La motosierra en cifras: el Estado perdió más de 68.000 empleos durante la gestión Milei
La reducción de la planta estatal nacional ya alcanza casi el 20% desde diciembre de 2023. El ajuste impactó tanto en la administración pública como en las empresas estatales y se mantiene sin interrupciones desde el inicio de la gestión.
La promesa de Javier Milei de achicar el Estado dejó de ser una consigna de campaña para convertirse en uno de los cambios más profundos de la estructura pública argentina en las últimas décadas. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), desde la llegada del actual presidente a la Casa Rosada se eliminaron 68.564 puestos de trabajo en el sector público nacional.
La cifra refleja una reducción del 19,97% de la plantilla estatal en apenas dos años y cinco meses. En noviembre de 2023, antes de la asunción de Milei, el Estado nacional empleaba a 343.357 personas. Para abril de 2026, ese número había descendido a 274.793.
El recorte forma parte del programa de ajuste impulsado por el Gobierno con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y reducir el gasto público. La denominada "motosierra", símbolo político del Presidente durante la campaña electoral, encontró así su expresión más concreta en la estructura laboral del sector público.
Un ajuste que alcanzó a todo el aparato estatal
La reducción no se concentró en un único organismo ni en un momento determinado. Por el contrario, se distribuyó entre las distintas áreas del Estado y se extendió de manera sostenida durante toda la gestión.
La Administración Pública Nacional (APN), que comprende ministerios, organismos descentralizados y dependencias de la administración central, perdió 46.327 trabajadores. Su dotación pasó de 233.098 empleados a 186.771, una caída cercana al 20%.
Por su parte, las empresas y sociedades estatales también atravesaron un proceso de reducción significativo. En ese universo, que incluye compañías públicas de diversos sectores estratégicos, se registró una baja de 22.237 trabajadores, al pasar de 110.259 a 88.022 empleados.
Los números muestran que el ajuste fue prácticamente proporcional en ambos segmentos, con reducciones cercanas al 20%.
Ministerios y organismos, entre los más afectados
Dentro de la Administración Pública Nacional, la mayor disminución proporcional se produjo en la administración centralizada, donde se encuentran los ministerios y la Presidencia de la Nación.
Ese sector perdió 17.176 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 30,7% respecto de la dotación existente al inicio de la gestión. El dato está estrechamente vinculado con la reorganización ministerial impulsada por el Gobierno, que redujo áreas, fusionó estructuras y eliminó dependencias consideradas innecesarias.
Los organismos descentralizados también registraron una fuerte retracción. Allí se encuentran entidades como el INTA, el INTI, el Conicet, la Anses y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre otros. En conjunto, perdieron 23.515 trabajadores, equivalente a una disminución del 17,2%.
La administración desconcentrada, que incluye organismos como el Indec y las estructuras superiores de las Fuerzas Armadas, redujo su personal en casi 4.000 empleados. Mientras tanto, otros entes públicos, entre ellos el PAMI y el Incaa, también experimentaron recortes, aunque en menor magnitud.
Un proceso sin pausa
Los datos oficiales revelan un aspecto llamativo: desde diciembre de 2023 no hubo un solo mes en el que aumentara el empleo público nacional. La reducción fue constante, aunque con distinta intensidad según el período y los organismos involucrados.
Solo durante abril de este año la plantilla estatal se redujo en 1.430 trabajadores respecto del mes anterior. En términos interanuales, la caída fue del 6,1%.
El Gobierno sostiene que la disminución de personal forma parte de una estrategia destinada a mejorar la eficiencia del Estado y reducir gastos considerados improductivos. Desde la oposición y los sindicatos, en cambio, advierten sobre el impacto que la reducción de personal puede tener en la capacidad operativa de organismos encargados de brindar servicios esenciales.
El debate de fondo
Más allá de las cifras, el recorte abre una discusión que trasciende la coyuntura económica. Mientras el oficialismo presenta la reducción del empleo público como una condición necesaria para ordenar las cuentas fiscales y disminuir la presión tributaria, sus críticos plantean interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo para áreas vinculadas a la investigación científica, la producción agropecuaria, la salud, la cultura y la administración de políticas públicas.
Con casi 69.000 puestos eliminados en menos de dos años y medio, la transformación del aparato estatal se convirtió en uno de los rasgos más distintivos de la gestión Milei y probablemente en uno de los legados más debatidos cuando llegue el momento de evaluar el alcance de su proyecto político.
