La interna salvaje que Milei no ordena y el costo de sostener a Adorni
La crisis que atraviesa el oficialismo ya no puede explicarse sólo por la presión de la oposición o por el desgaste lógico de la gestión. Lo que hoy perfora al Gobierno nace en su propio núcleo de poder: una interna feroz, sin conducción visible, donde cada movimiento defensivo profundiza el daño político.
Javier Milei enfrenta acaso su problema más delicado desde que llegó a la Casa Rosada: la incapacidad —o la decisión— de no disciplinar a los sectores que orbitan alrededor de Karina Milei, Santiago Caputo y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona-Mahiques en la ingeniería judicial. El caso Manuel Adorni se transformó en el punto exacto donde convergen esas tensiones.
Lo que en el oficialismo imaginaron como una operación de contención judicial terminó mutando en un efecto inverso. La intervención de Santiago Viola, hombre de extrema cercanía con Karina, junto al ministro Mahiques, no logró cerrar los expedientes sensibles. Por el contrario, las causas avanzan, se amplían y empiezan a rodear con mayor densidad al vocero presidencial.
La reapertura del escándalo en la ANDIS es un síntoma elocuente. La decisión del fiscal de volver a poner bajo la lupa a Diego Spagnuolo —ex titular del organismo y hombre de confianza del mileísmo— volvió a instalar en la agenda un tema explosivo: presuntos retornos, cobro de coimas y menciones directas al entorno más íntimo del poder libertario.
La mala noticia para el Gobierno no es sólo la reactivación del expediente, sino el juez sorteado: Ariel Lijo. El mismo magistrado que ya tiene en su órbita otra denuncia sensible vinculada a Adorni y a los polémicos préstamos VIP del Banco Nación. El dato político es brutal: quien alguna vez fue promovido por Milei para la Corte hoy aparece en la vereda opuesta, sin incentivos para ofrecer protección.
Cada novedad judicial empeora el cuadro. La declaración de Adriana Nechevenko, histórica conocida de Adorni y protagonista de llamativas operaciones inmobiliarias, no ayudó a despejar sospechas. Mucho menos el foco puesto sobre la inmobiliaria involucrada en la compra de un departamento valuado en 230 mil dólares, operación que abrió nuevas preguntas sobre el origen y la ingeniería financiera de los fondos.
La sensación dentro del Gobierno empieza a consolidarse: el problema ya no es la causa, sino la obstinación por sostener políticamente a Adorni.
Karina Milei resiste. Para ella, la defensa del vocero es una cuestión de poder interno. Pero en el resto del gabinete la lógica es otra. Nadie sale a respaldarlo con convicción. Hay fotos, gestos de ocasión y silencio digital. En política, esa ausencia de apoyo explícito suele ser el preludio del aislamiento.
Mientras tanto, Milei intenta correr el foco con una estrategia cada vez más repetida: redoblar la confrontación contra periodistas y medios. Es un recurso que ya no genera sorpresa ni cambia la agenda. Más bien confirma una dificultad creciente del Presidente para ofrecer una narrativa nueva frente al desgaste de sus principales figuras.
La otra dimensión del conflicto está en Comodoro Py, donde la pelea entre Mahiques, Viola y determinados despachos judiciales expone una disputa más profunda: quién administra la interlocución real entre la Casa Rosada y los tribunales.
Allí aparece un dato decisivo. El nuevo puente con la Corte tendría como figura de referencia a Horacio Rosatti, desplazando otros canales que el mileísmo había intentado construir. La consecuencia es una grieta distinta, ya no ideológica sino funcional: sectores de la Justicia que se alinean por supervivencia corporativa, intereses de carrera y control de vacantes clave.
En ese tablero, la AFA emerge como otro capítulo delicado. La cercanía histórica de Mahiques con figuras vinculadas al universo de Claudio Tapia y Pablo Toviggino reaviva sospechas sobre la voluntad real del Gobierno de avanzar contra un esquema que prometió investigar por presuntas maniobras de corrupción y evasión.
La salida de veedores designados para auditar esas irregularidades y la parálisis de expedientes sensibles en juzgados estratégicos refuerzan una hipótesis incómoda: el mileísmo libra una guerra discursiva contra la casta mientras convive con lógicas de protección muy parecidas a las que denunciaba.
El problema de fondo para Milei no es judicial, sino político. Cuando el Presidente no logra o no quiere ordenar la disputa entre Karina, Caputo, Mahiques y los operadores de tribunales, el poder empieza a fragmentarse en islas que compiten entre sí.
Y en esas internas salvajes, la primera víctima suele ser la autoridad presidencial.
Hoy la gran grieta del oficialismo no pasa por el kirchnerismo ni por la oposición. Pasa por adentro. Y esa es, quizá, la más peligrosa de todas.
