La interna que amenaza al poder: espionaje, jueces y una guerra silenciosa en el corazón del mileísmo
El caso Leal, el conflicto por Michelli y la ofensiva de Mahiques exponen una disputa que ya no puede ocultarse detrás de los éxitos económicos
Durante meses, la principal fortaleza política de Javier Milei fue la concentración del poder. La existencia de un triángulo de conducción integrado por el Presidente, su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo permitía mostrar una administración pequeña, disciplinada y con capacidad para imponer decisiones rápidas.
Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas muestran algo diferente. Detrás de la imagen de cohesión emerge una disputa cada vez más visible entre sectores que compiten por el control de áreas estratégicas del Estado, los servicios de inteligencia, el armado electoral y la relación con la Justicia.
El episodio que rodea al exfuncionario Facundo Leal funciona como una radiografía de esas tensiones.
La investigación judicial iniciada a partir del robo de equipamiento tecnológico de Arsat derivó en allanamientos donde aparecieron millones de dólares en efectivo, drogas y dispositivos electrónicos que ahora son objeto de análisis judicial. Más allá de cuál termine siendo la responsabilidad penal de los involucrados, el caso abre interrogantes políticos delicados para la administración libertaria.
La primera pregunta es cómo un funcionario con antecedentes y relaciones construidas durante el gobierno de Alberto Fernández logró conservar espacios de influencia durante la gestión Milei.
La explicación remite a una realidad poco mencionada públicamente: la llegada de La Libertad Avanza al poder encontró a un Estado ocupado por estructuras burocráticas que no podían ser reemplazadas de manera inmediata. En numerosas áreas estratégicas, el oficialismo optó por conservar cuadros técnicos y operadores heredados de administraciones anteriores.
El problema aparece cuando esos vínculos comienzan a conectarse con investigaciones por corrupción, espionaje o tráfico de influencias.
El caso Leal adquiere especial sensibilidad porque toca sectores extremadamente sensibles: telecomunicaciones, infraestructura aeroportuaria, inteligencia y empresas públicas.
Por eso el impacto político supera ampliamente el expediente judicial.
La batalla que divide al oficialismo
Pero el verdadero trasfondo parece ser otro.
Mientras la investigación avanzaba, la Casa Rosada atravesaba simultáneamente una crisis provocada por la decisión de retirar el pliego de María Verónica Michelli para la Cámara Federal.
La polémica se multiplicó cuando trascendió que uno de los argumentos utilizados para justificar esa decisión era su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.
El episodio generó ruido incluso entre sectores cercanos al Gobierno porque instaló una pregunta incómoda: ¿puede un parentesco convertirse en causal política para bloquear una designación judicial?
La controversia terminó golpeando especialmente al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien había respaldado originalmente la candidatura.
La situación se agravó cuando su padre, el camarista Carlos Mahiques, difundió una nota reclamando mecanismos para sancionar filtraciones judiciales y cuestionando el tratamiento mediático de magistrados y funcionarios.
Aunque formalmente planteado como una defensa institucional, numerosos observadores interpretaron el documento como parte de una disputa mucho más amplia dentro del sistema judicial y político.
Inteligencia, justicia y poder
La Argentina tiene una larga tradición de superposición entre servicios de inteligencia, operadores judiciales y estructuras partidarias.
Lo novedoso del actual escenario es que esas tensiones aparecen dentro de un gobierno que llegó prometiendo desmontar precisamente esos mecanismos.
La administración Milei construyó buena parte de su legitimidad denunciando la existencia de una "casta" que mezclaba intereses políticos, empresariales y judiciales.
Por eso cada episodio que sugiera la continuidad de esas prácticas genera un daño político mayor que el que sufriría una administración tradicional.
No se trata solamente de corrupción o de eventuales delitos.
Se trata de una cuestión de identidad política.
El principal activo del Presidente sigue siendo su condición de outsider. Cada vez que aparecen nombres vinculados a estructuras históricas de poder, empresarios influyentes, operadores judiciales o exfuncionarios reciclados, esa narrativa comienza a erosionarse.
El riesgo para Milei
Hasta ahora el Gobierno logró que la agenda económica absorbiera casi toda la atención pública.
La desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal siguen funcionando como escudos políticos de enorme eficacia.
Pero la experiencia argentina demuestra que los problemas de poder rara vez permanecen encapsulados.
Las internas que hoy aparecen como conflictos entre funcionarios pueden transformarse mañana en filtraciones, investigaciones judiciales, operaciones mediáticas o crisis institucionales.
El caso Leal, la controversia por Michelli y la ofensiva pública de Carlos Mahiques parecen hechos aislados.
Sin embargo, observados en conjunto, describen algo más profundo: una disputa por el control de resortes clave del Estado entre sectores que conviven dentro del mismo universo oficialista.
La verdadera amenaza para el Gobierno no proviene hoy de una oposición fragmentada ni de un peronismo todavía en proceso de reorganización.
Proviene de las contradicciones internas de un esquema de poder que concentra decisiones en pocos actores, pero que al mismo tiempo contiene intereses, alianzas y lealtades que no siempre marchan en la misma dirección.
La gran incógnita es si Javier Milei logrará arbitrar esas disputas antes de que se transformen en una crisis política mayor.
Porque la historia reciente demuestra que los gobiernos argentinos suelen enfrentar sus peores dificultades no cuando son atacados desde afuera, sino cuando las luchas por el poder comienzan a desarrollarse dentro de sus propias paredes.
