ROSARIO.- La oscuridad reina aún en el pabellón N°5 de la cárcel de Piñero. Son las cinco de la madrugada del último sábado, 28 de septiembre, y el sol aún no despunta por el horizonte. A esa hora el frío intenso desorienta dentro del penal, que está a unos 20 kilómetros de Rosario, en el medio del campo. Nadie duerme. Se escuchan ruidos metálicos, de puertas de acero que se abren y cierran a cada momento. Algunos gritos. Puteadas en forma de quejas. Decenas de penitenciarios con la cabeza tapada con pasamontañas sacan bultos de las celdas. Los custodian una hilera de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), también con la cara cubierta, armados con escopetas antitumultos. La tensión va en aumento, algo normal en quienes conviven con este perfil de presos. Dentro de los colchones bastante percudidos, atados con frazadas, está la ropa y las pocas cosas que está permitido que los internos pueden tener en este pabellón de alto perfil. Los presos, en su mayoría sicarios del clan Ungaro, uno de los más sangrientos de Rosario, salen esposados del pabellón que están mudando. Llevan los brazos detrás de la nuca. La postura es incómoda y los condiciona para caminar. Sólo les queda hacerlo agachados, con la cabeza hacia abajo, mientras los guardiacárceles los agrupan en un patio para volver a requisarlos y después trasladarlos a otro módulo, donde quienes habitan las celdas tendrán algo en común: ser enemigos de Los Monos. “La concentración de presos de alto riesgo descomprime el resto de la cárcel”, explica Lucia Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios. Al separar a los presos por bandas, el objetivo es tener mayor control y tratar de evitar problemas entre los internos. La más numerosa es la de Los Monos, que son cerca de 250, si se cuentan los aliados. Uno de los pabellones donde están Los Monos está todo repleto de basura. Hay botellas de plástico y desperdicios tirados en el suelo.

Víctimas por homicidio en Rosario
Enero-Agosto (2014-2024)

A la mañana nadie sale de las celdas. Están castigados porque hubo peleas internas, que –según remarcan los funcionarios- no pasaron a mayores. Esto sucede de manera frecuente, la mayoría de las veces por motivos banales. El pabellón es uno de los más complicados, aunque allí no están los jefes, sino los cuadros medios, tranzas, soldaditos y aliados. Desde dentro de las celdas se escuchan algunos gritos e insultos. Es el único que está en esas condiciones. Los otros pabellones de alto perfil se encuentran bastante aseados. Esa es una de las estrategias que se diseñaron tanto en las cárceles de Santa Fe, como en las federales, sobre todo Ezeiza y Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, donde hay 90 reclusos de alto riesgo, entre ellos, los principales jefes narcos rosarinos, como Esteban Alvarado y Ariel Cantero, el líder de Los Monos, que están aislados, bajo un régimen de control extremo. Este grupo de internos federales se viste con un uniforme gris. Sólo pueden hablar por el teléfono del penal y recibir visitas de familiares directos una vez a la semana. Sus celdas son requisadas con escáneres y cámaras que monitorean hasta dentro de los inodoros. Todavía flota el recuerdo en Ezeiza, cuando Alvarado estuvo muy cerca de fugarse en un helicóptero Robinson R44 en marzo de 2023. Planeó durante meses la manera de huir de esa penitenciaría de máxima seguridad. Si no lo traicionaba el piloto era factible que el jefe narco saliera subido a los patines de la aeronave desde la cancha de fútbol del pabellón, donde esperaba ser “rescatado” con la remera de Holanda, que lo distinguía del resto. Había calculado que en 15 segundos estaría fuera del penal. Nadie podría atraparlo y se fugaría a Paraguay. En 2021 se detectó que el líder de Los Monos tenía arriba de una mesa dentro de su celda un teléfono fijo. El cable tenía varios metros para poder llamar cuando quisiera. Mostraba una postal grotesca de connivencia con los guardiacárceles. Hoy está aislado, monitoreado durante las 24 horas, puede hacer una llamada de 20 minutos una vez por semana a los números que le marca un guardiacárcel. Gente cercana a Alvarado dice que atraviesa un estado de fuerte depresión. Sobre él recae la sospecha de que planeó junto con Alejandro Núñez, otro recluso de Piñero, conocido como Chucky Monedita, los atentados narcoterroristas, como los catalogó el gobierno, de marzo pasado, cuando menores de edad salieron a matar trabajadores. Ejecutaron a dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicio. La ciudad quedó paralizada. Fue un quiebre.

