Más grietas en la cima del poder: la interna oficial y la fractura en la Corte agravan la incertidumbre
La crisis política en la cúpula del poder argentino sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alta sensibilidad institucional. A los persistentes conflictos internos dentro del Gobierno nacional se agregó ahora una fuerte fractura en la Corte Suprema, un dato que profundiza el clima de incertidumbre y proyecta interrogantes sobre la gobernabilidad en un momento especialmente delicado.
Según reveló LA NACION, la tensión en la Casa Rosada sigue marcada por el impacto del llamado “AdorniGate”, un escándalo que no solo erosiona la imagen pública del presidente Javier Milei, sino que además dejó expuesta la feroz disputa entre los sectores alineados con Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. Fuentes citadas por el matutino describen al jefe de Gabinete Manuel Adorni como “un peso muerto” dentro del esquema libertario, aunque su continuidad seguiría sostenida por el respaldo político de Karina Milei y por la falta de consenso para definir un reemplazo. La intención oficial, siempre de acuerdo con la información publicada, sería sostenerlo al menos hasta su exposición prevista ante el Congreso el próximo 29 de abril.
Pero la novedad de mayor impacto institucional aparece en el máximo tribunal. El artículo de Claudio Jacquelin advierte sobre la ruptura entre el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La disputa se habría desencadenado por la demora en el tratamiento, dentro del Consejo de la Magistratura, de un proyecto impulsado por Rosenkrantz y respaldado por Lorenzetti para introducir mayores estándares de transparencia y objetividad en la designación de jueces y fiscales. El conflicto se vuelve todavía más sensible porque, en paralelo, debe analizarse la postulación de Emilio Rosatti, hijo del titular del tribunal, para integrar un tribunal oral federal.
Esta fractura judicial se produce en un contexto donde varias de las leyes más relevantes impulsadas por el oficialismo podrían terminar judicializadas. Entre ellas sobresalen la reforma laboral y la nueva ley de glaciares, esta última con impacto directo sobre inversiones mineras multimillonarias que el Gobierno considera estratégicas.
De acuerdo con LA NACION, el Ejecutivo confía en que la Corte no alterará el rumbo de la reforma laboral, aunque persisten dudas sobre la ley de glaciares por la histórica cercanía de Lorenzetti con posiciones ambientalistas. Solo para este año, las inversiones proyectadas rondarían los US$2.000 millones, cifra que explica la preocupación de la Casa Rosada y de las provincias mineras por cualquier posible demora judicial.
En síntesis, la nueva grieta en la Corte se suma a la ya visible disputa dentro del propio oficialismo. La combinación entre crisis política, desgaste de imagen y señales de inestabilidad institucional empieza a generar ruido en los sectores económicos que observan con cautela la evolución del escenario argentino.
