Los robos y hurtos bajan en Argentina pero crecen los episodios violentos
El informe del SNIC revela una caída notable de robos y hurtos en 2025, aunque alerta por el aumento de los robos agravados y la continuidad de las estafas virtuales.
"Durante la crisis social y económica de 2001 en Argentina los delitos contra la propiedad se dispararon, un antecedente que recuerda cuánto impactan las condiciones sociales en la inseguridad": con ese dato histórico como gancho, el balance estadístico vinculado a los robos y hurtos de 2025 muestra números alentadores para las áreas de Seguridad, aunque también evidencia realidades distintas a lo largo del país.
El procesamiento de información de las 24 jurisdicciones y de las cinco fuerzas federales, según el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), indica que los delitos contra la propiedad —en particular los robos (que implican el uso de fuerza o violencia) y los hurtos (apropiación de bienes sin violencia física)— registraron un retroceso marcado y generalizado en todo el territorio nacional.
Este diagnóstico, construido a partir de la consolidación de datos jurisdiccionales, revela una Argentina en la que los delitos contra la propiedad parecen estar cediendo frente a nuevas dinámicas criminales y a cambios en la intervención policial y judicial.
A nivel nacional, la tasa de robos totales (que incluye robos simples, agravados y sus tentativas) se ubicó en 861,6 hechos por cada 100.000 habitantes, lo que representa una reducción del 21,2% respecto a 2024. En términos absolutos, el país pasó de registrar más de medio millón de robos a un total de 399.676 hechos en 2025, según el relevamiento.
En el análisis por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista en volumen total con 118.868 hechos, concentrando casi el 30% de los robos del país. Sin embargo, ese distrito experimentó una baja interanual de 14,9%, lo que muestra una disminución aunque aún con alto peso absoluto.
En segundo lugar, en cuanto a cifras netas, se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 57.824 hechos, seguida por Córdoba con 52.014 reportes, manteniéndose como los otros dos grandes focos por volumen.
No obstante, el volumen absoluto puede ser engañoso si no se ajusta por población. Al observar la tasa de incidencia, el cuadro se modifica y aporta claves sobre la densidad del fenómeno.
La ciudad de Buenos Aires lidera por tasa de robos con 1877,6 cada 100.000 habitantes, aunque allí también se observó uno de los descensos más pronunciados: una caída del 25,5%. Le siguen en incidencia relativa Mendoza (1318,3), Córdoba (1314,3) y San Juan (1239,1).
En la otra punta del ránking, La Pampa presentó la tasa más baja del país: 266,7 casos cada 100.000 habitantes. Detrás aparecen Chaco (330,8) y Tierra del Fuego (344,5), mostrando contrastes regionales notables.
En términos de cantidad mínima de hechos, Tierra del Fuego registró apenas 627 robos en el año, consolidándose como la jurisdicción con menor volumen absoluto.
Hurtos: menos arrebatos y más prevención
El hurto, entendido como el delito contra la propiedad sin violencia sobre las personas, también mostró una mejoría estadística notable en el período.
La tasa nacional disminuyó un 17%, ubicándose en 703,4 hechos cada 100.000 habitantes, con un total de 326.285 casos denunciados, según el informe consolidado.
Por volumen absoluto, la provincia de Buenos Aires (79.510 hechos), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (53.664) y Córdoba (36.950) concentraron la mayor cantidad de denuncias, reflejando la incidencia demográfica en los totales.
En términos relativos, la Capital Federal volvió a encabezar la lista con una tasa de 1742,5. Provincias del norte como Salta (1275,1) y Santiago del Estero (1064,5) mostraron niveles de hurto proporcionalmente elevados, incluso superiores a algunos grandes centros urbanos del interior.
La menor incidencia se registró en Corrientes, con la tasa de hurtos más baja del país: 302,7 cada 100.000 habitantes. Le siguieron la provincia de Buenos Aires (455,8) y San Luis (500,4).
En volumen mínimo, Tierra del Fuego volvió a ser la jurisdicción con menos hechos absolutos: 1163 hurtos en 2025.
Aunque la caída de los robos y hurtos es generalizada en las 24 jurisdicciones, el informe del SNIC plantea una advertencia: mientras el volumen total de delitos contra la propiedad disminuye, la intensidad de la violencia en los hechos que sí ocurren mostró una luz de alerta.
Los robos agravados por lesiones o muerte tuvieron un incremento del 45,3% a nivel nacional, concentrándose principalmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, según los datos del relevamiento.
A esa tendencia se suma el fenómeno de las estafas virtuales, que, según publicó LA NACION, son el único delito contra la propiedad que mantiene una curva ascendente.
Análisis y proyecciones
La combinación de una reducción general de robos y hurtos con el aumento de los casos agravados sugiere una polarización de la criminalidad: menos delitos en número, pero mayor violencia en ciertas situaciones. Desde la criminología se conoce que cambios tecnológicos, estrategias de prevención situacional y variaciones en la respuesta policial pueden reducir la oportunidad del delito habitual, pero también empujar a los actores delictivos hacia modalidades más violentas o hacia delitos complejos como las estafas digitales. En perspectiva, si las políticas públicas mantienen el rumbo de prevención situacional y fortalecen la investigación digital, es probable que la tasa de hurtos y robos continúe descendiendo; sin embargo, sin un fortalecimiento paralelo de la persecución de los delitos agravados y de la prevención social en los núcleos urbanos más afectados, la severidad de los episodios podría seguir aumentando.
Evolución reciente y cambios de postura
En los últimos años, hasta 2023, la discusión pública y las políticas en seguridad han transitado desde enfoques centrados en mayor despliegue policial hacia estrategias más técnicas: análisis de datos, coordinación interjurisdiccional y prevención urbana. Las fuerzas y los gobiernos provinciales comenzaron a priorizar la recopilación y sistematización de información (como lo hace el SNIC) para orientar recursos. Al mismo tiempo, actores judiciales y legislativos fueron ajustando marcos procesales y de sanción ante la expansión de fraudes digitales. Esta evolución muestra una mayor sofisticación institucional, aunque con variaciones entre jurisdicciones: algunas provincias han avanzado en programas integrales de prevención, mientras que otras aún dependen de medidas reactivas.