Traslado
A las 5 de la mañana del último sábado, los penitenciarios mudaron de pabellón a presos de la cárcel de Piñero

El 2 de marzo el gobierno santafesino había difundido una foto que generó una intensa polémica. Eran presos que estaban sentados en el piso, en fila, con el torso desnudo. La imagen generaba reminiscencias con las condiciones que se encargó de popularizar el presidente de El Salvador Nayib Bukele en la lucha contra el dominio de las Maras. Esa foto se gestó durante una serie de requisas que se hicieron en varios pabellones de Piñero, luego de que un ómnibus que trasladaba a agentes del Servicio Penitenciario a la ciudad de Santa Fe fuera atacado a balazos desde un auto. No murió nadie de casualidad. Las requisas intensas fueron una respuesta a ese ataque. El gobierno provincial de Máximo Pullaro tomó el ataque como una reacción de los cabecillas narco a los mayores controles dentro de las cárceles. Para el gobernador santafesino “controlar las cárceles es atacar la impunidad y el delito en la calle”. Días después ocurrieron los cuatro crímenes que conmocionaron Rosario, pero desde el gobierno rechazan que el detonante haya sido esa foto. Esta semana ocho agentes fueron imputados por apremios ilegales durante esas requisas. El 18 de marzo, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) de Santa Fe había presentado denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado contra internos de la cárcel de Piñero y de Pérez. El criminólogo Enrique Font, hoy asesor en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dice que “hubo una tortura salvaje, hostigamiento a familiares de los detenidos y allanamientos muy violentos en sus casa, que fueron el disparador de los homicidios que se produjeron en marzo”.

Fuerza
Con la cabeza tapada con pasamontañas y armados con escopetas antitumultos, los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) gestionan el movimiento de los reclusos

La mayoría son jóvenes, menores de 30 años, oriundos de la periferia rosarina, donde hace más de una década penetraron las bandas narco. Son los sicarios “fungibles”, como los catalogó un fiscal, porque inmediatamente pueden ser reemplazados en un mercado de la muerte, que hasta hace pocos meses parecía insaciable. En el piso de cemento del pabellón de alto perfil de Piñero, en Santa Fe, quedó tirado un libro, que estaba leyendo uno de los presos, que por estar en ese lugar es considerado de peligrosidad. La mayoría de los que habitan ese rectángulo de hormigón mataron a cambio de dinero. El título del libro deja flotando una paradoja. Es lo contrario al negocio que tributaban los presos. Es La guita se hace laburando, del economista Manuel Sbdar. En la madrugada trajinada en el penal nadie ve ese libro abandonado, que queda tirado hasta que un guardia lo pone arriba de una mesa. La mudanza o el reagrupamiento de internos dura hasta las 15. Aunque es sábado, en la cárcel parece un día cualquiera. Allí no hay fin de semana. Las horas y los días se desdibujan con el ritmo del encierro. Una de las primeras medidas que tomó la gestión de Pullaro, cuando asumió en diciembre, fue implementar cambios de fondo en las cárceles, porque el diagnóstico generalizado era que se habían transformado en “oficinas del crimen”. Así las llamaba el intendente de Rosario, Pablo Javkin. A la par, a nivel federal, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich creó un régimen de “alto riesgo”, focalizado en los penales de Ezeiza y Marcos Paz. La mayoría de los asesinatos, como la logística de la venta de drogas y las extorsiones, se gestaban en los pabellones de la Unidad Penal N°11. Los celulares que ingresaban a las cárceles habían logrado romper el aislamiento, que es la esencia del castigo que impone una condena, e incrementar, con la protección del Estado dentro de las penitenciarías, los negocios mafiosos. Lo mismo ocurría en los penales federales, como Marcos Paz y Ezeiza, donde se encuentran alojados los jefes de los principales grupos criminales de Rosario, como Cantero, líder de Los Monos, Alvarado, René Ungaro, Alan Funes y Claudio Mansilla, entre otros.

Controles
Los mayores controles sobre los presos de alto perfil funcionaron para controlar la ola de violencia que conmocionó Rosario

