Pesino afronta críticas por fallos y contactos con funcionarios; Bullrich promete apoyo de La Libertad Avanza
Pesino defendió sus decisiones y negó presiones; Bullrich anunció respaldo y conversó con el gremialista Abel Furlán al término de la exposición.
"La intervención judicial de sindicatos, una herramienta recurrente en episodios de alta conflictividad política en el siglo XX argentino, reapareció como eje del debate público en la audiencia por la renovación del magistrado", dijo un histórico especialista en derecho laboral al comenzar la jornada, enmarcando la discusión nacional que concentró la atención en la Comisión de Acuerdos del Senado. La audiencia giró en torno a la solicitud de prórroga por cinco años que presentó Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, una petición que choca con la edad límite constitucional de 75 años para los magistrados.
Pesino fue el foco principal de las críticas del Partido Justicialista (PJ) por dos resoluciones que lo enfrentaron con sindicatos: el fallo que dejó sin efecto una cautelar que suspendía puntos centrales de la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Esos episodios motivaron un extenso interrogatorio durante la audiencia pública en la que siete postulantes defendieron sus pliegos.
El intercambio con los senadores fue tenso, con preguntas insistentes de los kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro. La jornada culminó con una enérgica defensa pública de Patricia Bullrich, quien anunció el respaldo de La Libertad Avanza (LLA) a la continuidad de Pesino en su cargo.
Ante la Comisión, Pesino llegó acompañado por cuatro presentaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Esos planteos cuestionaron su intervención en causas sindicales, la demora en la tramitación de expedientes por parte de la Sala VIII y una sentencia que luego debió ser anulada por errores en su redacción.
La semana anterior, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, había sido recibido por el bloque del PJ para expresar su rechazo al fallo de Pesino que declaró nulas tanto la elección nacional del gremio como la de la seccional Campana. Furlán estuvo presente durante la audiencia y siguió de cerca las exposiciones.
Recibimos en el @BJusticialistaS a Abel Furlán y a integrantes del Consejo Directivo de la UOM para interiorizarnos sobre la intervención judicial arbitraria contra el sindicato y expresarles todo nuestro apoyo.
— Wado de Pedro ???????? (@wadodecorrido) May 27, 2026
También conversamos sobre el accionar del juez Víctor Pesino, uno… pic.twitter.com/Ex3UYTUpvW
Las preguntas más incómodas apuntaron a los vínculos del magistrado con funcionarios del Poder Ejecutivo antes de que avanzara su trámite de renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y que el 7 de abril conversó brevemente con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a los señalamientos sobre un posible conflicto de intereses, Pesino explicó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. Negó además haber recibido garantías respecto del envío de su pliego: “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, afirmó.
Pesino rechazó de forma rotunda cualquier injerencia externa en las causas sensibles que tramitó la Sala VIII. Ante preguntas sobre presiones, llamados o beneficios indebidos vinculados con la causa impulsada por la CGT contra la reforma laboral, respondió con un tajante “No”.
La tensión escaló cuando Recalde mencionó que en los pasillos de los Tribunales circulaba el apodo “Bonnie and Clyde” para referirse a Pesino y a la camarista María Dora González, quienes firmaron el fallo que posibilitó la entrada en vigencia de la reforma laboral. La referencia provocó una reacción inmediata de Bullrich, que rechazó las insinuaciones.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza acusó a la oposición de valerse de rumores y versiones sin pruebas para deslegitimar al magistrado y reivindicó su fallo en la causa vinculada con la reforma laboral: “Tomó una decisión respecto a algo muy importante para la Nación Argentina: que las leyes que este Congreso vota se respetan”, sostuvo. Además, anticipó que LLA votará a favor de la renovación por cinco años.
Pese a la defensa pública, hubo gestos de acercamiento hacia el sector sindical que cuestiona al magistrado: finalizada la exposición, la senadora se acercó a conversar con Furlán, de la UOM.
Durante ese intercambio, Furlán detalló el expediente que desembocó en la intervención del gremio y en la anulación de las elecciones que lo habían ratificado al frente de la organización. Según reconstrucciones periodísticas, Bullrich se comprometió a revisar el caso, le dejó un contacto telefónico y la conversación terminó en términos cordiales.
Reforma laboral y demoras en expedientes
Buena parte del diálogo también se concentró en el fallo que modificó los efectos de la cautelar presentada por la CGT contra la reforma laboral. Pesino defendió su actuación y sostuvo que la Cámara resolvió una cuestión procesal y no el fondo del asunto: “Ningún juez de la Nación tiene aptitud para impedir la entrada en vigencia de una ley de alcance general”, argumentó en alusión a la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Respecto de las demoras en la Sala VIII, el camarista explicó que se deben a la acumulación de vacantes y al abultado flujo de causas: “Estamos recibiendo aproximadamente 600 expedientes mensuales y es materialmente imposible resolver esa misma cantidad para evitar que siga creciendo el stock de causas”, dijo en su defensa.
Además de Pesino, expusieron ante la Comisión otros cinco candidatos para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Diego Fernando Manauta (Sala V), María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Claudio Fabián Loguarro (Sala III) y Marina Edith Pisacco (Sala VI).
La postulación de Pisacco fue observada por algunos por su vínculo familiar: es la esposa del periodista de TN Adrián Ventura. Ese antecedente recordó el episodio del pliego de Verónica Michelli, cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, objetado por Javier Milei, aunque las preguntas dirigidas a Pisacco se centraron en cuestiones estrictamente jurídicas.
La nómina se completa con Leopoldo Rago Gallo, quien también pidió una renovación por cinco años al frente del Juzgado Federal N.º 2 de San Juan.
Al término de la reunión, fuentes senatoriales indicaron que ningún pliego fue girado para la firma: ninguno obtuvo despacho de la Comisión de Acuerdos que preside el riojano libertario Juan Carlos Pagotto, pese a que el oficialismo analiza aprobarlos en el recinto la semana siguiente.
Análisis y Proyecciones
La audiencia refleja una tensión sostenida entre la política y la justicia laboral en Argentina. Históricamente, las intervenciones judiciales en sindicatos y los fallos que condicionan la vigencia de leyes laborales han sido detonantes de conflictos sociales y politización del Poder Judicial. En un escenario de alta polarización, la consolidación de criterios procesales que impidan cautelares contra normas de alcance general puede acelerar la implementación de reformas impulsadas por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo alimentar resistencias sindicales y litigios estratégicos. A mediano plazo, si persiste la percepción de parcialidad o de contactos entre jueces y funcionarios, puede crecer la presión por cambios institucionales —como mayor fiscalización de los pliegos o reformas a los mecanismos de designación y remoción— que afecten la independencia judicial y la estabilidad de las normas laborales.
Evolución reciente del conflicto
En los últimos años hasta octubre de 2023, la relación entre sindicatos, el Poder Judicial y los sucesivos gobiernos mostró una dinámica de creciente judicialización de los conflictos laborales. Los sindicatos recurrieron con mayor frecuencia a la vía judicial para defender convenios y derechos, mientras que algunos fallos judiciales terminaron por definir con efectos concretos sobre la implementación de políticas laborales. Paralelamente, la discusión sobre la composición y la renovación de tribunales ganó centralidad política, con propuestas de reformas y objeciones públicas a designaciones que, según críticos y defensores, podrían inclinar la balanza en casos de alto impacto económico y social. Esa trayectoria antecedente ayuda a entender por qué la audiencia de hoy se vivió con tanta tensión y por qué cada gesto —desde un fallo procesal hasta una reunión previa con funcionarios— adquiere relevancia política y mediática.
