Lavagna: sobreprecios del 20% en Vialidad en 2005
El exministro relató en Comodoro Py que un informe interno identificó indicios de cartelización y sobreprecios en contratos viales durante la gestión de 2005.
"Estudios de organismos multilaterales han señalado que la corrupción en obra pública puede inflar costos en torno al 20%." El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró hoy como testigo en el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas y advirtió que, en 2005, cuando Néstor Kirchner era presidente, se detectaron sobreprecios en el área de Vialidad. “Había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”, afirmó el exfuncionario durante la audiencia en los tribunales de Comodoro Py.
La intervención de Lavagna respondió a una pregunta del defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sobre la existencia de indicios de cartelización o direccionamiento en la adjudicación de obras públicas durante su gestión.
El exministro relató que, en una reunión bilateral, representantes del Banco Mundial habían expresado su malestar: el organismo, que en 2005 había aportado fondos destinados a Vialidad, se mostraba “incómodo” con la forma de ejecución de ciertos programas y había anticipado que “iban a empezar una investigación” por sospechas de irregularidades en ese sector.
“Ante esta información, ni bien regresó la delegación, tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio del área que más nos preocupaba que era Vialidad”, relató Lavagna, describiendo la reacción inicial del gobierno ante la advertencia internacional.
Según explicó, el estudio preliminar efectuado entre mayo y agosto de ese año concluyó que “surgió que había dudas sobre cierto proceso de cartelización” de los contratos y que, en promedio, existían márgenes de sobreprecios del orden del 20%, ratificando la magnitud de las sospechas detectadas.
Frente a esos hallazgos, el exministro aseguró que dio intervención a la Comisión de Defensa de la Competencia y solicitó con carácter urgente un informe más exhaustivo —no meramente exploratorio— para profundizar la investigación sobre las posibles irregularidades en Vialidad.
“Nuestra intención era no ser tomados por sorpresa por un eventual informe del Banco Mundial, ya que ellos habían manifestado que iban a empezar una investigación. Eso fue en el mes de agosto o septiembre”, explicó Lavagna, describiendo la cronología de las acciones internas frente a la advertencia externa.
El exfuncionario afirmó que, como consecuencia de la decisión de impulsar la pesquisa, surgieron al menos dos casos paradigmáticos en los que —dijo— se “probó la existencia de cartelización”: uno vinculado a las cementeras y otro al suministro de gas para hospitales.
En ese marco, Lavagna recordó que había expuesto estas sospechas en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción en 2005, una entidad que, según sus palabras, agrupa a entre 600 y 8000 empresarios y proveedores del rubro, y que su comentario generó malestar entre los presentes.
“Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”, sostuvo el exministro, y añadió que la afirmación fue recibida con incomodidad por parte de la audiencia.
En la investigación conocida como la “Camarita”, un desprendimiento del expediente principal del caso cuadernos, el empresario Carlos Wagner —ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción— había mencionado una reunión con el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la que se aludía al reparto de licitaciones y obras públicas.
Wagner declaró que “En el año 2004, el arquitecto Julio de Vido me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente Néstor Kirchner debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas ... porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”, según el testimonio incorporado al expediente.
“La Camarita” es la denominación informal con la que se aludía a reuniones en las que, según las indagaciones, más de 40 empresarios habrían acordado el reparto de obras públicas; esos encuentros se realizaban mayormente en la Cámara de Empresas Viales.
Su salida del gobierno
Lavagna también relató cómo se produjo su alejamiento del gobierno de Néstor Kirchner en noviembre de 2005: su desplazamiento se dio después de que denunciara indicios de cartelización en la obra pública. “No voy a decir la renuncia, porque yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”, afirmó.
En esa línea explicó: “Parece una sutileza, pero en la Argentina hay demasiados abandonos de cargos y no quise estar en esa situación. Como el pedido fue del Presidente, lo dejé en claro”.
