Crisis en el Senado por estadísticas y memoria pública
La discusión estalló en el Senado mientras se debatían proyectos clave, entre ellos 73 acuerdos judiciales y un pago de US$171 millones a fondos acreedores; la polémica se centró en cifras sobre femicidios y el uso político del homenaje a las víctimas.
"En 2015 la primera movilización masiva bajo el lema Ni Una Menos reunió a más de 200.000 personas en Buenos Aires y colocó a los femicidios en el centro del debate público", recordó un antecedente que volvió a resonar en la discusión del recinto. En esa sesión del Senado, las senadoras Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza (LLA), y Juliana Di Tullio, del Justicialismo, protagonizaron un cruce tenso mientras se trataban varios proyectos oficialistas, entre ellos 73 acuerdos judiciales, el debate del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago de US$171 millones a dos fondos buitres tenedores de bonos de deuda argentina.
En su primera intervención, Patricia Bullrich apeló a estadísticas sobre violencia de género y defendió la gestión asociada a su espacio político: aseguró que en "los últimos dos años bajaron un 25% los femicidios en la Argentina". “No es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, indicó la exministra de Seguridad, en una intervención orientada a subrayar resultados en cifras.
Tras esa intervención, el presidente del cuerpo, Bartolomé Abdala, concedió la palabra a Juliana Di Tullio, quien reprochó la reacción a un momento institucional previo: “El jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, afirmó, y señaló que la réplica de Bullrich luego del homenaje no correspondía: “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”.
“La verdad, me parece que si hay algo que deberíamos demostrarle al pueblo argentino es que en esto estamos todos juntos, ¿no? Todas juntas", sostuvo la senadora del bloque justicialista, en una apelación a la unidad institucional y a la sensibilidad que requiere el tema. En ese pasaje, la intervención fue interrumpida por la legisladora libertaria, aunque la réplica no se escuchó con claridad por problemas en el micrófono.
Acto seguido, la senadora kirchnerista respondió con ironía hacia su contraparte. “Déjame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilízate, querida”, lanzó, en un intercambio que subrayó la crispación del debate parlamentario.
La discusión también giró en torno a la multitudinaria marcha de Ni una Menos realizada ayer, que tuvo como caso emblemático el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Bullrich publicó en sus redes críticas hacia lo que denominó el "partido feminista" y aseguró que el Gobierno de Milei defiende a todas las mujeres, un señalamiento político que tensó aún más el debate público sobre la instrumentalización de tragedias para disputa partidaria.
Di Tullio le respondió marcando diferencias en la forma de presentar los datos: “Te aclaro que te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno Alejandra Monteoliva, de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios, habla de homicidios”, subrayó, poniendo el foco en la terminología oficial y en la relevancia de visibilizar la especificidad del delito por género.
Y añadió un reproche sobre la gestión institucional y el impacto social: “Los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años... deslicen, por supuesto, los datos oficiales. Pero yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta. No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza. La verdad, presidente, me parece que los senadores y senadoras tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en la realidad. Y lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”.
Análisis y proyecciones: Este tipo de cruces en el recinto reflejan tanto la sensibilidad social frente a la violencia de género como la creciente polarización política que atraviesa la agenda pública. Las afirmaciones sobre variaciones porcentuales en los femicidios —como la baja del 25% invocada por Bullrich— requieren contraste con los registros oficiales y con estudios sobre subregistro y clasificación de homicidios por motivo de género. En términos institucionales, la politización de un minuto de silencio y la utilización de datos estadísticos con fines discursivos pueden profundizar la desconfianza pública y condicionar la posibilidad de consensos mínimos en políticas de prevención y asistencia. Desde la perspectiva económica y jurídica, el tratamiento simultáneo de temas como la inviolabilidad de la propiedad privada y el pago de US$171 millones a fondos acreedores suma complejidad: decisiones sobre deuda y derechos de propiedad suelen generar tensiones entre estabilidad macroeconómica, cumplimiento de obligaciones internacionales y demandas sociales por protección de sectores vulnerables.
Evolución de posturas y contexto histórico: En la última década y media la temática de la violencia de género pasó de ser demanda de organizaciones sociales a un asunto central en la agenda legislativa y mediática, con hitos como la sanción en 2009 de marcos normativos específicos y la enorme visibilidad alcanzada por la movilización Ni Una Menos en 2015. En ese recorrido, actores como Patricia Bullrich han enfatizado enfoques de seguridad y orden público al posicionarse en la discusión pública; en tanto, legisladoras como Juliana Di Tullio han mantenido una línea de reclamo por mayor reconocimiento institucional de la violencia de género y por políticas públicas dirigidas a la protección de las víctimas. Hasta octubre de 2023, la tensión entre enfoques punitivos, estrategias de prevención y la demanda por recursos y registros confiables se mantuvo como núcleo del debate. La trayectoria indica un aumento de la confrontación legislativa y discursiva, lo que hace más difícil la construcción de consensos amplios en temas que requieren abordajes interjurisdiccionales e intersectoriales.
























