Su declaración en Comodoro Py inaugura oficialmente la campaña del gobierno K para dar vuelta el Poder Judicial y la cobertura mediática sobre corrupción.


Silvio Santamarina

Con la declaración de Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral Federal 2 por la causa “Vialidad”, arranca la contraofensiva kirchnerista para liberar a sus denominados “presos políticos”, y blindar a los que pudieran caer, de lo que la futura Vicepresidenta y sus aliadas etiquetan como “Lawfare”.

Este “plan sistemático” de guerra judicial que denuncia la expresidenta incluye, como es habitual en la mirada K, la complicidad estratégica de los “medios de comunicación hegemónicos”, tal como lo aseguró Cristina en su cuenta de Twitter, unas horas antes de la audiencia oral.

Así planteada la cuestión, queda claro que desde el minuto uno del futuro gobierno, se abrirá un frente de batalla que marcará el tono de buena parte de la gestión de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo. A decir verdad, se trata de un escenario familiar para el kirchnerismo, que tiene un nutrido historial de conflicto de poderes.

Solo como muestra, se puede recordar la pulseada del entonces vicepresidente Amado Boudou, que por el caso Ciccone terminó eyectando al histórico ministro camporista Esteban Righi de la Procuración. También fue tensa la relación con Ricardo Lorenzetti cuando presidía la Corte Suprema. Y ahora vuelve a ser relevante el antecedente cristinista de proponer la llamada “democratización” de la Justicia mediante un proyecto que suponía algún mecanismo electoral para nombrar a los magistrados.

Ahora ya se anuncian grandes reformas en Comodoro Py, que se sumarán a la sugerida disolución de la AFI, sin contar con los cambios de nombres en la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, organismos que aportaron mucha información en las causas que involucran a la expresidenta.

De este modo, se abren dos escenarios, igual de preocupantes para la Argentina en su conjunto, no para el kirchnerismo. Si la Corte Suprema y los juzgados federales con causas anti K deciden darle repentinamente la razón a Cristina y desactivan todas las investigaciones que la afectan, el mensaje pedagógico que decodificará la sociedad podría consolidar la mirada cínica respecto de la transparencia y la democracia en el país. Pero si, en cambio, la puja entre jueces y Gobierno se plantea en términos de “Lawfare” vs. populismo flojo de papeles, la estabilidad institucional volverá a temblar, como pasó en su momento con la guerra con el Campo, que le costó a Cristina el voto “no positivo” de su propio vicepresidente, y que desencadenó la guerra de los medios.

Eso sería volver a la maldición de Montesquieu, que ronda desde siempre al kirchnerismo, siempre insatisfecho con la noción liberal de la división de poderes. Resolver esa inflamable tensión requerirá de toda la pericia acumulada del profesor de Derecho Alberto Fernández.
NOTICIAS


0
0
0
s2smodern
powered by social2s
JUAN DOMINGO GONZALEZ CONCEJAL PJ

Gobierno de corrientes

Alternative flash content

Requirements

incone

lamarta

AGUSTINA MELERO MERENDERO LA HORA FELIZ

institucional

Alternative flash content

Requirements

LA MARTA pagina web