El Gobierno posterga la ampliación de la Corte y apuesta a un escenario político más favorable en 2027
El Gobierno nacional evalúa aplazar la designación de nuevos jueces de la Corte Suprema hasta después de 2027, con la expectativa de llegar a ese momento con mayor poder parlamentario y condiciones políticas más favorables para imponer sus candidatos en el máximo tribunal.
La estrategia se discute en la Casa Rosada tras el fallido intento de avanzar con nombramientos en el tribunal supremo. En el oficialismo consideran que forzar ahora un acuerdo en el Senado sería demasiado riesgoso, por lo que prefieren esperar un escenario electoral más favorable para el presidente Javier Milei.
Actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona con tres miembros: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, lo que mantiene abiertas dos vacantes en el tribunal.
La apuesta del oficialismo
En el entorno presidencial calculan que, si el oficialismo logra la reelección en 2027, podría sumar alrededor de doce nuevos senadores propios, fortaleciendo su posición en la Cámara alta.
Esa eventual mejora parlamentaria permitiría negociar con mayor margen la designación de jueces de la Corte, del Procurador General de la Nación y del Defensor General, cargos que requieren una mayoría de dos tercios del Senado.
Hoy el oficialismo cuenta con una base reducida de senadores y depende del apoyo de aliados para acercarse al número necesario. Incluso en el escenario más favorable, el oficialismo debería negociar con otros bloques para alcanzar los votos requeridos.
Un nuevo eje de decisiones en el Gobierno
Las decisiones vinculadas a la política judicial quedaron concentradas en un reducido grupo de funcionarios cercanos al Presidente. En ese núcleo aparecen, además de Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el operador político Eduardo Lule Menem; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia reconfiguró el esquema interno del área y fortaleció la influencia del sector más cercano a Karina Milei en las decisiones institucionales.
Relación con la Corte y causas sensibles
Pese a las vacantes, el Gobierno busca mantener una relación fluida con la Corte Suprema, especialmente en un contexto en el que el tribunal debe resolver causas de alto impacto político.
Entre ellas se encuentran cuestionamientos judiciales a la Ley Bases y al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dos pilares del programa de reformas impulsado por la administración libertaria.
En paralelo, el Gobierno también monitorea múltiples amparos judiciales contra decretos vinculados a áreas como el sistema previsional del fútbol, la reorganización de organismos estatales y la desregulación de sectores económicos.
Vacantes judiciales: la prioridad inmediata
Aunque la integración de la Corte quedaría congelada por ahora, el Ejecutivo planea avanzar en la cobertura de decenas de vacantes en juzgados federales y nacionales, un problema estructural del sistema judicial argentino.
Según estimaciones oficiales, cerca del 30% de los cargos judiciales permanecen vacantes, lo que genera demoras en la resolución de causas y obliga a recurrir a jueces subrogantes.
En las próximas semanas el Gobierno enviaría al Senado una lista con entre 30 y 40 candidatos a jueces para tribunales civiles, comerciales y penales ordinarios. Para estos nombramientos alcanza una mayoría simple en la Cámara alta, lo que facilita su aprobación.
Un problema estructural que atraviesa gobiernos
La demora en cubrir cargos judiciales no es exclusiva de la actual administración. En la última década, distintos gobiernos optaron por retirar pliegos o avanzar con designaciones de forma gradual.
Las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández enfrentaron dificultades similares para completar el mapa judicial.
Reformas judiciales en pausa
Mientras tanto, otras iniciativas vinculadas al sistema judicial también quedaron en suspenso. Entre ellas figura la implementación plena del nuevo Código Procesal Penal acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, que inicialmente estaba prevista para este año.
La puesta en marcha del sistema —que traslada mayor protagonismo a los fiscales en la investigación de delitos— ya funciona en varias provincias, pero en la Capital Federal enfrenta resistencias y limitaciones operativas.
En este contexto, el Gobierno parece haber optado por una estrategia gradual: avanzar en nombramientos menores y reformas administrativas mientras espera un escenario político más favorable para los cambios estructurales, incluida la integración completa de la Corte Suprema.
