Milei contra los empresarios: ¿convicción liberal o necesidad política?
Por momentos, la escena resulta paradójica: un Presidente que reivindica el libre mercado como principio rector, pero que apunta con nombre y apellido contra algunos de los empresarios más relevantes del país. En su columna del 1° de marzo, Joaquín Morales Solá expone esa contradicción y sugiere una hipótesis incómoda: en un contexto de estanflación, la culpa puede resultar más funcional si recae en el sector privado que en el Gobierno.
El caso Rocca y el gasoducto
El ejemplo más llamativo es el de Paolo Rocca. El conflicto que desató los ataques presidenciales no involucró al Estado. Se trató de una licitación privada para la provisión de casi 500 kilómetros de caños destinados al transporte de gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro.
En esa disputa participaron Rocca; la familia Bulgheroni —accionista mayoritaria en la empresa constructora del gasoducto— que optó por una firma india; y Marcelo Mindlin, que votó en minoría para darle otra oportunidad a Rocca de mejorar su oferta. Fue una decisión estrictamente empresarial.
Aun así, el Presidente convirtió el episodio en símbolo de supuestas prácticas reprochables.
Rocca respondió con datos, no con agravios: su grupo invirtió US$ 1400 millones en 2024, US$ 1600 millones en 2025 y proyecta US$ 2400 millones para 2026. Además, Tenaris exporta el 70% de la producción de su planta en Campana, un dato relevante en un país que necesita divisas.
Madanes, Méndez y la herencia del proteccionismo
El Presidente también apuntó contra Javier Madanes, dueño de Fate, y contra Roberto Méndez, CEO de Neumen.
En estos casos, la crítica se vincula con la etapa de fuerte protección económica previa, cuando los neumáticos alcanzaron precios extraordinarios en un mercado cerrado. Méndez incluso reconoció que durante el kirchnerismo se obtuvieron ganancias extraordinarias. Sin embargo, lejos de atenuar la crítica, eso reforzó la narrativa presidencial sobre empresarios “corruptos”.
La pregunta es por qué el Presidente elige confrontar con quienes, en teoría, deberían ser aliados en un modelo de apertura económica.
La economía real: consumo y empleo
Morales Solá aporta cifras que complejizan el escenario.
En los dos años de gestión, el crecimiento acumulado habría sido prácticamente cero: expansión en el primer semestre de 2025, estancamiento en el segundo. El ajuste de 2024 llevó el déficit superior al 7% del PBI heredado de Alberto Fernández y Sergio Massa a superávit fiscal, pero con un costo recesivo significativo.
Según un estudio de Guillermo Oliveto citado en la columna, el consumo cayó 14% en 2024 respecto de 2023 y en 2025 apenas repuntó 2,5%. En términos netos, se mantiene 11,5 puntos por debajo del nivel previo al shock.
Además, en dos años se perdieron 270.000 empleos, de los cuales 170.000 pertenecían al sector privado. Muchas pymes operan al 40% o 50% de su capacidad instalada. Industria, construcción y comercio —los mayores generadores de empleo— son los sectores más golpeados.
En contraste, el agro (con una de las mayores cosechas 2025/2026 de la historia), el petróleo y la minería muestran dinamismo. Esa “economía dual” explica entusiasmos y frustraciones simultáneas.
Apertura sí, pero ¿cómo?
La mayoría del empresariado, señala la nota, acepta la necesidad de integración al mundo. El Congreso aprobó tempranamente el tratado de libre comercio con la Unión Europea, una señal política relevante.
Sin embargo, el debate no es binario. Muchos empresarios plantean una “integración inteligente”: comercio exterior combinado con desarrollo productivo y empleo. Rocca mismo afirmó apoyar la apertura, pero subrayó la importancia de “la forma” y advirtió sobre la “competencia desleal”, una referencia implícita a China.
Aquí surge otra tensión: mientras Donald Trump aplica aranceles del 50% al acero y aluminio, y Europa fija cuotas y aranceles similares, Argentina avanza hacia una apertura más amplia sin una reforma impositiva estructural que equilibre la competencia.
¿Estrategia o convicción?
Según fuentes oficiales citadas por Morales Solá, nadie aconsejó al Presidente iniciar esta cruzada personal. Fue una decisión propia. Algunos funcionarios ensayan una explicación pragmática: en estanflación, con consumo deprimido y actividad débil, resulta políticamente útil desplazar responsabilidades.
La historia argentina ofrece antecedentes. Cristina Fernández de Kirchner denunciaba conspiraciones financieras ante cada salto cambiario. Néstor Kirchner responsabilizaba a las góndolas por la inflación. El señalamiento al “empresario especulador” es un recurso clásico del populismo económico.
La diferencia es que ahora quien lo utiliza se define como liberal.
Imagen y política
Un dato político no menor: pese a los problemas económicos, el Presidente conserva niveles de apoyo cercanos al 50%, según la mayoría de las encuestas. Oliveto habla de una “disociación” entre economía e imagen presidencial.
La oposición, fragmentada, incluso acompaña reformas clave. La excepción llamativa es Miguel Ángel Pichetto, quien busca rearticular al peronismo en torno a Cristina Fernández de Kirchner, hoy con prisión domiciliaria y prohibición para ejercer cargos públicos.
La contradicción central
La Argentina necesita inversión privada para salir de la estanflación. Necesita reglas previsibles, reforma impositiva y crecimiento sostenido. En ese marco, la confrontación directa con empresarios estratégicos introduce ruido donde debería haber certidumbre.
La crítica a privilegios del pasado puede ser legítima. La exigencia de competencia genuina, también. Pero convertir a los empresarios en antagonistas permanentes plantea una contradicción difícil de resolver: ¿se puede construir un modelo de mercado atacando públicamente a quienes deben invertir en él?
La respuesta no es ideológica; es práctica.
Sin inversión, no hay empleo.
Sin empleo, no hay consumo.
Y sin consumo, la recuperación seguirá siendo una promesa más que una realidad.
Identidad Correntina
