría generar “desigualdades competitivas” difíciles de revertir.

“La Marina Mercante Argentina no necesita privilegios; necesita reglas parejas para competir”, afirmó Gustavo D’Amico, presidente de FENA. “Estamos dispuestos a acompañar toda reforma que genere más carga por agua, menores costos logísticos y mayor inversión, siempre que las condiciones sean equivalentes para todos los operadores que actúan en aguas argentinas”, añadió.

“La competencia es positiva cuando promueve eficiencia e inversión bajo condiciones equivalentes y dentro de un mismo marco legal”, indicó la entidad. De lo contrario, advirtió, el resultado podría ser “la sustitución progresiva de la marina mercante nacional por flota extranjera”.

FENA también resaltó que el costo logístico argentino no depende exclusivamente del régimen naviero, sino de múltiples factores estructurales: costos portuarios, estiba, practicaje, pilotaje, remolque, tasas, cargas sociales, impuestos y trámites administrativos inciden de manera relevante en la competitividad del transporte por agua.

Para encarar esos desafíos, FENA impulsa un “Plan Estructural para la Competitividad” que pivota sobre cuatro ejes: equiparación fiscal, alivio tributario, simplificación regulatoria y modernización del régimen laboral marítimo.

Análisis y Proyecciones

Desde la teoría económica del transporte y la experiencia internacional se advierte que la liberalización del cabotaje puede reducir costos a corto plazo mediante mayor oferta y menor concentración, pero también implica riesgos estructurales. El uso de banderas y registros en jurisdicciones con menores costos laborales y fiscales —la práctica conocida como "flags of convenience"— suele generar ventajas competitivas para operadores extranjeros que difícilmente pueden replicar navieras locales con mayores obligaciones sociales y fiscales. A medio y largo plazo, esa dinámica puede producir pérdida de capacidad industrial y empleo especializado en la actividad marítima, erosión de conocimiento técnico y dependencia de flotas externas para la logística interna. Por otro lado, una apertura bien diseñada podría atraer inversiones en tonelaje y servicios, siempre que se condicione la entrada a estándares laborales, fiscales y regulatorios equivalentes, y a medidas complementarias sobre puertos y facilidades logísticas.

Evolución reciente y cambios de postura

En los últimos años se observó una tensión creciente entre la necesidad de reducir costos logísticos —reclamada por sectores exportadores y de la cadena de suministro— y la protección de la marina mercante como activo estratégico. Históricamente, la política argentina ha oscilado entre medidas de promoción de flota nacional y episodios de impulso a la desregulación. Hasta 2023, las posturas públicas de armadores y gremios mostraban una convergencia cautelosa: los privados aceptan reformas que mejoren eficiencia, pero insisten en reglas de juego homogéneas; los sindicatos y parte del sector político reclaman salvaguardias para empleo y soberanía logística. La iniciativa frustrada por el rechazo al DNU 340/2025 ejemplifica esa disputa, y la convocatoria a una nueva propuesta desde el Ministerio de Federico Sturzenegger confirma que el debate seguirá marcando la agenda. FENA ha mantenido una posición consistente: acompañamiento condicionado, reclamo de equidad y propuesta de medidas estructurales para mejorar competitividad sin sacrificar capacidad nacional.

En síntesis, la discusión no es solo sobre abrir o cerrar el cabotaje, sino sobre cómo articular reformas que reduzcan costos mientras preservan capacidades productivas, empleo y seguridad logística. Las decisiones que se tomen determinarán si el país converge hacia mayor eficiencia con flota y tripulaciones locales fortalecidas, o hacia una mayor dependencia de operadores extranjeros con consecuencias estructurales duraderas.