Adornigate: el costo político que el Gobierno aún no logra dimensionar
La crisis desatada en torno al denominado “Adornigate” sigue generando impacto en la opinión pública y expone, según distintos análisis, dificultades del Gobierno para interpretar la magnitud del daño político. Una nota de Clarín, firmada por Walter Schmidt, sostiene que el oficialismo aún no logra “decodificar” el efecto del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El caso no solo mantiene un alto nivel de interés público, sino que además presenta una fuerte carga negativa en redes sociales. De acuerdo con el artículo, la repercusión de la exposición de Adorni en el Congreso generó más de 100 mil menciones en X (ex Twitter) durante más de 13 horas, evidenciando una conversación masiva y sostenida.
El consultor político Jaime Durán Barba aportó una mirada crítica sobre la gestión del conflicto. Con su estilo habitual, señaló que un ministro debe funcionar como “fusible” para proteger al Gobierno y consideró que, aun suponiendo inocencia, la permanencia de Adorni afecta la imagen de la administración de Javier Milei. Según su diagnóstico, el deterioro en la imagen presidencial responde tanto a la situación económica como a las sospechas de corrupción.
En ese contexto, el informe destaca que distintas encuestas muestran una caída sostenida en la valoración de Milei desde comienzos de año, con un escenario aún incierto respecto a si se alcanzó un piso. Incluso, algunos sondeos ubican cerca al gobernador bonaerense Axel Kicillof y reflejan un mejor posicionamiento relativo de Patricia Bullrich.
Uno de los puntos centrales del análisis es la aparente desconexión entre el discurso oficial y la percepción social. Mientras el Gobierno relativiza las acusaciones al considerarlas menores frente a casos de corrupción del pasado, el costo reputacional se amplifica precisamente porque la administración libertaria construyó su identidad sobre la promesa de transparencia y superioridad moral.
El artículo también subraya tensiones internas dentro del oficialismo. La falta de una defensa contundente en redes sociales por parte de los sectores más militantes —como el grupo conocido como “Las Fuerzas del Cielo”— dejó en evidencia divisiones, en particular entre alineamientos cercanos a Santiago Caputo y a Karina Milei.
Además, el escándalo actuó como catalizador de nuevas denuncias. Durante su presentación en Diputados, el propio Adorni aportó información sobre gastos con tarjetas corporativas de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, vinculados a la gestión del exfuncionario Demian Reidel. Según esos datos, se registraron consumos en el exterior en hoteles, free shops, restaurantes y otros rubros, además de extracciones que, en conjunto, alcanzarían cifras millonarias.
Aunque Reidel negó responsabilidad directa sobre esos gastos, terminó reconociendo la veracidad de los consumos, lo que amplificó el impacto del caso. Para el análisis publicado por Clarín, este tipo de revelaciones refuerza una percepción de contradicción: un Gobierno que cuestiona el gasto estatal pero cuyos funcionarios aparecen vinculados a prácticas asociadas a privilegios.
El trasfondo es delicado. En un contexto de ajuste económico, caída del consumo y aumento del endeudamiento de los hogares, la sensibilidad social frente a cualquier señal de irregularidad se multiplica. En ese marco, el “Adornigate” no solo erosiona la imagen oficial, sino que también tensiona la narrativa central del mileísmo, basada en la ética pública y la confrontación con la “casta”.
La incógnita, concluye el análisis, es si el Gobierno logrará reconducir el episodio o si el caso seguirá funcionando como un foco de desgaste que alimente nuevas críticas y fracturas dentro de su propio espacio político.
