Impacto fiscal: $43.000 millones de capital de trabajo retenido
Copal advierte que la acumulación de Saldos a Favor por Ingresos Brutos deja atrapado el capital de trabajo de la agroindustria y reclama cambios urgentes en los regímenes provinciales.
Desde que el impuesto sobre los Ingresos Brutos se consolidó como pilar de la recaudación provincial, expertos han advertido que su diseño puede potenciar asimetrías territoriales; hoy esa advertencia adquiere forma concreta: la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) afirma que $43.000 millones están atrapados por los fiscos provinciales, mientras las industrias aceitera, láctea y cárnica sufren lo que describen como una suerte de “financiamiento forzoso” en los eslabones clave del agro.
En su informe, la entidad que reúne a 34 cámaras del sector subraya que, en la práctica, “las compañías adelantan montos millonarios a las administraciones provinciales de manera compulsiva”. Según Copal, la ausencia de mecanismos ágiles de devolución o de exclusión dinámica alimenta la acumulación de SAF inmovilizados, lo que equivale para las empresas a un financiamiento forzoso y a tasa cero a las provincias y sus gobernadores, con impacto directo sobre capital de trabajo, inversión, producción y empleo.
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La Cámara puntualiza que el stock acumulado equivale a 29 meses de impuesto determinado promedio, es decir, casi dos años y medio de carga tributaria adelantada. Además advierten que la situación se agravó respecto de marzo de 2025 y que no encuentran mecanismos efectivos de solución. Copal representa en total a 14.700 empresas, muchas de ellas de tamaño mediano y pequeño dentro de la cadena agroindustrial.
Las jurisdicciones del Norte y las zonas extrapampeanas son las más afectadas por esta asimetría federal. Como emblema del problema, señalan a la provincia de Misiones, que concentra el 35% del total del SAF acumulado en todo el país. En términos prácticos, estiman que una firma del sector tardaría 142 meses (casi 12 años) en absorber esos créditos fiscales.
El informe documenta además un caso testigo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación: por los regímenes aplicados en esa jurisdicción, el Establecimiento Las Marías, empresa histórica del sector yerbatero, acumuló un saldo mensual que implicó adelantar más del 30.000% del impuesto determinado. A ese ritmo, la compañía —según el análisis de Copal— habría adelantado más de 300 años de impuestos, una hipérbole cuantitativa que ilustra la magnitud extrema del fenómeno.
Por detrás de Misiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concentra el 26% del saldo inmovilizado, reteniendo recursos de empresas con base en la capital pero que producen en el interior. La provincia de Buenos Aires retiene el 9% —aunque registra un esquema de devolución de dos meses, el más ágil del relevamiento—, seguida por Salta con el 6% y Mendoza con el 4%.
“Los Saldos a Favor de Ingresos Brutos son capital de trabajo atrapado por el sistema tributario. Son fondos que pertenecen a las empresas, que podrían estar motorizando inversiones y producción; sin embargo, están financiando a tasa cero a las provincias”, advirtió Carla Martín Bonito, presidenta de Copal, en declaraciones reproducidas por la entidad.
La dirigente definió la situación como una trampa persistente: “El problema es estructural, crónico y creciente... Empresas de nuestro sector están acumulando impuesto adelantado en forma creciente desde hace décadas". Martín Bonito remarcó que “no es posible construir una economía competitiva sobre esquemas que obligan a adelantar impuestos inexistentes”.
Copal informó que ya está en marcha un nuevo relevamiento y que las primeras señales desde las mesas contables de las empresas no son tranquilizadoras: la proyección indica que la acumulación de fondos retenidos a tasa cero en un contexto inflacionario e inestable será “aún peor” que la registrada el año pasado, destacan los dirigentes.
En la agenda que la cámara presentó a los ministerios económicos figuran cinco puntos que consideran innegociables: la eliminación lisa y llana de los regímenes de pagos a cuenta; la creación de mecanismos dinámicos y automáticos de devolución; la prohibición de seguir reteniendo dinero a empresas que ya tienen saldos a favor acumulados; la autorización para usar esos SAF para pagar otros impuestos provinciales y, en forma transversal, avanzar hacia un sistema tributario más previsible.
Análisis y Proyecciones
Desde una perspectiva macro y microeconómica, la inmovilización prolongada de SAF implica una contracción de la liquidez disponible en los eslabones productivos: menos capital de trabajo suele traducirse en menor capacidad de compra de insumos, dilación de inversiones y posibles ajustes en empleo y producción. En un escenario inflacionario, retener fondos a tasa cero agrava la pérdida de valor real de esos recursos y puede inducir a las empresas a reducir stocks o trasladar costos. Las teorías del federalismo fiscal indican que, sin mecanismos de coordinación interjurisdiccional, la competencia por la recaudación tiende a fragmentar las políticas y a generar distorsiones como las documentadas por Copal. A mediano plazo, si no se implementan herramientas de devolución automáticas y reglas claras, cabe esperar litigios contenciosos adicionales, mayor presión sobre los precios y una ralentización de la inversión en sectores clave del agro.
Evolución y cambios de postura hasta la fecha
En los últimos años —hasta octubre de 2023— se observó una escalada en la preocupación del sector privado por la acumulación de SAF, coincidente con episodios de alta inflación y con prácticas heterogéneas entre jurisdicciones. Las cámaras empresarias y las empresas han intensificado su reclamo público y llevado causas a la justicia, mientras que algunas provincias han experimentado ajustes parciales en sus regímenes (por ejemplo, plazos de devolución más cortos en determinados esquemas), sin que se haya conseguido una solución homogénea. Al mismo tiempo, la discusión política sobre la necesidad de modernizar la coordinación fiscal y de adoptar mecanismos digitales de reintegro ganó espacio en foros técnicos, aunque sin resoluciones integrales. El resultado es un paisaje en el que la presión empresarial y la respuesta judicial aumentaron, pero la heterogeneidad provincial y la falta de un acuerdo federal mayor mantienen el problema vigente.
