Pollicita avanza con peritajes y un foco en criptomonedas
Peritajes contables y análisis de criptomonedas definirán en semanas si se exige la declaración indagatoria a Adorni; la causa suma medidas en Comodoro Py y cruces telefónicos pedidos por el juez.
En procesos por presunto enriquecimiento ilícito en Argentina, la prueba decisiva suele ser la traza financiera: en casos emblemáticos como el de Ciccone, los cruces de llamadas y la trazabilidad de fondos resultaron fundamentales para condenas posteriores, y esa misma metodología está ahora en el centro de la pesquisa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita redacta un extenso requerimiento en el que le solicita a Adorni que justifique bienes que, según la fiscalía, no están cubiertos por sus ingresos.
La petición se produce en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y suele ser el paso previo a la citación a prestar declaración indagatoria si las explicaciones no resultan convincentes.
El fiscal aguarda el resultado final de un estudio contable encargado a los peritos de la Procuración General de la Nación, en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que determinará un monto definitivo sobre el patrimonio y las fuentes de ingreso de Adorni.
Los peritajes deberán arrojar una cifra final que relacione los bienes declarados y las adquisiciones del funcionario con sus ingresos. Además del análisis patrimonial tradicional, se sumó un estudio específico sobre criptomonedas y las operaciones que podrían vincularse con Adorni.
Pollicita ya conoce movimientos en cuentas nominadas que permiten seguir la trazabilidad y las operaciones realizadas, pero espera un informe técnico elaborado por dos contadores y un especialista en criptomonedas que reconstruya el recorrido del dinero entre cuentas y entidades.
Ese dictamen de la DATIP fijará el número final que el funcionario deberá justificar, un paso que adquiere mayor relevancia porque Adorni aún no presentó su última declaración jurada de bienes.
Independientemente del monto que quede establecido, la fiscalía entiende que las cuentas no cierran y por ese motivo Pollicita trabaja en el requerimiento de justificación de bienes, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.
En la investigación sobre presunto lavado de dinero, el procedimiento habitual consiste en que, si el fiscal detecta bienes que parecen no estar respaldados por ingresos, formula una intimación al funcionario para que explique el origen de esos bienes.
Corresponde entonces que Adorni presente un escrito detallando caso por caso de dónde surgieron los fondos con que adquirió los bienes que la fiscalía considera sin justificación.
Con esa respuesta en mano, el fiscal tendrá dos alternativas: considerar que las explicaciones son suficientes y archivar o sobreseer; o bien entender que no se justificó el origen de los bienes y solicitar la declaración indagatoria.
Es un trámite que puede extenderse y no se esperan novedades en tribunales por lo menos en un mes y medio, plazo que coincide con el desarrollo del Mundial de Fútbol que arranca esta semana en México, Estados Unidos y Canadá.
Ese lapso es el que podrían demorar los peritos contadores en completar su informe. Con esa información, los investigadores buscan moderar las expectativas sobre la causa y prepararse para un compás de espera respecto del patrimonio de Adorni.
En paralelo, otra causa en manos del juez Ariel Lijo investiga las vinculaciones entre Adorni y su amigo Marcelo Grandio. El magistrado analiza los contratos entre Grandio y la TV Pública y pidió, entre otras medidas, el cruce de llamadas telefónicas entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, la productora de Grandio.
Fuentes judiciales indicaron que Lijo podría citar a Adorni a prestar declaración indagatoria en esta rama del expediente antes de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio.
En el Gobierno, según fuentes oficiales, no creen que Lijo avance con esa decisión de inmediato, porque al mismo tiempo están pendientes los pliegos de ascenso de secretarios y exsecretarios vinculados a Adorni que aspiran a integrar la magistratura federal.
Desde esa órbita sostienen que una eventual citación a indagatoria sería más “un mensaje” que un acto concreto, apreciación que comparten también algunos funcionarios judiciales consultados.
La indagatoria es un acto de defensa del imputado que el juez dispone cuando entiende que existen elementos de prueba suficientes para considerar que el sospechoso puede estar incurso en el delito y debe ser interrogado; no supone una declaración de culpabilidad.
“El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación”, dijo una fuente judicial, que añadió que ello ocurrirá antes de las vacaciones de invierno, previstas entre el 20 y el 31 de julio.
