La Justicia avanza sobre el patrimonio de Adorni y se acerca una etapa decisiva de la investigación
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una fase decisiva. Mientras los tribunales federales de Comodoro Py aguardan informes técnicos considerados fundamentales para el expediente, todo indica que en las próximas semanas el funcionario deberá presentar explicaciones detalladas sobre la evolución de su patrimonio y sobre su relación con contrataciones estatales que involucran a personas de su entorno más cercano.
La investigación se desarrolla en dos frentes simultáneos. Por un lado, la causa por presunto enriquecimiento ilícito; por otro, las actuaciones vinculadas a un viaje realizado en febrero pasado a Punta del Este junto al periodista Marcelo Grandio, empresario beneficiado con contratos públicos durante la actual gestión nacional.
Fuentes judiciales señalan que la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) se encuentra concluyendo un exhaustivo estudio patrimonial solicitado por el fiscal federal Gerardo Pollicita. El informe busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y el incremento de sus bienes durante los últimos años.
Los especialistas analizan movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, gastos personales, deudas asumidas y transferencias de fondos. El objetivo es reconstruir con precisión la capacidad económica real del funcionario y establecer si las adquisiciones realizadas pueden justificarse mediante ingresos legítimos y comprobables.
Según trascendió en ámbitos judiciales, el foco principal está puesto en la compra y remodelación de propiedades, la adquisición de vehículos y una serie de gastos que, de acuerdo con los investigadores, requerirían una explicación más detallada para despejar sospechas.
Una vez concluido el informe técnico, el fiscal podría solicitar formalmente al juez federal Ariel Lijo un requerimiento de justificación patrimonial. Se trata de una instancia clave dentro de este tipo de investigaciones, ya que brinda al funcionario la oportunidad de explicar el origen de los fondos cuestionados antes de que la Justicia evalúe medidas procesales más severas.
El capítulo de las criptomonedas
Uno de los aspectos más sensibles de la pesquisa gira en torno a los activos digitales.
Los investigadores habrían detectado movimientos vinculados a billeteras virtuales y operaciones con criptomonedas. Sin embargo, las averiguaciones continúan debido a que existe la hipótesis de que podrían existir activos digitales administrados de manera indirecta o a través de terceros.
La creciente utilización de criptomonedas en operaciones financieras complejas ha convertido este punto en una prioridad para los peritos judiciales, que intentan determinar la verdadera dimensión del patrimonio bajo análisis.
El viaje a Punta del Este
Paralelamente, la Justicia también profundiza la investigación relacionada con el viaje realizado a Uruguay durante el último feriado de Carnaval.
La causa procura establecer si existió alguna relación entre las contrataciones obtenidas por la productora ImHouse en medios públicos nacionales y los beneficios recibidos por Adorni y su familia.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, el traslado se realizó en un avión privado cuyos costos habrían sido afrontados por Grandio y la empresa vinculada a las contrataciones estatales. El funcionario sostuvo públicamente que pagó la parte correspondiente a su familia, aunque hasta el momento no trascendieron comprobantes que acrediten dicha operación.
Para los investigadores, el interrogante central consiste en determinar si ese viaje constituyó simplemente una actividad privada entre amigos o si pudo representar una contraprestación indebida vinculada a negocios con el Estado.
Esperan el informe de escuchas
El juez Ariel Lijo también aguarda un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), organismo especializado dependiente de la Corte Suprema.
Los técnicos analizan comunicaciones telefónicas de personas relacionadas con la causa para determinar si existieron contactos o gestiones que permitan reconstruir el circuito de decisiones alrededor de las contrataciones cuestionadas.
El resultado de ese informe podría transformarse en una pieza decisiva para definir los próximos pasos procesales.
Un escenario político delicado
Más allá de las implicancias judiciales, la situación genera inquietud dentro del Gobierno nacional debido al lugar estratégico que ocupa Adorni en la estructura política del presidente Javier Milei.
Convertido en una de las figuras más visibles del oficialismo y recientemente ascendido a la Jefatura de Gabinete, cualquier avance significativo de la investigación podría tener repercusiones políticas de considerable magnitud.
Por el momento no existe ninguna imputación firme ni procesamiento contra el funcionario. Sin embargo, la acumulación de informes técnicos pendientes y la posibilidad de futuras declaraciones ante la Justicia configuran un escenario de creciente presión institucional.
Las próximas semanas serán determinantes. Si las explicaciones patrimoniales resultan satisfactorias, el funcionario podría despejar las sospechas. Si no lo logra, la investigación podría ingresar en una etapa mucho más comprometida, con eventuales citaciones a declaración indagatoria y una profundización de las medidas judiciales.
