Hugo Alconada Mon

Una auditoría en ciernes sobre cómo se gestionó el Fondo Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) por más de 105.000 millones de pesos expuso la asignación discrecional de partidas, la concentración de contratos y beneficios en unas pocas empresas y consultoras, y el despilfarro de fondos públicos durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández. ¿Un ejemplo? El costo de conectar abonados a Internet en barrios populares fue hasta 5,5 veces más alto para el Estado nacional que el valor promedio que fijan las prestadoras privadas de telecomunicaciones por el mismo servicio.

El costo promedio por cada uno de los 275.000 abonados que el Estado sí logró conectar en barrios populares de todo el país entre 2015 y 2023 ascendió a 941 dólares –ya fuera un hogar o un acceso–, frente a los 170 dólares que se estima que es el costo promedio de las prestadoras privadas, según consta en una copia preliminar de esa auditoría de 70 carillas a la que accedió LA NACION.

El hallazgo de ese y otros sobrecostos encendió las alarmas entre los responsables actuales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que como autoridad de aplicación del fondo fiduciario deberá definir los pasos a seguir. Entre ellos, la eventual radicación de denuncias penales por presunta defraudación al Estado por parte de exfuncionarios.

“Conectar barrios populares es lógicamente más caro que conectar otros barrios por sus propias características, pero no es, ni puede ser, tan caro. Los costos declarados fueron enormes”, indicó una voz oficial que requirió reserva de su nombre ante la consulta de LA NACION. “Con estos costos, sería preferible subsidiar la demanda, más que la oferta, que le cuesta al Estado nacional casi 800 dólares más por abonado que al sector privado”, indicó.

“Fijar el costo o sobrecosto comparando con el sector privado es una estupidez”, replicó el titular del Enacom durante la presidencia de Alberto Fernández, Claudio Ambrosini. “Telecom o cualquier otra empresa privada jamás te iba a tirar un cable en un barrio popular porque sólo las cooperativas de las propias villas están en condiciones de entrar. Te puede gustar o no, pero esa es la realidad. Y si los privados no van [a los barrios populares], el Estado debe estar presente”, afirmó.

Claudio Ambrosini, extitular del Enacom

Ambrosini remarcó, además, que tampoco es válido tomar los costos privados como parámetro general. “No es lo mismo el costo por abonado en Puerto Madero, donde con los edificios tenés muchas más densidad de conexión por kilómetro cuadrado, que en Chajarí, por ejemplo, donde son menos y para llegar son kilómetros y kilómetros de bajísima densidad. ¡Vamos!”.

Solventado con el 1% de los ingresos que devengan los prestadores privados de servicios de telecomunicaciones, el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) busca bonificar el servicio de banda ancha en escuelas públicas, llevar o mejorar la provisión de Internet en barrios populares y localidades con menos de 30.000 habitantes, y llevar el tendido de fibra óptica a zonas de baja densidad de todo el país.

La concreción de esos objetivos terminó bajo sospecha, sin embargo, por el posible reparto discrecional de fondos a provincias, municipios, empresas prestadoras y consultoras cercanas a los políticos de turno, según trasluce la auditoría. ¿Un ejemplo? Apenas tres consultores concentraron la tramitación del 59% de las partidas que se adjudicaron a proyectos de conectividad en barrios populares.

Claudio Ambrosini, junto a los directores del Enacom durante el gobierno de Alberto Fernández Gustavo López, Gonzalo Quilodrán y Miguel Ángel Giubergia (UCR)

LA NACION procuró contactar por teléfono y correo electrónico a Fernando Piermartini –socio en Netsharing SA y Fiber UP SA–, quien gestionó la adjudicación de contratos por al menos $6286 millones, como también a Juan Manuel Galli –estudio MAG Abogados y antes funcionario de los ministerios de Comunicaciones y de Defensa durante toda la gestión Macri–, que tramitó expedientes por $4456 millones. Al cierre de esta edición, ambos no habían respondido las consultas y, en el caso de Piermartini, desactivó su página original de LinkedIn.

“Para algunos fue una fiesta, no lo dude, pero no fue mi caso. Llevo muchos años en este rubro y los barrios a los que me aboqué, como en La Matanza y la provincia de Misiones, sí se han conectado. De hecho, vengo ahora de Misiones”, precisó la ingeniera Marina Rosso Siverino, socia gerente de Titicom SRL, la consultora que tramitó adjudicaciones del FFSU en barrios populares por $4478 millones. “Usted no deber mirar a los consultores, sino a los beneficiarios de contratos”, sugirió.

En ese sentido, según la auditoría, las diez empresas con mayor participación en las adjudicaciones fueron Ansaii SA ($1161 millones), Argencraft SRL ($944 millones), Mora Cero SA ($930 millones), Green Import SRL ($699 millones), Arlink SA ($693 millones), AKAI SA ($673 millones), Supercanal SA ($599 millones), Prolux Comser SA ($599 millones), LSI SRL ($578 millones) y Celcarga SA ($560 millones), según la auditoría.

