La pelea por la Procuración empantana al Gobierno y expone una nueva interna judicial
La disputa por el control del Ministerio de Justicia y la futura Procuración General abrió un frente de conflicto que atraviesa al oficialismo, tensiona su relación con los tribunales y amenaza con acelerar causas sensibles que rodean al círculo más cercano del Presidente.
La ofensiva del Gobierno sobre la Procuración General derivó en una guerra de poder que hoy condiciona la estrategia judicial de Javier Milei. La designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, impulsada por la Casa Rosada con la promesa implícita de proyectarlo hacia la jefatura de los fiscales, activó una pulseada feroz dentro y fuera del oficialismo.
En la cima del poder interpretan que la movida, pensada para blindar expedientes delicados, terminó abriendo un escenario más riesgoso. La principal inquietud pasa por el rol de Ariel Lijo, que no resigna su propia carrera hacia la Procuración y conserva resortes decisivos en Comodoro Py. En Balcarce 50 temen que esa disputa se traduzca en una aceleración de investigaciones incómodas, entre ellas las vinculadas al patrimonio de Manuel Adorni, las denuncias sobre la Andis y la causa por la estafa de $LIBRA.
La pelea no es sólo personal. Con más de 200 vacantes en el fuero federal en proceso de cobertura, el Ministerio de Justicia se convirtió en la pieza más codiciada del tablero. Quien controle esa estructura tendrá influencia sobre nombramientos estratégicos en juzgados y fiscalías, justo cuando el sistema acusatorio promete transferir más poder a los fiscales en causas por corrupción, lavado y narcotráfico.
En ese contexto, Sebastián Amerio quedó relegado en la carrera sucesoria tras los últimos reacomodamientos internos, mientras Santiago Viola aparece como una alternativa del oficialismo para sostener presencia propia en el área si Mahiques finalmente logra escalar.
La tensión también se proyecta sobre expedientes vinculados al fútbol y a la conducción de la AFA. Dentro del Gobierno algunos observan con atención la posibilidad de una tregua con Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de denuncias por aportes previsionales y movimientos financieros que salpican a dirigentes y empresarios cercanos. Esas causas, hoy dispersas entre distintos fueros, se transformaron en otro capítulo de la puja entre sectores judiciales enfrentados.
El trasfondo político de la batalla es igual de determinante. La Procuración requiere 45 votos en el Senado, una cifra que obliga a negociar con gobernadores y bloques opositores. Allí aparece el peso de mandatarios peronistas y, en especial, de los representantes de Santiago del Estero, que podrían inclinar la balanza en favor de uno u otro postulante.
Mientras el oficialismo intenta ordenar su frente interno, la guerra por la Procuración dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una pulseada central por poder, impunidad y supervivencia política. Lo que debía ser una jugada de control amenaza ahora con transformarse en un factor de mayor inestabilidad para la administración libertaria.
