Domingo 27 de Noviembre de 2022
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Cristina pegó su atentado con Vialidad y a los copitos se les pegan los servicios

Del teléfono mudo a los habladores y una nebulosa de abogados de relación con la AFI.

Ricardo Roa

Ricardo Roa

Del editor

 

No es que Cristina Kirchner se haya cansado de su propio discurso. Pasa que tuvo que reducirlo para ajustarlo al reloj de los cánones judiciales: usó parte del tiempo que correspondía a su abogado Beraldi. Y hay que agradecérselo a Beraldi de corazón: le dejó a la vice apenas hora y media para otro insufrible y rebuscado sermón. Eso fue el viernes. Este sábado ella no pudo con su genio y subió 12 capítulos, 31 videos.

¿Algo nuevo? Nada, salvo más que insinuar que el atentado que sufrió hace tres semanas está vinculado al juicio Vialidad, sus fiscales y sus jueces. Y que, en y detrás de la banda de los copitos hay una confabulación orquestada por los autores de siempre. Si falló fue por una mano divina, cercana a la Historia que ya la sobreseyó.

Dijo que se siente “indefensa” porque jueces y fiscales dieron “una licencia social” para atacarla y que existe “un autor intelectual” del ataque. Eso es precisamente lo que trata de descubrir la investigación. En el listado oficial de sospechosos, detrás de Sabag Montiel y novia o de Brenda Uliarte y novio, están la oposición, los medios por su prédica del odio y la Justicia. La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo no deberían buscar más: son colegas suyos, magistrados y colegas míos, periodistas, los que cargaron la pistola con la que gatilló Sabag. Es el brazo armado del lawfare. 

Les faltó incluir explícitamente a la derecha, que está implícita. Esa inclusión sería lo único no raro, porque es de cajón. Que en los últimos, largos tiempos algo de nuestra política no tenga rarezas sería lo realmente raro. No hace falta decir que la debilidad de Cristina y del kirchnerismo son las teorías conspirativas. No les interesa la verdad sino el relato. En este caso escarban en las relaciones de los abogados de dos de los cuatro copitos detenidos (Sabag y novia tienen defensores oficiales) y en mensajes que ellos se mandaban por WhatsApp.

Dos menciones rápidas: más, menos, todos esos abogados se relacionan con los servicios de inteligencia. Lo contamos más adelante. La otra: ¿Cómo pueden armar ya una teoría con chats de los que sólo se conoce una mínima parte? Es ciencia ficción. Recién esta semana podrían abrir el celular de Sabag, bloqueado por la propia policía y el de Agustina Díaz, otra de las detenidas.

El gobierno inventa teorías pero lo que menos cierra y en lugar de cerrar, abre interrogantes es la actuación de la policía del gobierno. Repasemos aunque sea aburrido: sacaron las cámaras del edificio de Cristina y un juez militante corrió de allí a los agentes de la Ciudad. La hija del juez, de 24 años, por segunda vez es delegada de la AFI en un país latinoamericano.

​La custodia, manejada por Cristina, ni se enteró de que ella tuvo una pistola a centímetros de la cara y a Sabag lo detuvo un activista. El arma llegó sin huellas al juzgado y algunos creen que hasta pudo haber sido otra y no ésa. El teléfono fue inutilizado por un técnico policial no de Tecnología sino de Investigaciones, área del comisario Ñamandú, íntimo de Aníbal Fernández. El jefe de la fuerza estaba de vacaciones y no volvió enseguida. Tampoco se comunicó con la jueza, que ordenó intervenir el celular de Uliarte. Quería saber con quién hablaba. La policía no lo hizo “por culpa de un malentendido”.

La Vicepresidenta lo dijo durante su alegato final de defensa en la causa Vialidad.

Acá no ha pasado nada, busquemos en otro lado. Por ejemplo: los abogados de los copitos, un grupo de marginales que no tienen donde caerse muertos. Está claro que no se han criado en el lado bueno de la sociedad. Carrizo tiene un hermano discapacitado por la droga y dos hijos, a los 27 años. Vecinos le regalaron la garrafa para trabajar y ahora, preso, a la madre le pagaron el remís para ir a visitarlo. Se entregó con el celular. ¿Es jefe de los complotados y da a la justicia toda la información?

Su abogado es Gastón Marano, un ex empleado del consulado de Estados Unidos al que el kirchnerismo apunta porque asesoraba (ya no: fue echado) a un senador opositor en la comisión del Congreso que sigue los servicios de informaciones. Tan cierto como que fue un abogado que trabaja para el gobierno en la causa del avión iraní quien acercó a Marano con Carrizo. Marano fue empleado y columnista de CN23 y Tiempo Argentino, ambos de Sergio Szpolszki, cuyos medios fueron los que más pauta publicitaria y fondos reservados de la ex SIDE recibieron durante el gobierno de Cristina.

Marano puso dos abogados como colaboradores. Uno, mediático: Fernando Sicilia, defensor de espías, también del futbolista Toto Salvio y trabaja con los estudios de Fernando Burlando y Cúneo Libarona. Renunció rápido. La otra; Brenda Salva, ex periodista que ayudaba en temas de discapacidad a una legisladora de Cambiemos por San Luis, que, asustada, la echó.

Mucho más conocido es Franco Bindi, abogado del periodista de Crónica TV Tomás Méndez, quien hizo notas raras a Sabag y a Uliarte y se autodenunció. Bindi pasó por muchos lados y está en muchos lados. Por ejemplo: maneja estaciones de servicio de la venezolana PDVSA y es asesor del diputado ultra cristinista Leopoldo Moreau en la Comisión de Inteligencia. Es periférico de la AFI y de a ratos bien cerca del ex jefe kirchnerista de los espías, Fernando Pocino, aunque eso no le impidió trabajar para la macrista Silvia Majdalani. Después, y en contra de ella, participó en la causa de las escuchas en penales de Ezeiza y la operación Puf Puf, que el kirchnerismo armó contra el fiscal Stornelli. Con tanta rarezas no es raro que haya tanta gente descreída.

 

Fuente: Clarin

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