En 2016, el Enacom era presidido por el exvocero de Mauricio Macri Miguel De Godoy e integrado por los directores Silvana Giudici (quien luego lo presidió), Heber Martinez, Alejandro Pereyra; el Gerente Ejecutivo, Agustín Garzón, el Gerente Técnico, Mario Frigerio; y los miembros nombrados por la segunda y tercera minoría parlamentarias, Miguel Ángel Giubergia (Unión Cívica Radical) y Claudio Ambrosini (Frente Renovador).Enacom

Por su parte, Ambrosini convalidó cierta discrecionalidad política a la hora de impulsar la conectividad. “La política es un poco así. Nosotros quisimos apoyar más a ciertos intendentes peronistas, como la gestión de Macri le dio una mano a las provincias de Jujuy y Corrientes, y a los peronistas les dieron poco, pero es así”, contemporizó. “Al mismo tiempo, el primer ANR [por Aporte No Reembolsable] de mi gestión fue a la provincia de Neuquén, donde gobernaba alguien que no era nuestro”.

El reporte detalla, en tanto, que un proveedor acaparó el 25% de la provisión de fibra óptica en barrios populares durante los ocho años bajo la lupa (Industrias KC/Latino TCA, con $6624 millones), seguido por STA Soluciones Tecnológicas Avanzadas (8,3%, con $2147 millones) y Uriel SRL (8,1%, con $2106 millones), aunque estas dos últimas firmas figuran también entre los tres mayores proveedores de mano de obra junto a Alpha Ingeniería SRL ($3247 millones).

En febrero, el Gobierno dio a conocer lo que presentó como millonarias irregularidades en el Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana (FISU), por las cuales apuntó repetidamente contra el dirigente social Juan Grabois, jefe político de Fernanda Miño, la funcionaria que administró el fondo durante el gobierno de Alberto Fernández. Con el tiempo, en la administración libertaria se impuso la opinión de Sebastián Pareja, el dirigente libertario que administra hoy el FISU, quien desde un principio había señalado como “un ejemplo” el trabajo de Miño.

Contraprestaciones que faltan

La auditoría también expuso lagunas en una larga lista de expedientes administrativos que evidencian una práctica recurrente. El Estado nacional pagó por bienes o servicios de los que no hay constancias de entrega o prestación. ¿Un ejemplo? La Universidad Pedagógica Nacional debió recibir 2500 tablets y dinero para otorgar hasta 2500 becas, y dar una capacitación. Pero “no existen elementos en el expediente que acrediten la realización efectiva de la capacitación”, alertaron los auditores, que también consignaron que “restan asignar los fondos para 1493 becas” y “no existen constancias de afectación de las 2500 tablets”.

¿Otro ejemplo? Un proyecto de 2017 para poner en funcionamiento 550 nodos de distribución de la Red Federal de Fibra Óptica. Pero siete años después, y aunque el 30 de noviembre de 2020 se pagó hasta el último centavo del último desembolso del programa, “del análisis del expediente y la documental incorporada surge que aún falta instalar 50 nodos”.

En otros casos, los investigadores sospechan de algunas empresas que propusieron proyectos de conectividad donde ya habrían desplegado fibra óptica. ¿El motivo? Recuperar lo que ya habían invertido pasándoselo como nuevo al Estado nacional. ¿Un último ejemplo? Hay evidencias de entrega de tablets para fines educativos a establecimientos donde no había internet. “Los alumnos las usaban para poco más que jugar al tetris”, afirmó otra voz oficial.

Para Ambrosini, las conclusiones de la auditoría son inexactas o injustas. “Fui director por la oposición en el Enacom entre 2015 y 2019, y lo presidí entre 2019 y 2023, y jamás tuve un solo problema. Sigo viviendo en la misma casa de siempre, y nosotros cuando asumimos continuamos o expandimos muchas de las políticas públicas que habían comenzado durante la gestión de Macri, como la entrega de tablets, y cuando nosotros decidimos impulsar el programa de Barrios Populares, algunos directores del Enacom por la oposición también lo apoyaron”.

Más allá de los ejemplos puntuales, en tanto, la auditoría también reflejó la ausencia “de un plan estratégico que detecte las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado Nacional”. En otras palabras, campo fértil para la discrecionalidad con fines políticos y electorales. Pero también para la corrupción: “No se observaron pautas ni procesos de seguimiento a fin de dar cumplimiento en término a las obligaciones emanadas de los convenios suscriptos”.

Completado el relevamiento de 414 expedientes administrativos con partidas por un total de $20.294 millones –sujetos a actualización por inflación–, surge que 257 de ellos se encuentran vencidos, 131 en proceso de ejecución y 26 que todavía no llegaron a firmarse. Ante esa situación, los auditores sugirieron ordenar una batería de requerimientos de información e intimaciones, y tomar decisiones drásticas; entre ellas, la revisión de los pagos pendientes o la eventual rescisión inmediata de numerosos convenios.

En otros casos, sin embargo, los auditores oscilan entre la sorpresa y el estupor. Por ejemplo, por gastos en restaurantes de lujo a costa del Estado. O por los datos que surgen del auto oficial que, al parecer, habría sido el que usó Ambrosini. Acumularía multas de tránsito y estacionamiento por varios millones de pesos. “El auto jamás lo manejé yo, ni estaba autorizado para hacerlo”, aclaró Ambrosini. “Siempre lo manejaron choferes oficiales, que decidieron por dónde moverse; si lo hicieron por carriles especiales, como el metrobús, fue por alguna urgencia, y jamás presté atención a eso”.

Hugo Alconada Mon

LA NACION