El cerco judicial sobre Tapia: la causa que pone en jaque al poder de la AFA
La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino atraviesa una de las crisis institucionales más delicadas de su historia reciente. El procesamiento del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por la presunta retención indebida de aportes e impuestos por más de $19.000 millones abrió un escenario de máxima tensión en la sede de la calle Viamonte, con derivaciones penales, económicas y políticas que amenazan con erosionar el esquema de poder construido en los últimos años.
La resolución, firmada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, imputó a ambos dirigentes por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en una maniobra que, según la acusación impulsada por la ARCA, se habría extendido entre 2024 y 2025. El magistrado además dispuso embargos por $350 millones sobre los bienes de cada uno y mantuvo la prohibición de salida del país, una medida que luego fue ratificada por la Cámara. ()
La maniobra bajo sospecha
El corazón del expediente judicial apunta a un mecanismo de retención de aportes previsionales y cargas tributarias que no habrían sido depositados dentro de los plazos legales. Para los investigadores, la AFA habría utilizado esos fondos como financiamiento transitorio propio, obteniendo rendimiento financiero antes de cancelar la deuda con el fisco.
La cifra bajo análisis supera los $19.300 millones y comprende impuestos nacionales, IVA, Ganancias y recursos de la seguridad social. La hipótesis judicial sostiene que la estructura directiva tuvo una “posición central” en la toma de decisiones, lo que explica que el procesamiento alcanzara a la cúpula de la entidad y no solo al área administrativa. ()
Fracturas en la defensa
En las últimas horas comenzó a visibilizarse un dato político y judicial sensible: Pablo Toviggino empezó a diferenciar su estrategia de la de Tapia. El tesorero apeló el procesamiento y recusó al juez Amarante, buscando despegar su responsabilidad de la línea defensiva del presidente de la AFA.
Ese movimiento fue leído en tribunales como una señal de posible fractura interna en el núcleo duro que controla la conducción del fútbol argentino, especialmente a pocas semanas de compromisos internacionales de alta exposición para la Selección. ()
Otros expedientes que inquietan en Viamonte
La causa por aportes retenidos es hoy la de mayor impacto penal, pero no la única que preocupa en la AFA. En paralelo continúan bajo análisis otros expedientes vinculados a presuntas maniobras de lavado de dinero, desvío de fondos en contratos de patrocinio y operatorias con firmas financieras bajo sospecha.
También siguen bajo la lupa judicial operaciones patrimoniales atribuidas a hombres del círculo de confianza de Tapia, entre ellas inversiones inmobiliarias, adquisición de vehículos de alta gama y posibles triangulaciones con empresas radicadas en el exterior. Parte de esas líneas investigativas todavía discuten competencia entre fueros, un aspecto que puede definir la velocidad y profundidad del avance judicial. ()
El impacto institucional
Más allá de la dimensión penal, el expediente golpea sobre la legitimidad política de la conducción. Si el procesamiento quedara firme y avanzara hacia juicio oral, el estatuto de la AFA podría abrir la puerta a pedidos de licencia, intervención institucional o incluso un adelantamiento electoral.
El trasfondo es especialmente delicado porque coincide con tensiones previas por la reelección de Tapia, cuestionamientos administrativos y disputas con sectores del Gobierno nacional por el modelo de gestión del fútbol argentino.
La paradoja es evidente: la etapa más exitosa en términos deportivos —con la Selección campeona del mundo y bicampeona continental— convive hoy con la crisis judicial más severa que enfrentó la actual dirigencia. El desafío para la Justicia será determinar si detrás de esa estructura de poder hubo solo desorden financiero o una arquitectura deliberada para retener fondos públicos y obtener beneficios indebidos. ()
