Milei firma decreto que reduce plazos y elimina la instancia de objeciones ciudadanas

El presidente Javier Milei firmó un decreto que se publicará en las próximas horas y que flexibiliza los requisitos pensados para hacer más visible y transparente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y deja sin efecto la recomendación para que el Presidente contemple la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes.

Hace veinte años, el decreto conocido como "autolimitación presidencial" se impuso como una promesa de mayor publicidad en las designaciones judiciales; hoy esa misma norma será reducida en plazos y procedimientos. El presidente Javier Milei firmó un decreto que, según fuentes oficiales, se publicará en las próximas horas y que flexibiliza los requisitos que hasta ahora buscaban hacer más visible y participativo el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, dejando sin efecto la recomendación sobre la consideración de la diversidad de género, especialidad y procedencia regional entre los postulantes.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes del Gobierno descartaron que el objetivo sea incrementar la opacidad del proceso y defendieron la iniciativa como un mecanismo para agilizar y hacer más eficiente la designación de jueces.

Desde la administración señalaron que la intención principal es simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes con mayor rapidez, reduciendo instancias administrativas que, según sus argumentos, duplican funciones ya ejercidas por el Senado.

El Consejo de la Magistratura debate el reglamento de selección de jueces

Según fuentes de la Casa Rosada, el decreto podría publicarse este lunes o martes; aseguraron además que Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya rubricaron el instrumento.

La norma modifica el decreto 222 de 2003, impulsado por Néstor Kirchner y conocido como de “autolimitación presidencial”, que estableció la obligación del Poder Ejecutivo de publicar en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, durante al menos tres días, el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos; además exigía que los postulantes presentaran una declaración jurada detallada de su patrimonio.

Ese decreto también incorporó la participación de la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los colegios profesionales para que, en un plazo de 15 días, presentaran observaciones o impugnaciones fundadas sobre los aspirantes ante el Ministerio de Justicia.

Completada esa etapa de evaluación en el Ministerio, el Poder Ejecutivo enviaba el pliego al Senado, donde los candidatos enfrentaban una nueva ronda de impugnaciones o apoyos y una audiencia pública; la aprobación final exigía una mayoría de dos tercios de los miembros presentes del cuerpo.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, los tres jueces de la Corte

En el nuevo texto oficial, según lo señalado por funcionarios, se elimina la instancia de impugnaciones y la participación ciudadana en el Ministerio de Justicia con su plazo de 15 días, y se suprime la obligación de publicar la postulación en los diarios. Desde el Gobierno justificaron la omisión de esa etapa porque, aseguraron, “guarda similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado”.

En el Ejecutivo sostienen que existía una “duplicación de instancias administrativas (publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas) dentro de la órbita del Ministerio de Justicia”. En la práctica, advierten, los tiempos del proceso para designar un juez de la Corte se reducirían de forma notable.

Milei, Mahiques y Martín Menem

El decreto de Milei también cambia la forma en que los candidatos a juez de la Corte deben declarar sus bienes y deudas. Según informaron desde la Casa Rosada, se establece “un régimen uniforme en materia de información patrimonial y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos”.

Desde el Gobierno afirmaron que estos cambios no implican la supresión de los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana en la designación de magistrados, ya que, en su visión, tales garantías quedarían aseguradas a través del procedimiento que se desarrolla en el Senado.

En alerta

Las ONG que trabajan en asuntos de transparencia y lucha contra la corrupción se declararon en alerta ante los lineamientos anunciados y pidieron poder ver el texto definitivo antes de emitir un juicio sobre su impacto real.

En respuesta, el Ejecutivo señaló que el decreto moderniza el sistema de publicación a la dinámica actual de comunicación y tecnologías disponibles: acorta el plazo de notificación de la postulación e incorpora la publicación en la página oficial del Ministerio de Justicia.

Además, se establece un mecanismo para que la ARCA informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos y se fija un plazo de cinco días para que los aspirantes presenten las declaraciones juradas de bienes exigidas por la Ley de Ética Pública.

En el oficialismo insisten en que la reducción de los plazos y la eliminación de recomendaciones del decreto de Kirchner en torno a la diversidad de género, especialidad y procedencia regional buscan agilizar los trámites y ahorrar tiempo en la designación de jueces.

Esas recomendaciones no habían sido observadas por el Gobierno cuando propuso para la Corte al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla; sin embargo, el extenso trámite previsto por el decreto 222/03 terminó por amplificar el desgaste político del oficialismo frente a las repetidas impugnaciones contra Lijo, que continuaron luego en el Senado.

