Cuando el poder elige hostigar al testigo
La crisis política que atraviesa el gobierno de Javier Milei alrededor del caso de Manuel Adorni ya excede el terreno judicial o patrimonial. El episodio empezó a revelar un mecanismo más profundo y peligroso: la tendencia del poder a desacreditar, perseguir o intimidar a quienes investigan, denuncian o simplemente aportan información incómoda.
En su columna publicada en La Nación, Jorge Fernández Díaz plantea que el oficialismo activó una lógica clásica de defensa política: no responder el fondo de las acusaciones, sino atacar al mensajero. El eje ya no es únicamente explicar el origen de los fondos utilizados para la refacción de la casa de Adorni en Exaltación de la Cruz, sino desacreditar a quienes exponen contradicciones o inconsistencias.
El artículo toma como punto de partida una reflexión del escritor español Javier Cercas, quien sostuvo recientemente que ninguna fuerza democrática puede desligarse de una dimensión ética y que el periodismo tiene la obligación de señalar las mentiras incluso cuando provienen de sectores ideológicamente cercanos. Fernández Díaz utiliza esa idea para describir el deterioro del debate público argentino, dominado por la lógica de trincheras, donde cada espacio político protege a los propios y ataca selectivamente según conveniencias coyunturales.
En ese marco aparece el caso del contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia haber realizado obras por US$245.000 en la vivienda de Adorni. Según la nota, después de su exposición judicial comenzó a recibir presiones, amenazas y operaciones de desprestigio. El propio Milei llegó a sugerir públicamente que Tabar era un “kirchnerista de dudoso prontuario”, pese a que el constructor se define como simpatizante libertario y votante de La Libertad Avanza.
Fernández Díaz interpreta esa reacción como parte de un “manual del culpable”: desacreditar al testigo para erosionar el valor de su testimonio. El problema político, sostiene, es que el oficialismo termina actuando como aquello que prometía combatir. La narrativa libertaria basada en la transparencia, la superioridad moral y la lucha contra “la casta” comienza a erosionarse cuando la respuesta frente a las denuncias consiste en hostigar periodistas, sembrar sospechas sobre testigos o construir teorías conspirativas.
La columna también rescata la tarea de periodistas de investigación como Hugo Alconada Mon, Francisco Olivera y Diego Cabot, recordando que las presiones y ataques contra la prensa no distinguen ideologías. Según Fernández Díaz, distintos sectores políticos reivindican el periodismo sólo cuando afecta al adversario, pero reaccionan con agresividad cuando las investigaciones rozan intereses propios.
Otro punto central del análisis es el comportamiento del Presidente. El autor observa a un Milei cada vez más irritado, emocionalmente desbordado y absorbido por la defensa de Adorni. La sobreexposición del conflicto terminó afectando la agenda económica y de gestión. En lugar de concentrarse en problemas como el desempleo, la caída del consumo o la persistencia de la estanflación, el Gobierno quedó atrapado en una dinámica defensiva permanente.
La nota incluso señala que antiguos aliados intelectuales del Presidente comenzaron a marcar distancia. El escritor peruano Jaime Bayly cuestionó recientemente el estilo confrontativo de Milei y sugirió que gobierna con rasgos más cercanos a un liderazgo autoritario que liberal. Fernández Díaz conecta esas críticas con otro episodio simbólico: la ruptura entre Milei y Domingo Cavallo, a quien el Presidente pasó de elogiar como “el mejor economista de la historia argentina” a convertir en blanco de ataques oficiales luego de sus cuestionamientos al rumbo económico.
El trasfondo de toda la discusión es institucional. Cuando un gobierno percibe cualquier crítica como un ataque existencial y responde desacreditando testigos, periodistas o exaliados, el debate democrático se degrada. La dimensión ética que mencionaba Cercas deja de ser un principio y pasa a convertirse en una herramienta utilitaria subordinada a la conveniencia política.
Fernández Díaz concluye con una advertencia implícita: ningún proyecto político puede sostener indefinidamente su legitimidad si reemplaza las explicaciones por agresiones y la transparencia por operaciones defensivas. Porque cuando el poder elige hostigar al testigo en lugar de responder las preguntas, la crisis deja de ser solamente política y comienza a convertirse en una crisis de credibilidad.
