¿Puede Milei frenar la designación de Michelli como jueza? El antecedente de Cristina Kirchner y una pulseada institucional que puede marcar un preced
La aprobación en el Senado del pliego de María Verónica Michelli abrió un nuevo frente de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, pero también dejó al descubierto una discusión de fondo: hasta dónde llegan las facultades presidenciales para designar o retirar jueces y dónde comienza la autonomía institucional del Senado.
La polémica estalló cuando el presidente Javier Milei intentó retirar la candidatura de Michelli, actual funcionaria judicial con más de tres décadas de trayectoria, luego de que trascendiera su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones críticas sobre el Gobierno. Sin embargo, la Cámara Alta avanzó igualmente con el tratamiento del pliego y terminó aprobándolo por amplia mayoría, generando una situación inédita para la actual administración.
La pregunta que ahora domina el escenario político y jurídico es sencilla: ¿puede Milei impedir que Michelli se convierta efectivamente en jueza federal?
La discusión constitucional
Existen dos interpretaciones enfrentadas.
Por un lado, juristas cercanos al oficialismo sostienen que el Presidente tiene la potestad constitucional de presentar y también retirar pliegos mientras el proceso de designación no haya concluido. Esa posición fue respaldada públicamente por el exjuez Ricardo Rojas y compartida por el propio Milei en sus redes sociales.
Por otro lado, constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez sostienen que una vez que el Senado otorgó el acuerdo correspondiente, el Presidente ya no dispone de margen para desconocer esa decisión. Según esta visión, la firma presidencial posterior constituye un acto debido y no una facultad discrecional. Negarse a formalizar la designación podría derivar incluso en cuestionamientos institucionales y judiciales.
Más allá de la discusión técnica, el dato político es contundente: el Senado decidió avanzar aun cuando conocía la oposición explícita de la Casa Rosada.
El antecedente kirchnerista
La disputa recuerda otros momentos de tensión entre los poderes del Estado durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
La entonces presidenta protagonizó numerosos enfrentamientos con la Justicia y promovió reformas profundas en el Consejo de la Magistratura con el objetivo declarado de democratizar el sistema judicial. Varias de esas iniciativas terminaron siendo cuestionadas o declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.
Sin embargo, existe una diferencia central: Cristina Kirchner buscó modificar las reglas institucionales mediante leyes impulsadas por el Congreso. En el caso Michelli, la controversia gira alrededor de una decisión administrativa del Ejecutivo para retirar una candidatura ya incorporada al trámite legislativo.
Por eso varios observadores consideran que el conflicto actual podría terminar delimitando con mayor precisión los alcances de las facultades presidenciales en materia de nombramientos judiciales.
Los antecedentes de Macri y el propio Milei
La historia reciente ofrece otros ejemplos.
En 2015, Mauricio Macri intentó designar en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para la Corte Suprema durante el receso legislativo. Aunque la medida se apoyó en una interpretación constitucional existente, las críticas políticas y jurídicas terminaron obligando al Gobierno a enviar los pliegos al Senado para obtener el acuerdo correspondiente.
Más recientemente, el propio Milei recurrió a nombramientos en comisión para cubrir vacantes en la Corte Suprema, una estrategia que también generó controversias y posteriores rechazos legislativos.
En todos esos casos aparece una misma constante: cuando Ejecutivo y Senado ingresan en una disputa por los nombramientos judiciales, la cuestión termina transformándose en una batalla política antes que jurídica.
Un problema político más que judicial
La situación de Michelli trasciende largamente su candidatura. Lo que está en juego es la capacidad de Milei para imponer disciplina dentro de su propia coalición y sostener autoridad institucional frente al Congreso.
El episodio dejó expuestas diferencias dentro del oficialismo. La posición crítica de Patricia Bullrich frente al retiro del pliego evidenció que incluso dentro de La Libertad Avanza existen límites respecto de determinadas decisiones presidenciales.
Si finalmente Michelli asume, el mensaje político será claro: el Senado logró imponer su criterio frente a la voluntad expresa del Presidente. Si, en cambio, la Casa Rosada encuentra algún mecanismo para bloquear la designación, se abrirá una disputa constitucional de consecuencias imprevisibles.
En cualquier escenario, el caso ya dejó una enseñanza. Javier Milei llegó al poder prometiendo una confrontación permanente con la "casta política". Pero en la Argentina real, donde las instituciones se equilibran entre sí, incluso un presidente con fuerte respaldo electoral puede encontrar límites cuando el Congreso decide hacer valer sus propias facultades.
Y ese quizás sea el verdadero significado político del caso Michelli.