En agenda, Lijo tiene un viaje a París entre el 15 y el 19 de junio para exponer sobre causas de lavado de dinero y rendir informes ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Formarán parte de esa comitiva el juez Sebastián Casanello, el director de la oficina de la Corte especializada en investigaciones complejas Tomás Rodríguez Ponte y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
En los tribunales de Comodoro Py 2002 advierten que, si Lijo decide convocar a indagatoria a Adorni, es muy probable que luego proponga su procesamiento. En la práctica federal no es habitual prever otro desenlace cuando las pruebas documentales y periciales apuntan en la misma dirección.
La indagatoria en este expediente vincularía a Adorni con su relación con el productor Grandio, titular de Imhouse, que registra seis contratos de coproducción con la TV Pública y que, según la investigación, habría realizado transferencias de dinero a Adorni antes de que éste asumiera su cargo público.
También se investiga que Adorni viajó a Punta del Este con su familia en el fin de semana largo de Carnaval en un avión privado; el funcionario afirmó que pagó el pasaje con su propio dinero, pero la Justicia indaga la hipótesis de que el vuelo lo abonó Grandio.
Esos vínculos podrían exponer a Adorni a imputaciones por negociaciones incompatibles con la función pública o por la recepción de dádivas.
La medida de prueba que Lijo ordenó y espera completar son los cruces de llamadas entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, para establecer contactos y correlacionarlos con la firma de convenios.
Aunque Grandio dejó la conducción operativa de la empresa, no rompió lazos con Imhouse, que —según consta en redes sociales— continúa produciendo algunos programas que, tras el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, se emiten en el canal estatal.
En la pesquisa sobre los contratos entre la TV Pública e Imhouse SA, Lijo ordenó el cruce de llamadas: no se busca el contenido de las comunicaciones, sino determinar si existieron contactos y en qué fechas para contrastarlos con la firma de acuerdos y analizar la posible existencia de intercambios con el jefe de Gabinete. También se investiga la geolocalización de los teléfonos.
“En Ciccone, los cruces de llamadas fueron claves para la condena de Amado Boudou”, recordó un veterano empleado judicial, al subrayar la utilidad de ese tipo de pruebas en causas de corrupción y contratación pública.
Los convenios entre el Estado y la productora incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial bajo distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios. Según los contratos, Imhouse afronta los costos de producción (personal, equipos y derechos de autor) y eventuales reclamos judiciales, mientras accede a los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego comparte utilidades con el Estado.
Entre los contratos figura el programa radial La caja de Pandora, firmado en abril de 2024, y otros envíos como Giros en Línea Recta, Enredados y La Sala. En el streaming estatal también figura Gritalo Mundial, conducido por Grandio y Renzo Pantich.
En 2022, en un programa producido por Imhouse, Adorni llegó a entrevistar a Javier Milei, que entonces era diputado nacional por La Libertad Avanza, junto a Victoria Villarruel.
En 2024, Grandio participó de un programa de radio emitido de lunes a viernes por Radio Nacional entre marzo y septiembre de ese año. “Había que tener el visto bueno de Adorni, que por entonces era vocero”, dijo a LA NACION una fuente vinculada a la producción del ciclo.
Análisis y Proyecciones: Si los informes contables y el peritaje sobre criptomonedas confirman un desfase patrimonial importante, la fiscalía tendrá un argumento sólido para requerir la indagatoria de Adorni. Históricamente, en causas de presunto enriquecimiento ilícito y lavado, la suma de pruebas documentales —movimientos bancarios, órdenes de pago y cruces telefónicos— suele aumentar la probabilidad de procesamiento. En materia de activos digitales, la dificultad técnica de rastreo genera demoras, pero cuando se logra reconstruir operaciones se amplían las posibilidades probatorias. A mediano plazo, la causa podría derivar en medidas cautelares sobre activos o en la inhibición de bienes si la fiscalía logra demostrar incompatibilidades patrimoniales.
Evolución del caso y posturas de los actores: En los últimos años, la investigación de la relación entre funcionarios y productores mediáticos cobró mayor atención tras cambios en la contratación pública y en el control de los medios estatales. Los actores clave —Pollicita, Lijo y los acusados— han ido escalando la intensidad de sus medidas: la fiscalía apostó a peritajes especializados, incluido el análisis de criptoactivos, mientras que el juez Lijo ha priorizado medidas telefónicas y documentales. Por su parte, el oficialismo ha tendido a minimizar la inmediatez de una indagatoria, argumentando efectos institucionales y la coincidencia de plazos con trámites administrativos y vacacionales. Esa dinámica refleja una tensión creciente entre la urgencia probatoria de la fiscalía y consideraciones políticas y administrativas que buscan amortiguar el impacto mediático de las medidas.
