Domingo 27 de Noviembre de 2022
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Ampliar la Corte en busca de impunidad

Una vez más, la agenda de la coalición gobernante se divorcia de las reales preocupaciones ciudadanas, al tiempo que se manosean las instituciones

El 9 de diciembre de 2021 señalamos desde estas páginas que el reemplazo de la vacante que se había producido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación era una oportunidad que debía aprovecharse para promover una designación responsable que recayera en una candidata ejemplar, y no para la picardía de designar jueces afines al gobierno de turno. Precisamente esto último es lo que el oficialismo demostró que tiene como único objetivo al impulsar, y lograr, la aprobación en la Cámara de Senadores de un proyecto de ley para aumentar el número de jueces del tribunal. De manera algo incoherente con la exigencia de las mayorías agravadas que las normas exigen para otras decisiones, esta puede aprobarse con las mayorías que se requieren para cualquier ley.

Los senadores que responden a la vicepresidenta alegaron razones insustanciales e infundadas de que la Corte puede ser “otra” por el mero hecho de agregarle jueces

La manera obsesiva en que los legisladores oficialistas se han ocupado de un asunto absolutamente ausente de las preocupaciones de los ciudadanos autoriza a sospechar lo evidente: se trata de un manotazo tendiente a influir sobre el tribunal que probablemente termine resolviendo la suerte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de varios de sus colaboradores en las causas en que son investigados por hechos de corrupción. Una vez más, la agenda de los políticos se muestra divorciada de la de sus representados.

En las intervenciones con que pretendieron defender la iniciativa, los senadores que responden a la vicepresidenta alegaron razones insustanciales e infundadas de que la Corte Suprema puede ser “otra” por el mero hecho de agregarle jueces.

No hace falta ser un experto en la gestión para saber que ninguna organización se vuelve más eficiente por sumarle más gente si no se revisan sus procesos de trabajo, porque de lo contrario solo habrá más volumen de cosas mal hechas.

La seguridad jurídica es un requisito imprescindible para poder contar con inversiones genuinas que permitan generar el crecimiento que tanto necesitamos

En un tribunal colegiado donde cada juez debe revisar lo que opinan los demás solo aumentarán los atascos. No son menos disparatados otros motivos que destacan los legisladores, como el equilibrio entre hombres y mujeres (precisamente, la vacante que hay para cubrir fue dejada por una mujer, y hasta 2014 la Corte Suprema tuvo dos juezas) y la inconcebible “representación de las provincias”, una función que la Constitución nacional no le asigna al máximo tribunal, al que el oficialismo pretende convertir descaradamente en un órgano político más. Los jueces no “representan” a nadie, sino que aplican la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia.

La iniciativa en debate en el Congreso es desesperada y grotesca, pero también el síntoma de un problema muy grave. La ciudadanía debe tomar conciencia de que la decisión no pasa por definir tal o cual número de jueces que tienen a su cargo resolver sobre la libertad, la propiedad y el honor de todos los argentinos (no solamente de Cristina Kirchner), sino por la responsabilidad con que actúen los que designan a esos individuos concretos.

Paradójicamente, en momentos en que nuestro país procura dar señales de confianza a los inversores y organismos de financiamiento internacionales de que habrá de cumplir con sus compromisos, se persigue sancionar una ley que ciertamente pondrá en jaque la independencia de la máxima instancia del sistema judicial argentino, cuya función es justamente la de dar previsibilidad y garantías de que las normas y los acuerdos serán cumplidos. La seguridad jurídica es un requisito imprescindible para poder contar con inversiones genuinas que permitan generar el crecimiento que tanto necesitamos.

De tal manera, se trata de una decisión, de las más cruciales, de la que dependerá que la Argentina sea o no un país donde las reglas se ubiquen por encima de los intereses de cualquier facción y donde no sea manoseada la Constitución. Los dirigentes no son tan ignorantes, y por eso su responsabilidad es mayor: saben que muchos de los reales problemas que hoy tienen los argentinos, incluidas la inseguridad, la falta de empleo de calidad por insuficiente inversión y el éxodo de jóvenes calificados, dependen en buena medida de que el país parece dispuesto a seguir viviendo, para usar la expresión del recordado jurista Carlos Nino, “al margen de la ley”.

LA NACION

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