Domingo 27 de Noviembre de 2022
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Pensando la Reforma del Estado

Según todos los pronósticos el año próximo el “Frente de Todos” perderá las elecciones y habrá un recambio de gobierno por “Cambiemos”, esto nos permite pensar en una imperiosa reforma del Estado, eliminación de regulaciones y achicamiento del Poder Ejecutivo

Gonzalo Cané

Por

Gonzalo Cané

Ex Secretario de Cooperación con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2018

La innecesaria creación de Ministerios de las últimas administraciones, seguramente para cumplir con los compromisos políticos que demanda una alianza o un frente, ya no puede ser afrontada por un país exhausto y empobrecido, que soporta una de las mayores presiones tributarias del mundo que nunca vuelve a sus contribuyentes.

Claramente Argentina no es Alemania ni un país nórdico y si nos detenemos en la inflación mensual y anual que padecemos tampoco somos latinoamericanos, nos hemos mudado al mundo africano.

La importancia de los “cargos políticos” ha sido degradada y proliferan Subsecretarias de Estado y Direcciones Nacionales y Generales de funciones incomprobables y misiones ridículas, pero con grandilocuentes nombres, siempre políticamente correctos. Ni pensar en las Coordinaciones reservadas a militantes de base, necesarios para los políticos profesionales, pero de dudosa eficacia para los administrados y contribuyentes.

La verdadera reducción estatal deberá comenzar con un fuerte shock de desregulación en infinidad de áreas y con una sensible disminución de los Ministerios existentes y concentración de funciones de Secretarías, Subsecretarías y Direcciones.

Debe gravarse a fuego en la cabeza de los argentinos que las regulaciones económicas y administrativas son directamente proporcionales a los niveles de corrupción del Estado. Mayores regulaciones, mayor corrupción.

Tomemos por ejemplo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta cartera debería fusionarse con Educación y dar lugar nuevamente a un Ministerio de Educación y Justicia, como lo fue durante muchos años, con tres Secretarías altamente especializadas, una de Justicia, otra de Educación y la tercera de Derechos Humanos.

El Servicio Penitenciario Federal, que representa más de la mitad del presupuesto de la cartera de Justicia, debería ser traspasado a la órbita del Ministerio de Seguridad por diversas razones; afinidad con las fuerzas de seguridad, complementariedad en las tareas de análisis de inteligencia criminal, que es una herramienta esencial para un país que está ahogado por el narcotráfico y que en los últimos tres años ha perdido una de sus principales ciudades –Rosario- que había logrado mostrar índices razonables de lucha contra el narcotráfico durante la anterior administración.

Nota aparte merece la política carcelaria que demanda una reforma impostergable para cumplir con la Constitución Nacional y los derechos humanos. Hay que desdoblar las cárceles, crear institutos que atiendan a la gravedad de los delitos y no mezclar condenados, hay que terminar con la “universidad carcelaria del delito”.

Por otro lado, después de la Reforma Constitucional de 1994, con la creación del Consejo de la Magistratura, la independencia del Ministerio Público como un cuarto poder independiente, el traspaso paulatino de los fueros nacionales a la órbita de CABA -algo de debe concretarse definitivamente a la brevedad- y la necesaria reafirmación y demostración política desde el PEN de la independencia del Poder Judicial, conducen a ese camino como el más razonable.

El futuro gobierno, mediante el dictado de la norma que corresponda, deberá hacer efectiva la independencia económica del Poder Judicial con una verdadera autarquía que lo libere del deber de estar pidiendo permanentemente autorizaciones a la Jefatura de Gabinete de Ministros para disponer de sus partidas. Sólo sé es independiente si se tiene libre disposición de su presupuesto.

Raúl Alfonsín, que es el padre de la democracia moderna gobernó con 8 Ministerios y 6 Secretarias dependientes de la presidencia de la Nación, Carlos Menem que instrumentó la mayor y más importante reforma del Estado Argentino de la última mitad del siglo pasado a la fecha, gobernó, después, de la reforma constitucional de 1994, con 9 Ministerios y 9 Secretarias dependientes de la presidencia de la Nación y el efímero gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa elevó a 12 los Ministerios y redujo a 7 las Secretarias.

Durante el periodo kirchnerista, Néstor Kirchner redujo a 10 los Ministerios y mantuvo 7 Secretarías mientras que Cristina Elizabeth Fernández elevó a 16 los Ministerios y redujo a 5 las Secretarías.

Por su lado, Mauricio Macri aumentó a 21 y luego los redujo a 11 los Ministerios y 3 Secretarías. Alberto Fernández administra 21 Ministerios y 4 Secretarías.

Debe considerarse que la estructura de las Jefaturas de Gabinete desde 1994 también engrosan la grilla de funcionarios a nivel de Secretarios de Estado y Secretarios equiparados a Ministros.

En resumen, no se justifica de manera alguna una administración pública del tamaño de la actual en un país empobrecido como el nuestro. Los procesos de desregulación y reducción del Estado combaten eficientemente la corrupción estructural del Estado, por eso son generalmente tan resistidos, porque eliminan las cajas a las que aspiran los partidos políticos.

En este esquema, el argumento fundado en la “gestión eficiente” es un falso paradigma que sólo sirve para engañar al elector y, obviamente, no significa que se combata la corrupción, ni libera a las fuerzas creadoras del hombre y del mercado de regulaciones indebidas.

Siempre es beneficiosa una gestión eficiente, pero la gestión por la gestión misma sin vocación de libertad no es un programa de gobierno y significa, en el mejor de los casos, ser más eficientes en el error, máxime si no se modifica el status quo actual. Lo que importa es la ideología y el programa de gobierno detrás de la gestión, la vocación de libertad para que el hombre y el mercado desarrollen la economía y las instituciones.

Cada regulación indebida genera un nicho de corrupción o, al menos, su posibilidad y se erige como un obstáculo casi insalvable a un emprendimiento privado, básicamente representa la lucha del Estado contra la iniciativa privada, el estancamiento contra el progreso.

Siempre debemos recordar que las regulaciones indebidas o excesivas y su consecuente corrupción las pagan los sectores más pobres, débiles y necesitados de nuestra sociedad, ellos son las verdaderas víctimas del sistema que debe modificarse y lo que debemos exigir a la futura administración, si pretende ser un gobierno para todos, es que nos libere de esas cargas.

*Gonzalo Cané, ex Secretario de Cooperación con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2018.

 

Fuente: Infobae

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