Lavagna contó además que había informado a Kirchner sobre las sospechas del Banco Mundial inmediatamente después de la reunión con los representantes del organismo y que comunicaron que se emprendería un análisis preliminar para verificar la verosimilitud de las alertas.
Respecto de las conclusiones del informe encargado a la Comisión de Defensa de la Competencia, el exministro declaró que no disponía de información: “La instrucción que se le dio a la comisión fue en el mes de agosto y, como usted recordará, el último día de noviembre yo terminé la gestión así que no podría decir qué pasó después”, aseguró.
Sobre las actuaciones del Banco Mundial, Lavagna indicó que entiende que “efectivamente en paralelo con el inicio del estudio preliminar que se hizo en la Argentina, ellos también empezaron la investigación”, aunque aclaró que desconocía sus resultados.
En otro tramo de su exposición sostuvo que “no tenía relación” con De Vido, el exministro de Planificación Federal responsable —en aquel entonces— de la obra pública, y explicó cuál era el alcance de sus funciones al frente del Ministerio de Economía.
Lavagna describió su participación en la elaboración de los presupuestos nacionales de 2003, 2004, 2005 y 2006 y señaló que, si bien suele existir una diferencia entre las solicitudes de fondos de las distintas carteras y los límites fijados por Hacienda, esa brecha se amplió notablemente en 2005.
“En los años 2003 y 2004, la diferencia era muy moderada. De alguna manera el resto de los ministerios registraba la magnitud de los problemas que el país tenía, los niveles de pobreza que había que recuperar, etcétera, y todos actuaban con prudencia. Ya en el 2005, la brecha entre lo pedido y el límite general creció y en el 2006 ya más que crecer, casi diría que desbordó todo lo que se podía hacer”, puntualizó.
Análisis y Proyecciones
El testimonio de Lavagna aporta elementos relevantes para comprender cómo se articuló la gestión de la obra pública en un momento de fuerte expansión de la inversión estatal. Si las sospechas de cartelización y sobreprecios —con márgenes del orden del 20%— se confirman, las consecuencias suelen ser múltiples: impacto fiscal por mayores erogaciones, distorsión de la competencia en el sector de la construcción y pérdida de eficiencia en la ejecución de obras. Judicialmente, la existencia de informes preliminares y la intervención de organismos como la Comisión de Defensa de la Competencia y el propio Banco Mundial pueden promover nuevos avances en las causas penales y administrativas; políticamente, revelaciones de este tipo tienden a reforzar demandas por mayor transparencia y cambios en los mecanismos de contratación pública. A mediano plazo, es probable que este tipo de investigaciones empuje a reformas normativas en compras y contrataciones (por ejemplo, fortalecimiento de controles y mayores exigencias de trazabilidad en las licitaciones), aunque su implementación continúa siendo un desafío político y técnico.
Evolución del tema
La preocupación por la transparencia en la obra pública no es nueva en la Argentina ni en la región: desde los años 90 y con especial intensidad en las primeras décadas del siglo XXI, hubo múltiples episodios que mostraron la vulnerabilidad de los procesos de adjudicación frente a prácticas anticompetitivas. En los últimos años previos a esta declaración, la combinación de auditorías, investigaciones judiciales y denuncias periodísticas aumentó la exposición pública del fenómeno y llevó a que tanto organismos multilaterales como agencias locales pongan mayor énfasis en controles preventivos y sanciones. Las posturas de los actores también evolucionaron: el sector empresario, que en ocasiones reaccionó defensivamente ante acusaciones colectivas, ha debido enfrentar demandas de mayor cumplimiento y probidad; por su parte, actores estatales fueron alternando entre medidas reactivas y esfuerzos por institucionalizar procesos más transparentes. Hasta la fecha de este testimonio, la discusión pública y jurídica sobre la materia sigue abierta y condiciona tanto la agenda reformista como las responsabilidades individuales que se investigan en los tribunales.
