Los médicos señalan que correría riesgo de salud la niña y el bebé. Hubo un pedido de la Iglesia para que no se interrumpa el embarazo.

La provincia de Jujuy vive un momento de fuerte controversia a raíz del caso de una niña de 12 años, que fue violada por un vecino de 60, quedó embarazada, ella lo ocultó por amenazas, hasta que fuertes dolores abdominales alertaron a su familia, que la llevó al Hospital Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro.

Desde el Paterson, advirtieron que se trataba de un caso complejo y derivaron a la pequeña a la Maternidad Provincial Dr. Héctor Quintana, en San Salvador de Jujuy, que recibe los casos más delicados del interior de la provincia. Luego de examinar a la menor, se comprobó que la víctima llevaba un embarazo de 23 semanas.

Ante el diagnóstico, los padres, que aseguran haberse enterado del estado de su hija el pasado fin de semana, intentaron acelerar un aborto, mientras que las autoridades de la Maternidad decidieron en la mañana del miércoles suspender la interrupción del embarazo.

​"Se trata de un caso muy delicado y peligroso para la menor. Lo más aconsejable para la salud de la niña y el bebé es un parto inducido, pero dentro de dos semanas", señalaron desde el centro de salud. "Inducir el parto en este momento puede generarle al bebé una parálisis cerebral", puntualizó Gustavo Briones, jefe de la maternidad.

La madre de la nena se aferra a que se trata de un caso previsto en las causales de aborto no punible que establece el artículo 86 del Código Penal, y por estar la provincia de Jujuy adherida al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La mujer desconfía y habla de una dilación premeditada de parte de los médicos.

“Mi hija me contó que un día estaba jugando afuera y el vecino le pidió ayuda para meter una mesa a su casa. Ella fue y el hombre la agarró, le tapó la boca y la metió para adentro. Abusó de ella y la amenazó que iba a matarla a ella y a toda la familia si le contaba a alguien”, manifestó la mamá, en medio del dolor, a medios locales. El presunto abusado fue detenido el sábado.

Unas horas antes de conocerse la decisión del hospital había llegado un comunicado del Obispo de Jujuy, César Fernández, desde Roma, donde se encuentra por trabajos de la Comisión de Ministerios de la Confederación Episcopal Argentina: “Rogamos que el caso se resuelva de la mejor manera, sin aumentar dolor al dolor, salvando las dos vidas”. Y pide a toda la comunidad “una oración para que prevalezca la vida sobre la muerte”.

Mientras, en las puertas de la Maternidad Provincial, nutridos sectores de los grupos Pro Vida y Pro Aborto provocaron una serie de desmanes que fueron controlados por las autoridades jujeñas. "Estamos preocupadas por la vulneración de derecho de esta niña que es víctima de un delito penal, que es un abuso, y que producto de ello está embarazada", expresó una de las voceras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Jujuy. "Lejos de ser asistida y acompañada, esta niña víctima de violación se encuentra siendo revictimizada y evaluada por la moral del equipo médico que debería estar a su servicio".

Desde el Ministerio de Salud de Jujuy se está siguiendo el tema con mucha atención y sostuvieron que de acuerdo a lo que estipula la ley, la interrupción legal del embarazo puede realizarse hasta la semana 24, pero que es la Justicia quien debe determinar, por lo que se enviaron los escritos a la fiscalía interviniente.

Por su parte, según medios locales, el agente fiscal de turno, José Alfredo Blanco, subrayó que el tema no es de su competencia, que "la decisión debe tomarla la familia y los médicos, por lo que la fiscalía no intervendrá".

La conmoción en la ciudad norteña persistirá, ya que se trata de un caso testigo, al tratarse de la nena de más corta edad con el embarazo más avanzado. Por otra parte, se deslizó que la provincia de Jujuy cuenta con la mayor tasa de niñas embarazadas menor de 15 años.

¿Qué dice la ley? El aborto es legal cuando una mujer es violada o su salud o su vida corren peligro. Este derecho no se cumple en forma pareja en todo el país. De hecho la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo FAL en 2012 para ratificar este derecho que ya está en el artículo 86 del Código Penal y exhortó a todas las provincias a que adhieran al Protocolo de ILE del Ministerio de Salud de la Nación.
Otros casos

​En octubre pasado, militantes provida intentaron frenar un aborto no punible que se debía practicar una joven cuyo caso estaba contemplado dentro de las causales para una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Hospital Rivadavia. A pesar de las presiones y amenazas, el procedimiento pudo realizarse en tiempo y forma y se garantizó el derecho de la mujer. Sobre este caso, el periodista Mariano Obarrio, militante Pro Vida, había publicado en su cuenta de Twitter desde el Hospital Rivadavia que "el aborto estaba suspendido y era posible que no se realizara". No fue así.

En agosto de 2018, en la provincia de San Juan, militantes Pro Vida intentaron impedir que una menor de 14 años ingresara a la sala de cirugía. A su vez, hicieron llamados a jueces para que de cancelara la intervención, que finalmente se llevó a cabo. La menor, con deficiencia mental, y que fue víctima de una violación, llevaba un embarazo de diez semanas. Se trató del primer aborto legal que se practicó en una provincia que no adhirió al protocolo de Salud de la Nación dirigido para estos casos.

En 2012, la mamá de una nena entrerriana de 11 años, embarazada producto de un abuso sexual, retiró ante la justicia entrerriana el pedido de aborto no punible para su hija, decidiendo que continúe con el embarazo. La ONG Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Entre Ríos denunció "que la madre de la niña fue intimidada, presionada y manipulada para que retire el pedido de la interrupción del embarazo". El comunicado de la organización consideró "evidente el abuso de poder por parte del juez interviniente, también de los médicos que intervinieron con pericias médicas e informes sobre la supuesta viabilidad del embarazo en la nena".
CLARIN


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