La segunda lista, la SIDE y la casa de Martínez: nuevas sombras sobre la crisis del Gobierno
La crisis política que atraviesa el Gobierno de Javier Milei sumó en las últimas horas un nuevo capítulo cargado de interrogantes, operaciones cruzadas e internas de poder. Cuando la Casa Rosada todavía intenta amortiguar el costo del escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apareció otro elemento explosivo: una segunda nómina de presunto espionaje ruso que ya circula en despachos oficiales y que, lejos de despejar dudas, amplía la zona gris del caso.
Según reveló Eduardo Paladini, además de la lista de periodistas supuestamente financiados para publicar contenidos contra la gestión libertaria, llegó al Gobierno otra relación de nombres que apunta ahora a dirigentes políticos. El dato más sugestivo es que en esa nómina aparecen figuras difíciles de encuadrar en una supuesta agenda prorrusa, como Ricardo López Murphy, lo que para distintas fuentes oficiales vuelve “más vidriosa” la hipótesis inicial. ()
La novedad no es menor porque desplaza el eje del caso: de una presunta operación mediática extranjera a una trama más amplia que podría involucrar intentos de influencia política. Sin embargo, el problema central sigue siendo la falta de consistencia institucional. La SIDE habría detectado la maniobra ya en julio del año pasado y lo comunicó al Ministerio de Seguridad, entonces bajo la órbita de Patricia Bullrich, pero nunca se avanzó con una denuncia judicial concreta. Ese vacío deja flotando la sospecha de si se trata de un hecho grave de inteligencia internacional o de una herramienta utilizada selectivamente en la pelea política doméstica. ()
En el corazón de esa trama aparece otro ganador inesperado: Santiago Caputo. En medio de su pulseada interna con Karina Milei, la difusión del caso le permitió reposicionarse a partir del rol de la SIDE, un organismo que volvió a escena con un protagonismo inusual. El reciente recambio de autoridades, con la salida de Sergio Neiffert y el desembarco de Cristian Auguadra, aportó además una señal de reorganización dentro de la inteligencia oficial.
Pero acaso el dato más llamativo del artículo de Paladini sea el que desmonta una de las versiones que más ruido venía generando: la lujosa casa de Martínez que algunos denunciantes vinculaban a Adorni no sería del funcionario, sino de Sergio Neiffert. La precisión no cierra la polémica, pero modifica sustancialmente el foco de las sospechas. La presencia de custodia oficial en la vivienda reforzó la versión de que allí residía el exjefe de la SIDE y no el actual jefe de Gabinete. ()
Este detalle es políticamente relevante porque muestra hasta qué punto la sucesión de denuncias, filtraciones y contraoperaciones está produciendo un efecto de confusión deliberada. En la práctica, la discusión pública se mueve entre datos comprobables, versiones de pasillo y operaciones de inteligencia, en un clima donde cada revelación parece abrir más incógnitas que certezas.
A ese cuadro se suma otra escena de alta tensión: la extensa reunión en la sede del Banco Nación para revisar la narrativa oficial sobre los créditos hipotecarios otorgados a dirigentes cercanos al oficialismo. El dato, también aportado por Paladini, muestra que el Gobierno enfrenta varios frentes simultáneos, todos con un denominador común: funcionarios bajo sospecha y una administración que no logra clausurar la agenda de escándalos.
Más que una serie aislada de episodios, lo que empieza a configurarse es una crisis sistémica de control político. La inteligencia reaparece como herramienta narrativa, los casos patrimoniales se acumulan y las internas entre Karina Milei, Santiago Caputo y el círculo presidencial endurecen el clima en Balcarce 50.
La segunda lista rusa, en ese contexto, parece menos una prueba concluyente que un síntoma del momento: un Gobierno atrapado entre la necesidad de defenderse, la tentación de usar la inteligencia como argumento y la imposibilidad de cerrar definitivamente las preguntas sobre sus propios funcionarios.
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