Una de las claves del descenso de la violencia en Rosario, donde hasta agosto pasado se produjeron 66 asesinatos, 124 menos que el año pasado, cuando se registraron 190, fueron los mayores controles y restricciones en las cárceles de Santa Fe y en las federales, según coinciden en el ministerio de Seguridad de la Nación y en el gobierno santafesino. “La relación es causal. Al controlar a las bandas dentro de las cárceles y al tener presencia territorial con la policía y las fuerzas federales se consiguió bajar la violencia”, señala Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación. Hay otros interlocutores que señalan que la baja de la violencia tiene que ver con un supuesto pacto con estas bandas. “Si uno ve que las condiciones de detención son mucho más duras y restrictivas que antes ese argumento no tiene asidero”, exponen fuentes del gobierno. Fuera del perímetro de la cárcel, los sicarios volvieron al ruedo. El martes a la madrugada asesinaron a Samuel Medina, yerno del líder de Los Monos. Lo mataron de 16 disparos a quemarropa en la zona norte de Rosario. El 26 de mayo de 2013 el crimen de Claudio Cantero, alias Pájaro, encendió la mecha de la llamada guerra narco en Rosario. El combustible de la muerte sigue intacto, porque los protagonistas no cambiaron. El peligro es que con el crimen, como ocurrió hace una década, todo vuelva a crujir. En Santa Fe, Masneri sostuvo que en el penal de Piñero se reagrupó a los presos más peligrosos, catalogados de alto perfil, para poder establecer una vigilancia más efectiva. Existían hace un tiempo este tipo de reductos para un perfil de reclusos más peligrosos, pero, aclaran las autoridades actuales, los controles eran laxos. Hoy hay varios niveles dentro de esta categoría. En el nivel 1 están los líderes que quedan en esta cárcel provincial, como Máximo Cantero, fundador de Los Monos, su hijastro Ramón Machuca y Chucky Monedita, entre otros. En este sector, cada vez que salen del pabellón deben vestir un uniforme naranja. Monchi Cantero, de Los Monos, fue el único que se negó a ponerse el mameluco. Debía usarlo para concurrir a la enfermería. El hermano de Guille Cantero decidió suspender la visita al médico. “Se curó rápido”, señala de manera irónica un guardiacárcel. El resto tuvo que amoldarse a las nuevas reglas. Los trajes están doblados y puestos en fila en el acceso al pabellón. El último en ingresar a este régimen fue Alejandro "Rengo" Ficcadenti, jefe de la barra brava de Newell’s, quien planeó las amenazas contra el jugador Ángel Di María. Con un cadete, le mandó una caja que contenía la cabeza de un cerdo con un disparo en la cabeza a la empresa de la hermana del futbolista. El objetivo era evitar que regresara a Rosario Central. Lo logró. “Todo el tiempo pedimos la detención de personas que están presas”, argumentó hace poco más de un año una fiscal, que buscaba resumir, con indignación, que su trabajo perdía sentido. La cárcel se había transformado en un espacio para seguir delinquiendo. Ya no servía para alejar a los criminales de las calles, sino todo lo contrario: era una “oficina” donde se gerenciaba la violencia extrema que golpeaba a Rosario. En 2022 se produjo el récord de asesinatos en la ciudad: 288 homicidios en un año, más de cuatro veces la media nacional.

Solución
“La concentración de presos de alto riesgo descomprime el resto de la cárcel”, explica Lucia Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios

Los minipabellones donde están los presos de máxima seguridad son pequeños. Son seis celdas, que tienen una pequeña cocina en común y un patio de unos seis metros por cuatro, donde cuelgan la ropa que lavan. El teléfono que pueden usar está fuera del pabellón. El nuevo protocolo establece que deben pasarle el número del familiar directo con el que quieren comunicarse y el guardiacárcel tiene que confirmar si pertenece a esa persona. Lo que detectaron en varias causas es que combinan con los familiares que los visitan una triangulación de llamadas. Es decir, el preso se comunica, por ejemplo, con su pareja, que con otro teléfono establece la comunicación con otra persona. Acerca los dos aparatos y el recluso puede hablar, por ejemplo, con un miembro de su banda. En este plano es vital la inteligencia interna y las intervenciones telefónicas que ordena la justicia, Muchas veces el destinatario de la llamada está siendo investigado. Por día las cárceles de Santa Fe suman un promedio de cinco presos a su población. Si se hace la proyección anual, son 1825 presos que se suman a los 10.367 que hay actualmente. Si no hay una inversión casi permanente para ampliar la capacidad de las cárceles, o construir nuevas, el sistema colapsa. Por eso, la Unidad Penal N°11 de Piñero se transformará en una especie de ciudad. Actualmente, en esa cárcel hay 2695 internos. La creación Centro Reclusorio para Internos de Alto Perfil (CeRiap) incluirá la construcción de cuatro minipenales de 288 celdas, con 12 pabellones de 24 celdas, para alojar a 1.152 reclusos, en total. El costo será de 107.000 millones de pesos y se terminará en 2026. “Esta cárcel será la más segura del país”, considera Masneri. Para fin de año está previsto que se inaugure la cárcel federal en Coronda, que tendrá capacidad para unos 500 internos. Este penal se empezó a construir hace 16 años y nunca logró terminarse. Santa Fe, una de las provincias más castigadas por el crimen organizado, no posee un penal federal. Los presos que cargan con condenas por narcotráfico, por ejemplo, están detenidos en penitenciarías provinciales.

Fuente: La Nacion