El peligro no es Bullrich: el peligro es que el poder empiece a desconfiar de sí mismo
Por momentos, la crisis parece menor. Una jueza. Un pliego. Una votación en el Senado. Una diferencia interna más dentro de un gobierno que hizo de la confrontación una marca de identidad.
Pero sería un error subestimar lo que acaba de ocurrir en el oficialismo.
Cuando Patricia Bullrich le ofrece su renuncia a Javier Milei como jefa del bloque de senadores y el Presidente debe intervenir personalmente para evitar que la crisis escale, ya no estamos frente a una discusión administrativa. Estamos frente a una señal política. Y las señales políticas suelen anticipar problemas más profundos que los visibles.
El episodio de la jueza María Verónica Michelli dejó expuesta una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿quién toma realmente las decisiones políticas en la Argentina de Milei?
La respuesta parece cada vez más evidente. El Presidente conserva el liderazgo electoral, la centralidad mediática y la legitimidad del voto. Pero una parte creciente de las decisiones estratégicas pasa por la órbita de Karina Milei y de la estructura política que ella construyó alrededor de la Casa Rosada.
Eso no sería necesariamente un problema si el mecanismo produjera orden. El problema aparece cuando comienza a producir conflictos.
El retiro del pliego de Michelli es un caso paradigmático. La magistrada había atravesado los procedimientos institucionales previstos, contaba con trayectoria judicial y su nominación avanzaba en el Senado. De repente, el Gobierno decidió retirarla. El motivo atribuido por distintas fuentes fue su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los profesionales que más investigaciones publicó sobre episodios incómodos para el oficialismo.
Allí apareció Patricia Bullrich.
No cuestionó la autoridad presidencial. No rompió con el Gobierno. No abandonó el bloque. Hizo algo mucho más significativo: invocó una objeción de conciencia y anunció que no acompañaría la decisión oficial.
La reacción fue devastadora para la narrativa oficial.
Porque Bullrich no es una dirigente opositora. Tampoco es una recién llegada. Es probablemente la figura con mayor volumen político propio dentro del universo libertario después del propio Milei. Llegó desde el PRO, aportó estructura territorial, experiencia de gestión, vínculos parlamentarios y una porción importante del electorado antikirchnerista que hizo posible el triunfo de 2023.
Cuando alguien con ese peso específico decide marcar diferencias públicamente, el problema no es la discrepancia. El problema es que revela que la discusión ya existe puertas adentro.
Durante meses, en la Casa Rosada se intentó instalar la idea de un oficialismo monolítico. La realidad demuestra algo diferente.
Existen tensiones entre Karina Milei y Patricia Bullrich. Existen diferencias sobre el manejo del Senado. Existen cuestionamientos sobre el armado político. Existen reproches sobre la administración de los pliegos judiciales. Y existen dudas crecientes sobre algunos criterios utilizados para tomar decisiones sensibles.
Nada de eso debería sorprender.
Todos los gobiernos exitosos administran internas. El problema aparece cuando las internas comienzan a afectar la calidad de las decisiones.
Porque el verdadero interrogante no es si Bullrich tiene razón o si la tiene Karina Milei.
La pregunta es otra.
¿Cómo puede un Gobierno que necesita construir confianza institucional explicar que una candidata judicial sea objetada por razones que parecen vinculadas a un parentesco familiar y no a sus antecedentes profesionales?
Esa pregunta excede a Michelli.
Afecta directamente la credibilidad de todo el proceso de selección de jueces.
Si hoy se retira un pliego por la actividad periodística de un familiar, mañana cualquier candidato podría preguntarse cuál será el criterio real de evaluación. Y cuando los criterios dejan de ser previsibles, la institucionalidad empieza a erosionarse.
Hay otro elemento que agrava el escenario.
El Gobierno necesita al Senado.
Necesita al Senado para designar jueces. Necesita al Senado para avanzar con reformas. Necesita al Senado para sostener acuerdos con gobernadores y sectores dialoguistas.
Sin embargo, el episodio Michelli generó ruido precisamente entre aquellos aliados que venían acompañando buena parte de la agenda oficial. Algunos sectores de la oposición moderada ya anticiparon que no respaldarán el retiro del pliego.
Es decir, una decisión tomada para evitar un supuesto problema terminó creando varios problemas nuevos.
La política suele castigar ese tipo de errores.
Milei llegó al poder prometiendo romper con las prácticas tradicionales de la política argentina. Su principal fortaleza fue convencer a millones de personas de que actuaría distinto.
Por eso mismo, los episodios como éste tienen un costo potencialmente mayor para el oficialismo que para cualquier otro gobierno.
Porque la sociedad puede tolerar errores.
Lo que difícilmente perdone es la contradicción entre el discurso y los hechos.
La paradoja final es que Patricia Bullrich terminó funcionando como una especie de alarma interna del sistema.
No desafió el liderazgo presidencial.
Le recordó al Gobierno algo que muchos gobiernos olvidan cuando concentran demasiado poder: que la lealtad política no consiste en obedecer siempre, sino en advertir cuando una decisión puede terminar perjudicando al propio proyecto.
Javier Milei evitó una ruptura al rechazar la renuncia de Bullrich.
Pero el episodio dejó una conclusión más importante.
El mayor desafío que enfrenta hoy el oficialismo no está en la oposición, ni en los sindicatos, ni en el Congreso.
Está dentro de la propia estructura de poder que construyó.
Y la historia argentina ofrece una enseñanza recurrente: los gobiernos rara vez son derrotados por sus enemigos. Muchas veces empiezan a debilitarse cuando dejan de escuchar las advertencias que nacen de sus propios aliados.
Identidad Correntina
