Adorni, en el ojo de la tormenta: entre el relato del lawfare y las grietas del poder libertario
El oficialismo parece haber encontrado en el llamado “caso Adorni” algo más que un problema judicial o patrimonial: una explicación política que le resulta familiar y, a la vez, peligrosa. La hipótesis de una confabulación —esa “inmediata conexión” entre Comodoro Py, los medios y sectores opositores— no solo busca blindar a Manuel Adorni, sino también ordenar el desconcierto interno que generan las revelaciones sobre su patrimonio.
Según el artículo publicado en Clarín, el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei interpretan la velocidad de la investigación como una anomalía: el impulso del fiscal Gerardo Pollicita y la exposición mediática inmediata de cada testimonio serían pruebas de ese engranaje. El dato que más irritó al oficialismo —la difusión casi instantánea de la declaración del contratista Matías Tabar sobre el pago en efectivo de US$245.000 para refacciones— funciona, en esa narrativa, como evidencia de filtraciones dirigidas.
Sin embargo, ese razonamiento presenta un problema estructural: confunde dinámica judicial y lógica mediática con conspiración. En causas de alto voltaje político, la circulación acelerada de información no es una excepción sino la regla. La combinación de fuentes judiciales, interés público y competencia periodística explica buena parte de esa velocidad sin necesidad de recurrir a una coordinación clandestina.
El riesgo de la lectura oficial es doble. Por un lado, como señala el artículo, “la opinión pública galvaniza una percepción desfavorable sobre el Gobierno”. La insistencia en el argumento del lawfare —una categoría asociada históricamente al kirchnerismo— puede resultar contradictoria con el discurso original libertario, que prometía precisamente transparencia y ruptura con las prácticas del pasado. Por otro lado, la estrategia tiende a cerrar el sistema: si todo es conspiración, no hay lugar para la autocrítica.
En ese punto, el caso Adorni se vuelve especialmente delicado. No se trata de un funcionario periférico, sino de “casi la única pieza de pureza libertaria (funcionario y candidato) que supieron construir los hermanos Milei”, según el propio artículo. Su rol como vocero, jefe de Gabinete y eventual figura electoral lo convierte en un activo político central. Defenderlo no es solo una decisión personal: es una necesidad estructural para el oficialismo.
Pero esa defensa tiene costos. La reacción contra el periodismo —desde acusaciones de vivir en una “Torre de Marfil” hasta la idea de que la sociedad debería “mandar a la quiebra” a medios que publiquen falsedades— introduce un componente de confrontación que puede erosionar la credibilidad institucional. Más aún cuando, como también se desprende del texto, el Gobierno no logra explicar con claridad cuáles serían esos “privilegios” que denuncia.
El trasfondo es más profundo que un expediente judicial. Es una tensión clásica entre poder y control: cuánto está dispuesto un gobierno a aceptar la lógica de escrutinio público cuando ese escrutinio lo afecta directamente. En ese terreno, la apelación al lawfare funciona como un atajo narrativo, pero no como una solución política.
Porque, en última instancia, el problema no es la velocidad con que circula la información, sino la consistencia de las explicaciones. Y ahí es donde el oficialismo enfrenta su desafío más serio: demostrar que detrás del ruido no hay irregularidades sustantivas. Si no lo logra, ninguna teoría conspirativa alcanzará para sostener la confianza.
Lee la nota original en este enlace: https://www.clarin.com/opinion/caso-adorni-lawfare-creen-descubierto-hermanos-milei_0_1VG1mnrjW3.html
