Sturzenegger impulsa cambios que redefinen el corretaje

• Nacionales
• 03-06-2026

En una ofensiva normativa que busca redefinir la intermediación inmobiliaria, el Gobierno avanza con un proyecto de ley que, según fuentes del ministerio de Desregulación y Transformacion del Estado que lidera Feederico Stuzenegger, ingresará al Congreso este mes con el objetivo de modificar el régimen vigente del corretaje en la Argentina.

El ministro Sturzenegger enviará el proyecto de ley al Congreso y las modificaciones que se encuentran en el borrador son:

• Fin de la matrícula obligatoria. Ya no se necesitará estar inscripto en ningún registro ni colegio profesional para operar como intermediario inmobiliario. El registro pasa a ser voluntario, controlado por instituciones que certifiquen idoneidad. Es decir, que habrá un cambio en la categoría de la actividad: deja de ser profesional y vuelve a ser comercial.
• Sin título universitario. Se elimina la exigencia de título académico como condición de acceso o permanencia en la actividad
• Colegios profesionales sin poder sancionatorio. Los colegios pierden la facultad de sancionar o controlar a los operadores. Los conflictos pasan a resolverse exclusivamente en la Justicia.
• Fin de restricciones geográficas. Se eliminan las restricciones territoriales, se puede operar en cualquier provincia sin necesidad de reinscribirse ni pedir convalidación local.
• Honorarios libres. Se eliminan los aranceles mínimos y honorarios fijos. Las partes negocian libremente las comisiones.
• Derogación en cascada. Artículo que deroga todo el andamiaje normativo previo que imponga matrícula, título, sanciones extrajudiciales, restricciones geográficas o precios regulados.

“La desregulación de la intermediación inmobiliaria en Argentina no es una reforma más: es un cambio de paradigma”, comenta Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint, una startup que permite visitar las propiedades inmobiliarias con realidad virtual, y agrega que "es el paso necesario para devolverle al sector su verdadera naturaleza: la de un servicio comercial, competitivo, abierto a la innovación, y no la de una pseudo-profesión científica, cerrada y administrada por estructuras corporativas obligatorias, con origen en un gremio (FAEMCI)” y sentenció: “El sistema actual no protege al consumidor; protege a quienes ya estaban adentro”.

Desde la perspectiva de quienes impulsan la reforma, las exigencias actuales funcionaron como barreras de entrada que no mejoraron la calidad del servicio, sino que restringieron la competencia, encarecieron las operaciones y limitaron la innovación. “Desregular no es desordenar. Es exactamente lo contrario: es ordenar bajo una lógica más exigente, donde la validación no proviene de una matrícula sino del mercado. El diferencial no es un título, sino la capacidad real de generar valor”, afirma uno de los promotores del cambio.

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Las razones del proyecto

La iniciativa oficial no surge de la nada: el ministro Sturzenegger marcó como prioridad la desregulación de los colegios profesionales y del sector inmobiliario durante el encuentro “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario, donde dejó clara la intención de avanzar con cambios regulatorios.

“Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, sentenció Sturzenegger en su exposición ante desarrolladores e inmobiliarios.

Sturzenegger sostuvo que el problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado y que prácticas como la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y las barreras de entrada terminan distorsionando la competencia.

En su diagnóstico, ese esquema afecta al usuario final. “Cuando una norma fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, en realidad está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”, planteó.

Con críticas contra lo que llamó “privilegios creados por ley”, anunció que enviarán un paquete legislativo con temas de desregulación este mes para “buscar eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial”. El objetivo oficial, subrayó, es avanzar hacia un mercado “más libre, dinámico y competitivo”, donde “los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales”.

“La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio”, concluyó. En esa línea, el Gobierno pretende suprimir lo que denomina “costos de intermediación innecesarios” como parte de una estrategia más amplia para reducir el peso regulatorio sobre la actividad económica.

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Desregulación de los alquileres: “El experimento que funcionó”

Otro de los tópicos que Sturzenegger defendió fue la eliminación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023 a pocos días de haber asumido la presidencia Javier Milei. Para el ministro, la decisión de desregular el mercado de alquileres no solo era necesaria, sino que ya muestra resultados concretos.

“El marco actual está totalmente desregulado y eso permitió que el mercado vuelva a funcionar”, afirmó Sturzenegger, al tiempo que explicó que durante la vigencia de la ley anterior las restricciones —como plazos mínimos obligatorios y sistemas rígidos de actualización— habían reducido la oferta y distorsionado los precios.

Según su relato, el cambio de reglas habilitó una mayor flexibilidad contractual: acuerdos más cortos, condiciones adaptadas a cada caso e incluso formatos híbridos, como alquileres atados a una eventual venta del inmueble.

Sturzenegger consignó además datos que, según su exposición, reflejan una fuerte reconfiguración del mercado: la oferta de propiedades en alquiler aumentó un 300%, mientras que los precios reales registraron una caída cercana al 30%.

“El nuevo esquema habilitó contratos más flexibles, plazos más cortos y acuerdos adaptados a cada caso, incluyendo alquileres temporarios o cláusulas vinculadas a la venta del inmueble”, aseguró.

Análisis y proyecciones

Si se concreta el paquete de medidas, las consecuencias anticipadas pueden dividirse en cortas y medianas plazo. En lo inmediato, la eliminación de barreras de entrada y la liberalización de honorarios suelen aumentar la oferta de intermediarios y reducir costos transaccionales, acelerando mecanismos de competencia por precio y servicios. En el mediano plazo, es probable que el mercado experimente una consolidación: plataformas digitales y empresas con mayor capacidad de marketing y tecnología podrían ganar escala, mientras operadores tradicionales deberán adaptarse o especializarse para competir por servicio o diferenciación.

Desde la teoría económica y la experiencia comparada, la desregulación tiende a mejorar la eficiencia y la innovación cuando existen instrumentos alternativos de control (como información transparente, fideicomisos, seguros profesionales y tribunales ágiles). Sin esos mecanismos, la apertura puede exponer a consumidores a prácticas insuficientemente fiscalizadas. Por eso, un escenario plausible es el surgimiento simultáneo de mayor oferta y de nuevas demandas por mecanismos privados de garantía y reputación (certificaciones, plataformas de reseñas, seguros de caución), que suplanten el rol sancionador que hoy ejercen los colegios.

Evolución del debate y cambios de postura

En los últimos años el debate sobre regulación profesional y mercados ha evolucionado desde posiciones tradicionales de defensa corporativa hacia propuestas que privilegian la competencia y la innovación. Históricamente, colegios y registros defendieron su papel como garantes de estándares técnicos y protección al consumidor; frente a ello, sectores pro-desregulación han ido acumulando argumentos sobre costos de intermediación y los efectos anticompetitivos de las barreras de entrada.

Los actores también han cambiado su enfoque: algunos colegios adoptaron estrategias de modernización y autocontrol para preservar legitimidad, mientras empresas tecnológicas y nuevas generaciones de agentes inmobiliarios impulsaron prácticas basadas en plataformas y servicios digitales. En el terreno político, la llegada de administraciones con agenda promercado intensificó la apuesta por la liberalización, consolidando un giro que ahora desemboca en iniciativas como la que está por ingresar al Congreso.

En ese contexto, seguirá siendo clave observar cómo se configurarán los mecanismos alternativos de protección al usuario y qué papel asumirán provincias y municipios ante la eliminación de restricciones territoriales; esas respuestas definirán si la apertura produce más beneficios en innovación y precios o si genera nuevas vulnerabilidades.