Entre la confianza y la sospecha
Por Caraí Identidad para Identidad Correntina
Hay momentos en la vida pública donde el problema no es solamente la plata.
El problema es la confianza.
Porque la plata aparece, desaparece, cambia de dueño, se invierte, se hereda o se pierde. Pero la confianza, cuando se rompe, cuesta mucho recuperarla.
En estos días volvió a quedar en evidencia una vieja enfermedad argentina: la distancia entre lo que los dirigentes les exigen a los ciudadanos y lo que están dispuestos a exigirse a sí mismos.
Al vecino común le piden facturas, recibos, declaraciones juradas, comprobantes, explicaciones y hasta certificaciones para cualquier trámite.
Sin embargo, cuando aparecen inconsistencias en los patrimonios de algunos funcionarios, de pronto todo parece entrar en una zona gris donde abundan las explicaciones difíciles de entender y escasean las respuestas simples.
Y la sociedad ya está cansada.
No porque sospeche automáticamente de todos.
Sino porque aprendió a desconfiar.
Aprendió después de décadas de escándalos, corrupción, privilegios y relatos que terminaban derrumbándose como castillos de naipes.
Por eso el problema no es solamente legal.
Es ético.
La pregunta no es únicamente si hubo delito.
La pregunta es si una explicación resulta creíble para millones de argentinos que trabajan toda su vida, pagan impuestos, hacen malabares para llegar a fin de mes y muchas veces no logran ahorrar ni una pequeña parte de lo que ganan.
Mientras tanto, la Argentina atraviesa un momento particular.
La inflación muestra señales de desaceleración.
Algunos indicadores financieros mejoran.
Los mercados observan con optimismo ciertas variables económicas.
Pero la política vuelve a demostrar que los números no alcanzan.
Porque la confianza institucional no se construye solamente con superávit fiscal, riesgo país o cotizaciones bursátiles.
También se construye con transparencia.
Y la transparencia exige algo muy sencillo: que las explicaciones sean claras.
Cuando una historia necesita demasiadas aclaraciones, demasiados detalles agregados o demasiadas correcciones posteriores, inevitablemente surgen dudas.
No porque la gente sea malintencionada.
Porque la lógica humana funciona así.
La confianza entra por el mismo lugar que sale: la credibilidad.
Y la credibilidad no se decreta.
Se gana.
La Argentina necesita funcionarios honestos, pero también funcionarios capaces de demostrar esa honestidad sin que el ciudadano tenga que convertirse en investigador, contador o abogado para entender una declaración patrimonial.
En un país donde millones de jubilados cuentan monedas para comprar medicamentos, donde los trabajadores pelean contra el costo de vida y donde los jóvenes buscan oportunidades que muchas veces no encuentran, la ejemplaridad pública debería ser una obligación y no una opción.
Tal vez la discusión de fondo no sea una suma de dinero.
Ni una declaración.
Ni un expediente.
Tal vez la verdadera discusión sea cuánto daño produce cada episodio que alimenta la idea de que existen reglas distintas para quienes gobiernan y para quienes son gobernados.
Y esa, lamentablemente, es una herida que la Argentina todavía no logra cerrar.
Porque los pueblos pueden soportar crisis económicas.
Lo que difícilmente soportan durante mucho tiempo es perder la confianza en quienes les piden sacrificios.
