Diputados debate si habilitar comisiones que podrían interpelar a Adorni

El interbloque que suele sostener al oficialismo evalúa habilitar el tratamiento de proyectos que podrían desembocar en una interpelación al jefe de Gabinete; la decisión depende de bloques que suman 22 diputados.

"La figura del jefe de Gabinete fue incorporada por la reforma constitucional de 1994": desde entonces, la interpelación y la posibilidad de censura son instrumentos que el Congreso ha utilizado ocasionalmente para controlar la gestión ejecutiva. Hoy, mientras Javier y Karina Milei reiteran su apoyo a Manuel Adorni, los aliados parlamentarios que hasta ahora frustraron intentos opositores para desplazarlo comienzan a replantear su estrategia. Pro, la UCR, el MID y sectores vinculados a gobernadores dialoguistas definirán esta semana si habilitan la sesión impulsada por la oposición para activar el tratamiento de los proyectos que piden la interpelación del jefe de Gabinete.

La discusión adquiere centralidad porque, sin esos votos, la oposición carece de margen para avanzar. Si los acompañamientos se concretan, la oposición podría abrir un proceso que eventualmente derive en una moción de censura contra el funcionario; sin ellos, las iniciativas permanecerían estancadas.

Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, de Pro, junto a Pamela Verasay (UCR)

Los bloques de Pro, la UCR y el MID, que integran el interbloque Fuerza del Cambio junto con figuras como Karina Banfi y el santacruceño José Garrido, se reunirán en los próximos días para fijar una posición. En conjunto suman 22 diputados y, según admiten en privado, existe una predisposición a facilitar el debate, aunque sin definir aún hasta qué punto se implicarán.

El viraje en la atmósfera política se explica, en buena medida, por las explicaciones públicas de Adorni sobre los US$500.000 que omitió en sus declaraciones juradas y que atribuyó a operaciones exitosas en Bitcoin. Frente a ello, tanto Pro como la UCR emitieron comunicados críticos en los que catalogaron la situación como una “falta grave” y reclamaron aclaraciones “claras e inmediatas”.

Los aliados, sin embargo, procuran distinguir su posición de la de la oposición pura. “Una cosa es habilitar el trabajo de las comisiones y otra muy distinta es sumarse a una maniobra destituyente”, explican cerca de los bloques que habitualmente acompañan al oficialismo, buscando marcar una línea entre posibilitar el debate y promover la remoción.

La misma incertidumbre interna afecta al bloque Innovación Federal, compuesto por nueve diputados ligados a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Sus miembros también planean reunirse esta semana para definir su postura ante la convocatoria.

La sesión fue convocada para el 23 de junio a las 14 por fuerzas como Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) y parte del interbloque Provincias Unidas, que nuevamente exhibe divisiones internas. Acompañan socialistas, radicalismo crítico, los jujeños afines al gobernador Carlos Sadir y, en esta oportunidad, también los cordobeses vinculados a Martín Llaryora, representados por Carlos Gutiérrez.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión; por eso, cualquier intento de aprobarlos directamente exigiría una mayoría de dos tercios que la oposición no tiene. En consecuencia, la iniciativa real detrás de la convocatoria es otra: obtener una mayoría simple para emplazar a las comisiones y forzarlas a tratar los expedientes, fijar fechas de debate y acelerar la tramitación de las propuestas que piden la interpelación de Adorni.

La presión operaría sobre las principales autoridades de comisión de las tres instancias que deberían intervenir: los libertarios Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales), Alberto “Bertie” Benegas Lynch (Presupuesto y Hacienda) y Giselle Castelnuovo (Peticiones, Poderes y Reglamento).

Silvana Giudici, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, en el centro del bloque libertario

Si la oposición consigue los votos necesarios para sesionar, el oficialismo quedará obligado a discutir el caso durante al menos dos semanas, un escenario incómodo para la Casa Rosada, más aún si se considera que Adorni transita un momento de visible aislamiento político.

Desde la entrevista que brindó a LN+, ningún ministro ni referente legislativo salió públicamente en su defensa. Javier Milei se limitó a replicar un mensaje del cineasta Santiago Oría, mientras que Karina Milei publicó una foto de la mesa política oficialista por el cumpleaños de Patricia Bullrich en la que aparece el jefe de Gabinete, sin referencias directas a la polémica.

Bullrich festejó su cumpleaños junto a su equipo de colaboradores más estrechos en su despacho del Senado

La moción de censura es una herramienta excepcional prevista por la Constitución para desplazar al jefe de Gabinete mediante la mayoría absoluta de ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Antes de llegar a esa instancia, debe realizarse una interpelación formal, en la que el funcionario exponga sus explicaciones ante el Congreso.

Por eso, incluso entre quienes consideran acompañar el avance opositor, nadie habla aún de remover a Adorni. El objetivo inmediato es presionar políticamente y forzar explicaciones públicas; si las respuestas no resultan satisfactorias, la controversia podría escalar hacia instancias mayores.

Los legisladores libertarios que se identifican con Bullrich evitan mostrar fracturas internas, aunque no descartan endurecer su actitud si Adorni persiste en su cargo. Esa definición comenzará a materializarse en los próximos días, a medida que se celebren las reuniones de bloques.

Análisis y proyecciones

La situación abre dos escenarios plausibles: si los aliados del oficialismo habilitan el tratamiento en comisiones, el conflicto se institucionalizará y la presión sobre Adorni aumentará, obligándolo a rendir cuentas en audiencias formales; si, en cambio, los bloques protectores cierran filas y evitan habilitar debates, la controversia podría diluirse políticamente, pero con el costo reputacional de tolerar una falta que sectores internos ya calificaron como grave. En términos políticos, la aceleración del tratamiento podría forzar a la coalición oficialista a decidir entre la defensa pública de un funcionario cuestionado o la búsqueda de una salida negociada que minimice daños electorales y parlamentarios. Desde la teoría de coaliciones, cuando un aliado medianamente autónomo recibe señales de costo político elevadas, tiende a reequilibrar su respaldo para preservar capital político propio; por eso es verosímil que algunos diputados opten por facilitar comisiones sin comprometerse con una maniobra de desalojo institucional.

Evolución reciente y cambios de postura

Históricamente, hasta 2023 la relación entre PRO, la UCR y los bloques provinciales se caracterizó por acuerdos pragmáticos y, en ocasiones, por divisiones en torno a temas de gobernabilidad y transparencia. La creación de la figura del jefe de Gabinete en 1994 reforzó el rol del Congreso como control institucional, y a lo largo de las décadas posteriores los debates sobre interpelaciones y censuras han sido instrumentos esporádicos pero relevantes para dirimir crisis políticas. En los últimos años previos a esta nota, la fragmentación política y la emergencia de fuerzas libertarias cambiaron las dinámicas internas: la disciplina de bloque se volvió más retadora y las decisiones dependieron con mayor frecuencia de negociaciones entre sub-bloques y gobernadores provinciales. Ese proceso explica por qué hoy los sectores que tradicionalmente respaldaron al oficialismo están ponderando con cautela si facilitar el avance opositor: no solo pesan los hechos concretos sobre Adorni, sino también el cálculo de costos electorales y el deseo de evitar alineamientos que puedan resultar políticamente irreversibles.