Los cambios impulsados por Milei y Mahiques generan expectativa en distintos ámbitos del Poder Judicial, en un momento en que el Gobierno aceleró la cobertura de vacantes de jueces y fiscales de la Justicia Nacional y Federal: ya envió al Senado más de cien pliegos de candidatos que superaron el examen en el Consejo de la Magistratura y logró el acuerdo para 74 pliegos.

En paralelo, el Presidente debe firmar los decretos de designación de cada uno de los jueces y fiscales que obtuvieron acuerdo, y el Ejecutivo puede reactivar la intención de completar la Corte Suprema, que hoy cuenta con tres de los cinco jueces previstos por la ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Carlos Mahiques, el camarista cuyo caso toma el gobierno como un aliciente para próximas votaciones en el Senado

El ministro Mahiques sostuvo que podría pensarse en cubrir vacantes ahora, dado que el pliego de su padre, Carlos “Coco” Mahiques, para renovar su acuerdo en el Senado como juez de la Cámara de Casación obtuvo 58 votos, cifra que, según comentan en el oficialismo, supera la requerida para un juez de la Corte.

Otro actor que planteó avanzar en la cobertura fue Lorezetti, que se reunió con Milei y le propuso como candidatos al camarista de la Casación Mariano Borinsky y a la jueza del tribunal oral en lo penal económico Karina Perilli.

Magistrados que participan de esas conversaciones también propusieron a la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y cercana a Rosatti. Las medidas anunciadas por el Gobierno alimentaron especulaciones sobre la posibilidad de que se acelere el proceso de renovación de los integrantes de la Corte.

Análisis y proyecciones

La modificación propuesta plantea una disyuntiva clásica entre eficiencia administrativa y controles democráticos. Teorías bien establecidas sobre captura institucional y equilibrio de poderes sugieren que la reducción de etapas públicas en los nombramientos puede facilitar la cobertura más rápida de vacantes, pero al mismo tiempo aumenta el riesgo de que el proceso quede más expuesto a decisiones de naturaleza política. En escenarios comparables, la eliminación o acortamiento de auditorías públicas suele derivar en una menor fiscalización social y en una mejora temporal en la velocidad de designaciones, pero con costos en la percepción de legitimidad de las instituciones.

En términos prácticos, es proyectable que el Gobierno logre acelerar la designación de jueces con esta herramienta, especialmente si consigue acuerdos parlamentarios. Pero esa rapidez podría traducirse en demandas judiciales, conflictos con organizaciones de la sociedad civil y cuestionamientos públicos que, a su vez, prolonguen litigios y generen controversias políticas. A mediano plazo, la tensión entre independencia judicial y celeridad en las designaciones será un factor clave para la estabilidad institucional y para la confianza en la Corte Suprema.

Evolución y cambios en la postura de los actores

Desde la sanción del decreto 222/03 en 2003 hasta la actualidad, la postura de los distintos actores se fue moviendo según el contexto político: aquel instrumento surgió en un momento de búsqueda de mayor publicidad en los nombramientos; con el paso de los años, algunos gobiernos reclamaron que las instancias de control eran excesivas y que entorpecían la renovación de magistrados; otros, en cambio, enfatizaron la necesidad de mantener mecanismos de participación ciudadana y de transparencia. El Consejo de la Magistratura mantuvo su rol de filtro técnico, mientras que el Senado siguió siendo la arena política decisiva por la exigencia de una mayoría calificada.

En los últimos años se observó además una mayor politización de los pliegos, con impugnaciones y debates públicos que prolongaron los tiempos de designación. El actual gobierno, con Milei y Mahiques al frente, adopta una posición más orientada a la rapidez operativa y a la reducción de instancias que considera redundantes, mientras que ONG y sectores judiciales reclaman preservar o incluso fortalecer los controles públicos.

La conducta de actores clave como el Senado—donde se define finalmente la aprobación—seguirá siendo determinante: la promesa presidencial de postergar eventuales nombramientos de jueces de la Corte hasta después de 2027 refleja una apuesta electoral y parlamentaria para obtener mayor capacidad de negociación; en paralelo, movimientos en el Consejo de la Magistratura y acuerdos por pliegos concretos muestran que la dinámica de las designaciones combina elementos técnicos, judiciales y políticos que han evolucionado en los últimos veinte años.