Tensiones internas y nombramientos judiciales
El oficialismo intentó avanzar en bloque con una tanda de acuerdos judiciales, pero las disputas internas terminaron por bloquear la estrategia cuando se quiso excluir a una de las postulantes; la controversia derivó en la inclusión de la totalidad de los pliegos con dictamen y en un fuerte choque parlamentario.
Desde la Constitución de 1853, que subrayó la necesidad de equilibrio entre poderes, las designaciones judiciales suelen funcionar como indicador de la salud institucional. Pese a ese antecedente, Pese al intento del Gobierno de avanzar en el Senado con una tanda de acuerdos judiciales, el oficialismo volvió a quedar atrapado en sus propias disputas internas. La controversia se concentró en una candidata cuyo pliego Santiago Caputo buscó bloquear, pero su tratamiento terminó siendo avalado por Karina Milei. La pulseada derivó en una decisión de último momento: incluir en el temario la totalidad de los pliegos con dictamen y desatar un fuerte conflicto parlamentario.
El nombre en cuestión es el de Yamile Susana Bernan, postulada para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su pliego había sido enviado por el presidente Javier Milei y contaba con despacho favorable de la Comisión de Acuerdos.
Bernan es, según consta en los antecedentes públicos, la esposa de quien fuera jefe de Gabinete del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (Diego Guerendiain). Esa relación la ubicó en el centro del conflicto con sectores que propusieron su exclusión, en particular ante las diferencias que existen entre ese entorno y funcionarios cercanos a Santiago Caputo, como Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia y actual Procurador del Tesoro.
Según pudo reconstruir LA NACION, el choque se originó durante la madrugada, cuando desde el oficialismo intentaron reformular la nómina de candidatos a someter a votación. En la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque habían acordado tratar alrededor de 50 pliegos, aunque no se difundió el detalle pormenorizado de los nombres que integrarían esa lista.
La ausencia de precisión, indican fuentes parlamentarias, respondía a que el oficialismo no había logrado aun fijar criterios únicos sobre qué postulaciones impulsar en el recinto.
La disputa quedó sin embargo a la vista en pocas horas. El listado previsto inicialmente se amplió de forma abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, ascendió a 73 pliegos.
Tanto oficiales como opositores atribuyeron el desorden a la interna libertaria.
Según esas versiones, Amerio y Caputo impulsaban excluir a Bernan por su vinculación con el entorno de Cúneo Libarona. En las conversaciones también surgió el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, otro de los señalados en el enfrentamiento entre distintos sectores del oficialismo. En ese marco, Caputo quedó indirectamente en tensión con el presidente del máximo tribunal por los intentos frustrados de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.
La intención de ese sector era que su pliego se bajara de la lista propuesta para discutir hoy en el recinto. “Nadie quiere quedar afuera. No se sabe cuándo el oficialismo va a volver a tener el aval para reabrir el Senado y avanzar”, reconoció un legislador que conoce los pormenores de la discusión.
La maniobra fue finalmente desactivada por Karina Milei y su entorno político. Para evitar vetos selectivos y cerrar la discusión, resolvieron incorporar al temario todos los pliegos que habían obtenido dictamen en la Comisión de Acuerdos.
Cruces en el recinto
La decisión, sin embargo, provocó una fuerte reacción en el recinto.
“¿Qué está pasando, presidente? Los acuerdos de Labor Parlamentaria se cumplen. Si no, ¿para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria?”, protestó la senadora peronista Juliana Di Tullio, que acusó al oficialismo de incurrir en una “traición parlamentaria”.
En la misma línea se expresó el jefe del interbloque peronista, José Mayans, que reclamó respetar lo acordado previamente entre los bloques.
La propia vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia del episodio y responsabilizó a la conducción libertaria en el Senado.
“Habría que preguntarle a Bullrich. Nos somete a esta situación. Pasamos de 50 a 53 y después a 73 pliegos. No es serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco”, respondió a LA NACION al ser consultada sobre los cambios de último momento.
Más tarde, durante el intercambio con Mayans, Villarruel insistió: “En efecto se habían hablado 50 pliegos. A media hora de la sesión se empezaron a agregar y terminamos con 73, excluyendo a la jueza Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y vetada por Milei)”.
La controversia obligó finalmente a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio. La sesión quedó interrumpida en medio de una discusión que expuso, una vez más, las tensiones internas del oficialismo.
Análisis y proyecciones
La inclusión masiva de pliegos como mecanismo para neutralizar vetos internos refleja una estrategia política que puede tener costos institucionales y políticos. En el corto plazo, la medida permite evitar exclusiones puntuales, pero aumenta la percepción de improvisación y puede erosionar la confianza entre los bloques parlamentarios, provocando nuevos bloqueos y demoras en futuras sesiones. En términos institucionales, la repetición de este tipo de episodios dificulta la previsibilidad en los procesos de designación y alimenta la narrativa de politización de la Justicia, con potencial impacto en la legitimidad de las nuevas vacantes cuando sean ocupadas.
En términos electorales y de coalición, la tensión podría traducirse en una necesidad de redefinir equilibrios dentro del oficialismo: quienes buscan controles más estrictos sobre nominaciones se enfrentan a quienes prefieren cerrar listas para avanzar sin desgastes públicos. Si la práctica persiste, es probable que aumenten los recursos de apelación y objeciones formales, lo que alargará los tiempos de designación y complicará la agenda judicial del Ejecutivo.
Evolución del conflicto y de los actores
En los últimos años la disputa por nombramientos judiciales se volvió recurrente como mecanismo de contienda entre bloques y actores del poder. Tras ciclos de tensión entre el Ejecutivo y la Corte Suprema por la composición del tribunal, las nominaciones judiciales han actuado como moneda de negociación interna dentro de coaliciones. Figuras como Santiago Caputo y Sebastián Amerio se consolidaron en roles clave vinculados a la articulación jurídica del Gobierno, mientras que otros referentes libertarios han optado por mecanismos de cierre de filas para evitar vetos que consideren arbitrarios.
La dinámica observada —de acuerdos iniciales que se fracturan y terminan resolviéndose por decisiones de la cúpula política— refleja una evolución hacia procedimientos menos transparentes y más sujetos a decisiones de última hora, lo que históricamente (según precedentes recientes) tiende a generar desgaste interno y a reforzar la intervención de las oposiciones en defensa de las reglas del juego parlamentario.
